Fresneda releva a Morandini en Observatorio de DDHH del Senado

Cristina Fernández de Kirchner encontró ocupación para Martín Fresneda y lo designó como titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado.
Pese a no haber obtenido una banca en la Cámara Baja, el letrado -que relevará a la también oriunda de Córdoba, Norma Morandini- frecuentará el Congreso.
Aunque el desempeño del ex legislador provincial como secretario de DDHH durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner estuvo rodeado de polémica, su lealtad al proyecto nacional y popular lo catapultó nuevamente a la ciudad de Buenos Aires.
El cofundador de HIJOS en Córdoba era director de la delegación provincial de la Anses cuando la ex presidenta lo nombró, a instancias de Carlos Zannini, en mayo de 2012, tras el fallecimiento de Luis Eduardo Duhalde. También accedió al cargo tras una frustración: quedar fuera de Diputados en las legislativas de 2011.

Milani
En julio de 2013, fue denunciado penalmente por la UCR, por ocultar información sobre la vinculación de César Milani, por entonces jefe del Ejército, con delitos de lesa.
Fresneda se defendió mediáticamente pero no convenció. Entre otros argumentos, sostuvo que él no era “un resorte fundamental” para conocer el rol del ex general en la dictadura.
Un mes después, el fiscal federal Carlos Stornelli lo imputó por no brindarle ciertos datos del legajo de Milani a la Comisión de Acuerdo del Senado, una omisión que subsanó el CELS; concretamente, al comunicarle la conexión del militar con el secuestro de Pedro Olivera y con la desaparición del conscripto Alberto Ledo.
Milani fue a juicio por ambos expedientes y resultó absuelto. En el caso Olivera, con fundamentos cuestionados duramente por los acusadores públicos y privados y con denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por supuesta parcialidad del tribunal. Los dos decisorios fueron apelados.
Ruvte
En noviembre de 2016, el cordobés protagonizó un cruce con Claudio Avruj y salió mal parado.
Luego de que el funcionario de Mauricio Macri precisara que en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) consta que las desapariciones forzadas fueron 6.348, el por entonces legislador local cuestionó la difusión de los datos y aseguró que se necesitaba “cuantificar” para “generar descrédito hacia una bandera”.
Avruj explicó que la “cifra del Ruvte” se estableció en 2013 y fue ratificada por Fresneda.
La publicación del documento surgió como respuesta a un pedido de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional que estaba cajoneado. “No sé si la decisión de no revelarlo antes tuvo que ver con el doble estándar o si hubo una decisión política de no dar acceso en beneficio de otro interés político”, disparó Avruj.
Cabe recordar que Fresneda fue denunciado por presuntas irregularidades en el manejo de indemnizaciones. Sus oficinas fueron allanadas dos veces, luego de que Julio César Aráoz, el dirigente peronista que fue preso político entre 1970 y 1973, expusiera queno habilitaba el pago que le correspondía porque no era kirchnerista.
Las reparaciones por la represión ilegal siguen en la mira. Dos violentos episodios que se registraron en Córdoba durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón figuran entre los 13 hechos citados en un nuevo reclamo para obtener precisiones.
La demanda la presentó el periodista José Luis D’Angelo, autor del libro “Mentirás tus muertos”, y quedó radicada ante el juez Ariel Lijo.
El primer caso sucedió en agosto de 1975 e involucra a Hugo Therisod, alias “Roque”. Ese día, una unidad de combate del ERP atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial. Como consecuencia de la emboscada seis personas perdieron la vida: cinco uniformados y Therisod.
Aunque la revista Estrella Roja publicó un artículo en el cual elogió el compromiso de “Roque” con la revolución socialista y “su odio a la policía y demás fuerzas represivas”, sus herederos recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado: casi cien mil dólares.
El segundo hecho ocurrió en septiembre de 1975, cuando un comando del ERP asaltó a un camión de caudales y los custodios del rodado y efectivos de la policía provincial se enfrentaron a tiros con los guerrilleros. Como consecuencia, murieron Nora Marquardt (alias “Sargento Clara”) y dos empleados de seguridad.
25 años después, los deudos de la mujer abatida, a quien se catalogó como víctima del terrorismo de Estado y cuyo nombre figura en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, cobraron más de 170 mil dólares.

Leyes reparatorias
En su planteo, D’Angelo alega que los casos de “Roque” y la “Sargento Clara” se enmarcaron en una serie de maniobras que, invocando las leyes reparatorias, posibilitaron defraudar al Estado.
Además, sostiene que se han abonado resarcimientos por decesos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización o que murieron por impericia al manipular explosivos.
En junio, los ex titulares de la Secretaría de Derechos Humanos que se desempeñaron entre 1995 y 2015 -Alicia Pierini (1991-1997), Inés Pérez Suárez (1997-1999), Diana Conti (2000-2003), Duhalde (2003-2012) y Fresneda (2012-2016) – fueron denunciados por presunta defraudación a la Administración pública y falsedad ideológica, a raíz del supuesto otorgamiento espurio de indemnizaciones.
Hace cuatro meses, Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado el 5 de octubre de 1975 en el Regimiento Monte 29, en Formosa, durante un ataque de Montoneros, denunció que los derechohabientes de nueve integrantes de ese grupo recibieron dinero merced a encuadres apócrifos.