Motín policial: Berni y Capitanich van a Comodoro Py

En junio, el juez Vaca Narvaja se declaró incompetente y la Cámara lo respaldó. Ahora, la pesquisa por abuso de autoridad y violación de deberes que involucra a los ex funcionarios kirchneristas seguirá su curso en la CABA

A seis años del motín policial, el magistrado Eduardo Ávalos, de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, declaró la competencia territorial del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6 de la ciudad Autónoma de Buenos para entender en la causa que se sigue en contra de ex funcionarios kirchneristas, por abuso de autoridad y violación de deberes.
Se trata de Sergio Berni y de María Cecilia Rodríguez, secretario y ministra de Seguridad al momento del hecho, y de Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Ministros.
En mayo de este año, la fiscal Graciela López de Filoñuk los imputó al dar por acreditado que entre el 3 y el 4 de diciembre de 2013 no colaboraron con las autoridades locales cuando se desató el caos, a pesar de los pedidos de colaboración que les cursaron, para paliar el caos, que incluyó masivos saqueos, decenas de detenciones y un muerto.
La agente estableció que al no enviar fuerzas de seguridad nacionales a Córdoba para ayudar a mantener el orden violentaron los deberes legales que les imponían sus cargos.
Al anoticiarse de su situación procesal, Berni dio su propia versión y dijo: “Había una orden para que no se generara ningún tipo de comunicación hasta que no llegara José Manuel De la Sota a la provincia. Claramente hubo un vacío de autoridad y todo se les fue de manos”.
Poco después, Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal Número 3, se declaró incompetente y giró el expediente a los Tribunales de Comodoro Py.
Ávalos coincidió con la opinión del fiscal General ante la Cámara en cuanto a que el Juzgado Criminal y Correccional de la ciudad Autónoma de Buenos Aires debe continuar con la investigación.
El sentenciante recordó que se determinó que los funcionarios provinciales habrían intentado comunicarse en reiteradas oportunidades con las autoridades nacionales y que si bien en algunos supuestos fueron atendidos por empleados no obtuvieron respuestas. Paralelamente, indicó que el personal de Gendarmería apostado en Jesús María estaba al tanto de lo que ocurría pero no actuó por carecer de instrucciones del Gobierno Nacional.
Así las cosas, precisó que como la conducta delictiva que se le atribuye a Berni, Capitanich y Rodríguez se habría ejecutado en Capital Federal y que, por ello, el caso debe tramitarse allá; en especial, porque se podrán recabar los elementos de prueba para esclarecer el hecho y, así, garantizar una correcta administración de Justicia y asegurar una mejor actuación jurisdiccional.

Juicio
En abril de 2018, en el marco del juicio a 56 policías por el motín, el por entonces ministro de Gobierno, Oscar González, declaró que la revuelta fue “fogoneada” por la Administración de Cristina Fernández de Kirchner y volvió a responsabilizarla por el caos. “Es obvio que había una decisión de no colaborar. Se supo luego en radiopasillo que funcionarios nacionales decían: ‘déjenlos a los cordobeses que se cocinen en su propia tinta’”, acusó.
González precisó que durante las horas de máxima tensión intentó contactar a Gendarmería, al razonar que podía ayudar porque ya habían comenzado a registrarse ataques en contra de personas y sus propiedades.
También sostuvo que trató de hablar con Berni, con Capitanich y con Florencio Randazzo, por entonces ministro del Interior, sin resultados.
“Berni era una especie de Rambo del tercer mundo”, ironizó, subrayando que era encargado de la seguridad y que todos los sabían.
Por otro lado, respecto de los incidentes en las calles, expresó: “Daba la sensación de que había equipos organizados, de que no era espontáneo; parecía que había grupos tratando de generar mayor daño en la ciudad”.
En tanto, González remarcó que cuando el conflicto terminó nunca pudieron “cambiar una palabra” con referentes del Gobierno nacional.

Huelga
En junio de año pasado, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación consideró que los policías que se plegaron al motín en diciembre de 2013 no ejercieron un derecho constitucionalmente amparado, aun cuando sus reclamos fueran lícitos y atendibles.
El tribunal, integrado por Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila, junto a ocho jurados populares, condenó a prisión condicional, inhabilitación especial y multa a más de 40 uniformados, por incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.
El fallo enfatizó que la Corte Suprema rechazó la posibilidad de agremiación de las fuerzas de seguridad y que, como consecuencia, un colectivo que no tiene derecho a sindicalizarse tampoco tiene el de huelga.
Asimismo, la sentencia explicó que aun considerando que quienes no están de servicio pueden reunirse y manifestarse, es inadmisible que ello se haga “portando armas, uniformes o atributos propios de la autoridad”.
Entre otras medidas, la Cámara dispuso enviar copia de las actuaciones a la Fiscalía Federal, que ya había iniciado indagaciones, para que examinara la actuación de funcionarios del Ejecutivo Nacional quienes, según varios testigos, como González, ignoraron reclamos de auxilio.
También con base en testimoniales, pidió que se investigara la posible participación de personas relacionadas con la organización ultra kirchnerista La Cámpora, que habrían alentado y facilitado los saqueos.