Jubilados: regresa el “achatamiento” y también la judicialización

En la Casa Rosada saben que la suspensión de la movilidad por 180 días y su reemplazo por sumas fijas por decreto es que los afectados acudan a la Justicia. Ya hay contactos con ese poder para que no se repitan fallos de años anteriores.

Por Gabriela Origlia

judicialización-jubiladosDesde el mismo momento en que el presidente Alberto Fernández resolvió suspender la ley de movilidad jubilatoria y dar dos bonos de un máximo de $5000 a los que perciben menos de $20.000 el tema de los pasivos se convirtió en uno de los centrales en la agenda de la Casa Rosada y de la sociedad. Todavía no está claro cómo se resolverá.

Primero trascendió que en marzo habría un incremento promedio del 11,5% pero después el jefe de Gabinete Santiago Caffiero confirmó que se otorgarán sumas fijas a todos aunque serán más altas para los haberes más bajos. El aumento de las demandas judiciales parece un hecho.

El primer tropezón fue cuando, aprobada la emergencia quedaron afuera de la suspensión de la movilidad los regímenes especiales. El impacto negativo en la opinión pública obligó al propio Presidente a anunciar que enviaría un proyecto para reformar las “jubilaciones de privilegio” y que se trataría en las sesiones extraordinarias del Congreso. Los cambios empezarían a analizarse a mediados de este mes, pero a punto de terminar enero todavía no está el texto.



Cafiero admitió que la decisión es “achatar” la pirámide y como fundamento apuntó a que mientras algunos cobran la mínima ($14.068 desde este mes) otros perciben “$300.000”. Según Anses, de los 6,9 millones de prestaciones que se pagan (hay quienes reciben más de un ingreso), casi la mitad percibe el haber mínimo.

El resto cobra haberes que tienen un tope por ley que hoy es de $103.064 (65.000 están por encima, son los de regímenes especiales). De la mitad por arriba de los $14.068, 16% cobra entre uno y dos haberes mínimos; 9,7% dos haberes mínimos; y el 25% más de dos haberes mínimos.

En la Casa Rosada saben que la suspensión de la movilidad por 180 días y su reemplazo por sumas fijas por decreto es que los afectados acudan a la Justicia, sea porque les cambiaron el esquema o porque quedan afuera de los incrementos.

El antecedente data de la etapa anterior del kirchnerismo, cuando la Corte Suprema determinó que esa política de diferenciación de subas según el nivel de ingresos  es inconstitucional. La decisión la había instrumentado Néstor Kirchner con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Por esta historia, hay versiones de contactos entre el Ejecutivo y la Justicia para que no se repita ese camino en función de que los cambios serían en el marco de una «emergencia previsional».

Fernández repitió la receta de Néstor Kirchner: en un escenario de restricción fiscal el suspender el mecanismo de movilidad implica bajar el gasto que le insumiría al Estado cumplir con lo establecido por ley. Este año, por la fórmula que incluía la norma, los jubilados iban a poder recuperar poder adquisitivo.

Hay un punto extra que alienta la judicialización; el Ejecutivo suspendió la movilidad cuando ya estaba definido el incremento porcentual de diciembre que apuntaba a compensar la inflación (el esquema toma la inflación pasada). Cuando se aprobó esa ley en medio del colapso de la zona del Congreso por las protestas, hubo jueces que aceptaron el reclamo de quienes plantearon que la nueva fórmula se aplicara sin tener en cuenta que afectaba los intereses de los jubilados.

Economistas allegados al Gobierno señalan que hace años que las jubilaciones se pagan por el aporte de impuestos generales y no son proporcionales a los aportes realizados. Una lectura “a presión” y amañada para justificar que un pasivo que aportó más y durante más tiempo termine viendo reducirse sus ingresos.

En los tiempos de Néstor, cuando se “acható” la pirámide, quienes cobraban más  registraron pérdidas de hasta 40% en el valor real de sus ingresos. No eran, precisamente, los beneficiarios de regímenes de privilegio.