Deuda bonaerense: no hubo acuerdo y crece el ruido en el mercado

Los principales bonos operaron con tendencia bajista después de la decisión de Kicillof de estirar el plazo hasta el 31 de enero. El Gobernador está en Israel con el Presidente. En paralelo, se esperan detalles de la propuesta del Gobierno nacional para reestructurar la deuda soberana que alcanza a unos US$ 100.000 millones.

deudaLa Provincia de Buenos Aires extendió hasta el 31 de este mes el plazo para que los tenedores del bono 10,875% 2021 den consentimiento a diferir el pago del capital hasta el 1 de mayo. Al filo de cumplirse el plazo para la adhesión de los bonistas, la administración de Axel Kicillof –quien está en Israel con el presidente Alberto Fernández- amplió el tiempo. Tenía que conseguir el acuerdo del 75% de los bonistas.

Los principales bonos operaron con tendencia bajista después de la decisión y mientras se esperan detalles de la propuesta del Gobierno nacional para reestructurar la deuda soberana que alcanza a unos US$ 100.000 millones. También impactó que ayer –con el mercado ya cerrado- la agencia calificadora S&P Global Ratings bajó a «default selectivo» (SD) su nota para la deuda argentina en moneda local pero mantuvo en «CCC-C» y con perspectiva negativa la deuda en moneda extranjera.

El comité de bonistas ya había dicho el martes a la noche en un comunicado que el tiempo para analizar la propuesta había sido poco. La oferta fue lanzada por Kicillof el 14 de este mes y el plazo vencía ayer. Además, advertían que no había habido tiempo para realizar un proceso formal de identificación de los tenedores de bonos. Y se quejaban de la «ausencia de un plan integral para la deuda de la Provincia».

«El Comité Directivo sigue disponible para encarar negociaciones de buena fe con la Provincia sobre la base de un plan económico razonable e integral», aseguraron. A pesar de que la fecha de pago era el 26 de enero, la Provincia tenía diez días más para pagar el capital (y 30 para abonar los intereses). Por eso utilizará parte de esos diez días (hasta el 31) para seguir negociando con los bonistas. El fondo Fidelity es el mayor acreedor del BP21, tiene el 13%.



En un comunicado la Provincia indicó: «Esta prórroga se otorga teniendo presente el diálogo constructivo que la Provincia viene manteniendo con sus acreedores, para que la comprensión más acabada de las circunstancias de emergencia social, económica, productiva y energética existentes, y la voluntad de dar tratamiento equitativo a los acreedores en su conjunto, permitan a los bonistas oportunamente aceptar la propuesta realizada el 14 de enero último».

 

El texto, firmado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, señala: “A la fecha hemos recibido el apoyo de un número significativo de bonistas, y continuamos en diálogo con inversores institucionales cuya participación permitiría arribar al resultado buscado».

Insiste en que para que el proceso “tendiente a recuperar la sostenibilidad de la deuda provincial continúe de manera ordenada, y contemplando a la totalidad de nuestros acreedores, consideramos que este es un paso fundamental». Y agrega que «por ello, y dado que la situación de la Provincia no ha cambiado, hemos resuelto utilizar todo el tiempo a nuestro alcance para lograr el entendimiento necesario de los acreedores para postergar el pago de capital».

Por su lado, en la noche del martes ingresó al Congreso Nacional el proyecto que había anunciado el ministro Martín Guzmán y que apunta a darle apoyo político a la negociación de la deuda bajo legislación extranjera. La iniciativa no contiene detalles sobre la propuesta.

El texto establece la prórroga de jurisdicción extranjera; apunta a que la futura emisión de deuda en el marco de la renegociación pueda mantener la vigencia de tribunales del exterior. Plantea que las comisiones para los intermediarios (bancos de inversión y agentes de información, entre otros) no podrán superar el 0,1%.

Contempla que las operaciones comprendidas en la ley estén exentas del pago de todos los impuestos («incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro»). Y faculta a la jefatura de Gabinete, que conduce Santiago Cafiero a «efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes» para el cumplimiento de la ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial si el Congreso la aprueba.