Jubilados, los ajustados de siempre

La mínima es la única aumentó más de lo que preveía la movilidad derogada. El 75% de los pasivos cobrará un incremento menor al de la ley que dejó de aplicarse. Se cumple, sí, el anuncio oficialista de achatar la pirámide.

Por Gabriela Origlia

Los números los hizo una consultora cercana al Gobierno, Centro de Economía Política Argentina (CEPA), estimó que el Gobierno de Alberto Fernández se ahorrará más de $5.000 millones en el pago de jubilaciones luego de haber anunciado un incremento del 2.3% más $1.500 fijo. Si se hubiese aplicado la movilidad instaurada durante el macrismo y derogada por esta administración el dinero necesario era $168.392.916.442; con el nuevo esquema son $5.485.718.473 menos.

El oficialismo justifica el ajuste planteando que prioriza a los más vulnerables. ¿No lo son los jubilados que ganan $21.000? ¿Pueden ellos recibir menos porque están cómodos y tienen espaldas para la “solidaridad”? ¿Los que aportaron toda su vida laboral acorde a lo que pensaban cobrar son “privilegiados”? Es legítimo querer contar la historia desde el punto de vista interesado, no lo es creer que todo el resto no percibe que no hubo un aumento sino un ajuste.

Es verdad que la mínima aumentó más de lo que preveía la movilidad derogada, pero en absoluto alcanza al 86,9% que dice el Gobierno que incluye en el cálculo a las Asignaciones Universales por Hijo. Con el esquema aplicado el 75% de los pasivos cobrará un incremento menor al de la ley que dejó de aplicarse. Se cumple, sí, el anuncio oficialista de achatar la pirámide.



Como se preveía, las demandas judiciales ingresarán porque la medida rompe los criterios de proporcionalidad y equidad. La misma película ya se vio en los años anteriores del kirchnerismo y la modalidad fue rechazada por la Justicia. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, será el primero en plantear la inconstitucionalidad.

En el tema de los jubilados, nadie puede tirar la primera piedra. El macrismo, cuando sancionó la ley de Movilidad, se “comió” un trimestre para actualizar. Este año, cuando los pasivos podían recuperar algo de lo perdido (la norma era sobre inflación pasada), Fernández la dejó fuera de juego con la promesa de analizar un nuevo esquema. Mientras tanto, van dos aumentos en donde la mayoría pierde. Y esa mayoría incluye a una buena parte que no alcanza a cubrir la canasta de la tercera edad.

¿Cuáles son los antecedentes judiciales?  Hay una decisión judicial respecto de una demanda contra la ley de Movilidad de 2017; jueces de primera y de segunda instancia entendieron que la nueva fórmula no debió haberse aplicado ya en marzo de 2018, porque se estaba compensando la inflación de un período que ya había pasado al aprobarse la nueva ley. Esta vez se dejó sin efecto una recomposición que está basada en lo ocurrido en un período del 2019, cuando la ley de movilidad estaba plenamente vigente.

Ayer el presidente Fernández salió a defender la suba; en su cuenta de Twitter acusó a la prensa de difundir «de modo sesgado el informe del CEPA. «Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste.El CEPA lo explica aquí. Que no te engañen!», escribió. No aclaró cuánto más recursos destinó el Gobierno al incremento. Él mismo había sostenido que el alza por movilidad era “impagable”.

El gasto en Seguridad Social es el más alto del global del sector público; le siguen los intereses de la deuda. No es extraordinario que se ataque a ese segmento mientras que en paralelo se negocia para resolver el segundo. Aparece muy complejo que hacia adelante los jubilados vayan a recuperar lo que vienen perdiendo. En junio la actual administración deberá hacer el próximo anuncio, para entonces deberá estar la prometida nueva fórmula. También estará el régimen que reemplazará al que rige ahora para diplomáticos y jueces, cuya propuesta empezará a tratarse en los próximos días.