Jaime actúa rol “preso político” y desvaría sobre Once

Al calor del relato kircherista que sostiene que los detenidos cautelarmente y los condenados por casos de corrupción son presos políticos, Ricardo Jaime volvió a pedir que se le otorgue la prisión domiciliaria en el marco de la causa Once.

El cordobés no se limitó a exponer las causales en base a las cuales reclama el beneficio -supuestos problemas de salud, propios y de allegados-, sino que acatando el libreto que impulsa el mandatario electo y repiten legisladores, referentes y futuros funcionarios del Frente de Todos, dijo que es víctima de una persecución “digitada por Mauricio Macri y su mesa judicial”.
En una entrevista radial desde Ezeiza, aseguró que no tiene ninguna duda de que el choque ferroviario ocurrido en febrero de 2012 fue “por encargo” y para instalar la frase “la corrupción mata”.
En esa tesitura, sostuvo que se trató de “un crimen cometido por una persona” -el maquinista Marcos Córdoba- y que los supuestos “autores intelectuales” están impunes.
Ante semejantes afirmaciones, los familiares de las víctimas emitieron un comunicado y aclararon que en el debate que finalizó en diciembre de 2015 se determinó el rol de Jaime en la masacre y que se descartó la intencionalidad del motorman.
Además, recordaron que el recurso de queja que presentó su defensa fue rechazado y que las únicas víctimas de Once son las 52 personas que perdieron la vida.
“No es un preso político, es un político preso tras un juicio en el que tuvo todas las garantías de la defensa”, figura además en el texto.
En 2013, Jaime fue condenado por la Justicia Federal de Córdoba a seis meses de prisión en suspenso por intentar robarse pruebas durante un allanamiento en su domicilio, en el 2010, una medida que se concretó en el marco de las actuaciones en su contra por enriquecimiento ilícito (por las cuales recibió cuatro años de prisión y una muta millonaria en octubre del año pasado).
En 2015 fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado en el cual reconoció haber recibido comas por parte de los empresarios a los que debía controlar y a cinco años por administración fraudulenta en el juicio por Once, una pena que se elevó a ocho años el año pasado, cuando también se lo responsabilizó por estrago culposo.
Paralelamente, está involucrado en otras actuaciones vinculadas a expoliaciones al Estado.
Variando el repertorio de razones, Jaime insiste con el arresto domiciliario.
A principios de 2018, a dos años del dictado de su prisión preventiva en la pesquisa por defraudación en la compra de chatarra ferroviaria, su defensa pidió su soltura alegando que era sometido a vejámenes, que se afligía por los traslados, que sufría por estar lejos de su familia y que estaba incomodo en su celda.
El Tribunal Oral Federal 6 descartó los argumentos de su abogado. Aclaró que los padecimientos denunciados son comunes para todos las personas privadas de la libertad y detalló que no se probó ningún tipo de afección de salud.
El ex secretario de Transporte quedó detenido en abril del 2016, por orden del juez Julián Ercolini, y cerró el año diciendo que la pesquisa en su contra por la renovación irregular de los contratos de concesión de las terminales de ómnibus de Retiro y de Mar del Plata era una “persecución política”.
No obstante, en vista del complejo panorama que enfrentaba, el hombre que según aseguró ante la Justicia su ex asesor, Manuel Vázquez, “no hacía nada sin una orden directa” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”, se inscribió para estudiar Derecho a distancia en una universidad privada.
En la previa del juicio por Once en contra de su compañero procesal en otras causas por corrupción, Julio De Vido, reiteró su solicitud para acogerse al beneficio, un planteo que generó indignación.
Los abogados de Jaime presentaron el pedido ante el tribunal que debe juzgarlo por la compra de trenes chatarra alegando que sufría hipertensión y que no había riesgo de fuga. La fiscal Gabriela Baigún se opuso a la concesión del instituto. Entre otras razones, sostuvo que no se configura el requisito etario (no está ni cerca de los 70 años que contempla la ley) y que puede tratar su cuadro de salud dentro del penal-

Narrativa
La narrativa que sostiene que los políticos presos por corrupción son presos políticos y cuestiona los encierros de saqueadores del Estado se basa en omitir, convenientemente, hechos. En el caso Julio De Vido, una condena. Hace un año, en el marco del segundo juicio por Once, la Justicia le impuso cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitado en forma perpetua para ejercer cargos públicos, por el manejo fraudulento de los subsidios que recibía la concesionaria TBA, que tenía a su cargo el tren Sarmiento. De Vido fue enviado al banquillo en octubre por su rol en la trama “Skasnka”, el primer escándalo por sobornos de la era K.
En “Skanska” se investiga el pago de coimas a ex funcionarios mediante el uso de facturas truchas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur. Casanello dio por acreditado que hubo un acuerdo espurio en virtud del cual De Vido recibió dinero por parte de directivos del grupo económico y que, como contraprestación, intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio.
La instrucción comenzó hace 13 años y la clave para que avanzara fue la ratificación por parte de la Corte, en 2017, de la validez probatoria de una grabación telefónica.
En 2006, con un micrófono oculto, Claudio Corizzo, ex síndico de la compañía sueca, registró a Javier Azcárate, uno de los gerentes comerciales, diciendo: “Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, 200 millones de palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo al tipo que hizo todo el tromping (sic) y al muchacho, al ‘pingüino’ de acá a dos cuadras?” .