La Nación pone $1 de cada $10 de los salarios docentes provinciales

El Gobierno nacional se prepara para encabezar la primera reunión de paritarias con los gremios de la educación. Lo que se resuelva es  referencia para el resto de los salarios públicos. La intervención centralizada legitima a las provincias a presionar a la Nación para que se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones.

docentes-salarioEl Gobierno nacional tendrá esta semana las primeras negociaciones paritarias que se realizarán con los gremios docentes desde que asumió Alberto Fernández; encabezarán el encuentro los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni. Participarían los sindicatos del sector que representan a las 23 provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2007 hasta el 2017, esta paritaria nacional tenía facultades para negociar condiciones laborales y un salario docente mínimo nacional. En 2018, la administración de Mauricio Macri estableció que la discusión salarial no es materia de la paritaria nacional y que el salario mínimo docente en todo el país será el Salario Mínimo, Vital y Móvil más un 20%.

Según el artículo 5° de la Constitución Nacional, la educación básica es responsabilidad de las provincias. En virtud de esto, los docentes son empleados públicos provinciales y, por lo tanto, son las provincias las responsables de pagar sus salarios. Ante la incoherencia establecida en el 2007 de que la Nación fijara los salarios que tienen que pagar las provincias, se instrumentó a manera de paliativo un mecanismo a través de cual la Nación “ayuda” a pagar parte de las remuneraciones de los educadores.

Idesa realizó un trabajo con los últimos datos sobre salarios docentes publicados por el Ministerio de Educación nacional que corresponde al 2018: en el 2015 el salario docente promedio de todas las provincias era de $42 mil, mientras que en el 2018 era de $36 mil, o sea, una caída del 14% en términos reales. En ese año la parte que pagan las provincias era de $40 mil, mientras que en el 2018 era de $34 mil, o sea, una caída del 15% real. La parte del salario docente que paga la Nación, por su parte, era de $ 2.040 en el 2015 y pasó a $ 2.200 en el 2018, o sea un incremento del 7% en términos reales.



Para la consultora estos datos muestran, por un lado, que la “ayuda” que el Gobierno nacional hace a las provincias para pagar la remuneración de los maestros es marginal. Menos de $1 de cada $10 que reciben los docentes lo paga la Nación. Por el otro, que la merma en los ingresos de los docentes se explica por el componente provincial, ya que el nacional, hasta el 2018, no perdió contra la inflación. Resulta muy sugerente que ya en el 2018, cuando la actual crisis recién comenzaba, las provincias ya no podían mantener el nivel real del salario docente ante un contexto de inflación alta y creciente.

“Reestablecer la potestad del Ministerio de Educación y los sindicatos docentes nacionales de fijar el salario docente no puede ser más perjudicial. En las provincias es un factor adicional de desestabilización de las finanzas públicas ya que los salarios docentes son el principal componente del gasto público provincial”, indica el trabajo. Además, son referencias para el resto de los salarios públicos. A nivel nacional, también es un factor de desestabilización porque la intervención centralizada legitima a las provincias a presionar a la Nación para que se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. Esto es, a todas luces, inviable tanto porque la Nación paga una porción minúscula del salario docente como porque su situación fiscal es más precaria aún que la de la mayoría de las provincias.

La Constitución es clara estableciendo que la educación básica es competencia de las provincias. Sin embargo, la Nación no sólo ‘ayuda’ a pagar una porción minúscula de los salarios sino que además ejecuta otros programas nacionales como el de “Infraestructura y equipamiento”, el “Acciones de formación docente”, el “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”, entre otros. Para Idesa esto sirve para justificar burocracia a nivel nacional, pero no para mejorar la educación ya que su incidencia es muy marginal respecto a la magnitud de las necesidades y genera incentivos perversos entre los administradores provinciales ya que encuentran, en esta injerencia, la oportunidad para desentenderse de sus responsabilidades.

“Resulta ingenuo justificar estos programas nacionales en la idea de que compensan asimetrías regionales. En un régimen federal, esa función de nivelación corresponde a la coparticipación federal. Esta es la razón por la cual las provincias más pobres reciben proporcionalmente muchos más recursos que las provincias más ricas. Seguir insistiendo con injerencias nacionales en funciones y responsabilidades provinciales es la mejor manera de profundizar la degradación del sistema educativo”, define el reporte.