Bono de paz y deuda Mestre, previa de la paritaria del Surrbac

Empresarios del servicio de recolección esperan la cancelación del pasivo que dejó la gestión radical para cumplir con el pago extraordinario de $ 23.500, cerrado a fines de enero.

Por Yanina Passero
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Funcionarios municipales y empresarios coinciden: aún no se han sentado a negociar el nuevo acuerdo salarial de los recolectores de residuos de la ciudad. Tampoco aportan precisiones sobre el momento en el que dará una de las discusiones más importantes por su impacto en el Presupuesto municipal (arriba de los 16 puntos).
La pulseada sería inminente si se tiene que cuenta que la Federación Nacional de Camioneros acordó un aumento salarial del 26,5% para el primer semestre del año. Completó así el período vigente desde el 1 de julio de 2019. El incremento se abonará en dos partes: el 16,5%, en febrero; y el 10% restante, en abril.
Además, como parte del entendimiento, el gremio se comprometió a “no formular nuevos reclamos salariales, porcentuales o de suma fija” hasta que finalice el plazo, el próximo 30 de junio. A su vez, la suba, que representa una mejora anual del 49,5%, absorberá la suma fija de 4.000 pesos que el Gobierno había establecido por decreto para los trabajadores del sector privado.
Como se sabe, los afiliados representados por Mauricio Saillen reciben una oferta levemente mejorada por parte de los intendentes de turno. La puja política entre los sindicalistas cordobeses con su mentor Hugo Moyano quedó neutralizada por los apoyos de los oficialismos municipales a los hombre que pasan sus días en el penas de Bouwer.
El cálculo era simple. Si Camioneros olfateaba debilidad, no dudarían en “invadir” el terreno del Surrbac. Los problemas de recolección y los sainetes de pistoleros, los elementos centrales de la escena. Entonces, aplicaba la lógica del esfuerzo económico, a cambio de la paz y el fortalecimiento del gremio local. La ciudad de San Francisco fue testigo de la pésima convivencia entre el Surrbac y Camioneros.
Lo cierto es que en el contexto de recursos municipales ajustados, una fuerte suba impositiva y un servicio de recolección que cumple el contrato a regañadientes, cualquier privilegio del orden político puede impactar de lleno en una prestación con deficiencias. Hasta el momento, no ha trascendido la estrategia que aplicará el ESOP, a cargo de Victoria Flores.
Pero este medio pudo saber que empresarios de la recolección privada han mantenido reuniones con funcionarios municipales para manifestar una preocupación. La paritaria con el Surrbac aún no se abrió, pero deberán pagar el “bono de la paz” que se cerró a fin de enero por $23.500, a cancelar en tres cuotas.
El compromiso se asumió, pero comenzaron a rascar la olla para cumplirlo. Puntualmente, plantearon al Ejecutivo que acelere los pagos adeudados por la gestión del radical Ramón Mestre. El objetivo es evitar desequilibrios y mantenerse en caja para cuando llegue el momento de revisar la prestación. Consultados sobre el monto del pasivo, prefirieron mantener la reserva.
Todas estas pujas se desarrollan en un marco caldeado por la investigación judicial que ordenó el juez Ricardo Bustos Fierro, quien ordenó el allanamiento de oficinas municipales en un procedimiento vinculado a las causas que involucras a Saillen y a su secretario adjunto, Pascual Catrambone; también, a la búsqueda de material que oficie de prueba a las sospechas por pagos por servicios no prestados en el municipio.
Cabe recordar que los jefes del Surrbac están detenidos desde el año pasado sospechados de malversación de fondos, usura y enriquecimiento ilícito, entre otras carátulas.
Estrategia oficial
Si bien en la Municipalidad se mantiene un estricto hermetismo sobre el manejo de las paritarias del Surrbac y el Suoem, varios de sus alfiles han dejado trascender que el fuerte aumento impositivo autorizado no será para pagar gastos corrientes.
Probablemente, Martín Llaryora cuente con la cobertura de la Provincia para avanzar en una paritaria muy distinta a la que se venía dando y más aún si se tiene en cuenta que el presidente Alberto Fernández expresó sus reparos a l cláusula gatillo.
“Lo que yo intento, sí, es evitar todo mecanismo de indexación de la economía y, de alguna manera, la cláusula gatillo es un modo implícito de indexación, que opera en los hechos como un mecanismo de indexación de la economía”, aseguró el mandatario antes de una serie de reuniones con referentes sindicales.