Con fondos nacionales, Llaryora desactivó un nuevo paro de UTA

El intendente logró conjurar, sobre la hora, un paro “a la japonesa” prometido por el sindicato. Importante. En pleno conflicto con el Suoem, el Palacio 6 de Julio necesita mantener cerrados el resto de sus frentes gremiales.

Por Felipe Osman

La Uta anunció, pasado el mediodía de ayer, que llevaría adelante un nuevo paro, a apenas dos semanas de haber paralizado el transporte público por primera vez bajo la administración Llaryora. Se trataría, eso sí, de un paro “a la japonesa”, ya que el servicio seguiría prestándose, pero los choferes no controlarían que los pasajeros pagaran por el viaje.
Esta modalidad tendría el efecto de presionar a las prestadoras del servicio para que fueran éstas las que arbitraran los medios necesarios para fondearse, sin afectar a los usuarios, que tan habitualmente quedan atrapados en una situación que aún resultándoles ajena los tiene por rehenes.
Los choferes habían señalado las 18 como la hora límite a la que esperarían para ver depositado en sus cuentas-sueldo el dinero correspondiente a los salarios de enero y la primera cuota -de 3.000 pesos- del aumento decretado por el gobierno nacional a fines de diciembre para el primer mes de 2020, que totaliza 4.000 pesos.
Con fondos nacionales, el municipio ofreció el respaldo necesario para que las empresas pudieran depositar lo adeudado, y la medida de fuerza quedó desactivada. Y aunque ésta iba a asumir una forma no traumática para los usuarios, conjurar un incipiente conflicto con la Uta resulta especialmente necesario para el intendente en estos momentos, cuando el resto de sus frentes gremiales se encuentran activos.
El Suoem cumple hoy dos semanas de asambleas diarias ininterrumpidas -a pesar de haber logrado una actualización salarial superior al 53 por ciento durante 2019- en el Palacio Municipal y las Áreas Operativas, aunque los reclamos comenzaron incluso antes y prometen intensificarse.
El reclamo es presentado por el gremio como una resistencia a la caída de 30 contratos que el Ejecutivo Municipal habría decidido no renovar, sin embargo múltiples versiones aseguran que otro punto central en la discusión está dado por el “inciso 2”, es decir, por las bonificaciones establecidas en la ordenanza 7974, artículo 8, inciso 2.
Estas bonificaciones, que en un primer momento estaban destinadas a los empleados que realizaban tareas que entrañaban algún tipo de riesgo, fueron luego universalizadas por Luis Juez, y ahora abarcan a buena parte del personal avocado a tareas llanamente administrativas. Trascartó, llegan a significar un plus del 40 por ciento sobre los cuantiosos salarios municipales.
Pero el conflicto con el Suoem no es el único frente gremial activo para la actual administración. Días atrás la ciudad quedó alcanzada por una medida de fuerza (no confesa) adoptada por el Surrbac, que dejó sin recolección durante tres días a amplios sectores de la ciudad.
La manzana de la discordia serían los puestos de mando del Esop. El ente, que hasta la llegada de la actual gestión estaba fuertemente condicionado por el sindicato de recolectores -hay quienes dicen que era manejado a placer por él-, es ahora conducido por funcionarios que responden a la nueva administración
Hacemos por Córdoba asumió un municipio con serias dificultades económicas, pero también encontró a su llegada un frente gremial descoordinado, con el Surrbac acéfalo y en riesgo de intervención, con el Suoem bajo una conducción en la que el poder real y el poder formal parecen estar disociados, y con una Uta que apenas empezaba a recuperarse de una larga intervención. Estas circunstancias ofrecen una ventaja que a la nueva administración no le convendría desperdiciar.