Impuestos y más impuestos pero a los Estados no les alcanza

La Nación renegocia su deuda; las provincias están complicadas y ya están las que pidieron auxilio financiero a la Rosada. Los municipios son más de lo mismo. Hay varios distritos comprometidos por sus deudas.

Por Gabriela Origlia

Más impuestos es la regla general de la Argentina. Si hay una baja siempre dura poco y una nueva crisis hace que se suspendan reducciones previstas (como este año las del pacto fiscal), que regrese lo hecho (la actualización de retenciones que inició Mauricio Macri y continuó Alberto Fernández) o que lo que nació por un tiempo determinado se eternice (el impuesto al cheque). Con todo al Estado –en cualquiera de sus niveles- no le alcanza, siempre necesita de más.

La administración de Axel Kicillof en Buenos Aires acaba de aprobar un impuestazo pero la Nación deberá salir en su auxilio para que no caiga en  default. La Provincia tiene vencimientos de deuda por US$571 millones entre el 19 y el 26 de este mes, de un total de US$9000 millones que deberá pagar hasta el final del mandato, en diciembre de 2023. Este año son US$ 2700 millones.

En octubre del año pasado, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que la provincia tenía solo dos opciones: una reestructuración de la deuda o un auxilio financiero de la Nación. Del monto que vence ahora, US$ 253 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo de inversión que maneja la Anses y se podrían refinanciar.



Los vencimientos de deudas en dólares y la discusión salarial son los dos temas calientes que enfrentan las finanzas provinciales.  Buenos Aires y Chubut son las más complicadas con el financiamiento por el volumen y fecha de vencimientos. Por la pauta salarial se descuenta que los gremios pedirán cláusula gatillo, los distritos que la incluyeron en 2019 terminaron con gasto real constante y con la recaudación cayendo.

La caída de la coparticipación y de la recaudación propia en 2019 por la recesión (la excepción fue Neuquén por los mayores ingresos de Vaca Muerta) fue clave en la modificación del panorama financiero de las provincias que, hasta 2018, tuvieron superávit.

El recorte de la obra pública ya se realizó, tanto la financiada con recursos propios como la que dependía de transferencias de la Nación. Este año seguirá.

La consultora Elypsis indica que el peso de la deuda en las finanzas provinciales pasó del 31 al 52 por ciento de los gastos totales entre 2015 y 2018; los intereses en el mismo período escalaron de 1,5% al 5,2% del global de erogaciones. Ocho distritos -Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego- tienen la totalidad de sus bonos en dólares, mientras que el promedio de títulos públicos en divisas es de 65%.

Para los gobernadores es importante que la Nación avance en el reperfilamiento, porque eso les daría un “paraguas” a sus propias decisiones. Por eso los mandatarios siguen el cronograma de negociaciones que encabeza el ministro Martín Guzmán.

En la semana que pasó, la Casa Rosada giró $5.650 millones a Chubut, Chaco, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán, en concepto de anticipos financieros destinados a atender compromisos urgentes derivados de la ejecución del presupuesto y amortización de deudas de esas administraciones. Los anticipos son a cuenta de las respectivas coparticipaciones o de los montos previstos en el pacto fiscal. Devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa y el mecanismo que fija el decreto. Podría haber más distritos que requieran auxilio. Ninguno está holgado.

Un reporte de la consultora Quantum indica que por el lado de los ingresos, el grado de independencia provincial respecto de la Nación es mayor en Neuquén y Chubut (regalías por explotación petrolera) y CABA (concentración geográfica de empresas y servicios), mientras que las jurisdicciones del norte dependen fuertemente de esas transferencias. Por el lado de los gastos, la posibilidad de reducirlos es compleja porque en promedio 60% del gasto primario va a salarios y beneficios de la seguridad social. Córdoba, CABA y Mendoza cuentan con mayor grado de libertad para adaptar su gasto a un contexto financiero adverso, porque parte importante del gasto primario fue de capital.