Mestrismo quiere evitar informe paralelo del PJ

La secretaria de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Cecilia Aro, ya elabora las conclusiones del proceso de transición. Esperan que el llaryorismo acompañe el dossier, aunque reina la disconformidad por los datos aportados por el actual Ejecutivo.

Por Yanina Passero
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La transición municipal se desarrolla civilizadamente, con los contrapuntos mediáticos que la adornan. Los 10 miembros que la componen –cinco, por el Ejecutivo municipal; cinco, en representación del intendente electo- se reúnen con regularidad desde hace dos meses. En pocos días, a más tardar el 2 de diciembre, deberán presentar las conclusiones.
Un juego para el intendente Ramón Mestre, otra copia para el sucesor, Martín Llaryora, con el material trabajado en un proceso que, por primera vez, estuvo regulado por la ordenanza 12.523. La redacción no debería ser compleja comparada con la labor de estos días. Pero la variable aplicada a la realidad municipal siempre admite imprevistos.

El mestrismo espera que el informe final que elabore la secretaría de Gobierno de la Municipalidad, Cecilia Aro, sea apoyado por la comisión que, en representación de Hacemos por Córdoba, encabeza Miguel Siciliano.

Insisten con que la transición se sustanció con reglas claras y de manera abierta, que se ofreció la información solicitada en tiempo y forma, al tiempo que se subió al Portal de Gobierno Abierto.
Incluso, aseguran desde el Palacio 6 de Julio que adosarán información sensible en materia de educación, salud y deportes para ofrecer un panorama integral del municipio. Se abre ahora un momento de negociación entre los involucrados para que surja una única versión del trabajo de la comisión.



Si el mestrismo logra el aval de los nuevos inquilinos del municipio obtendrían el broche perfecto para una iniciativa inédita. Pero lo cierto es que la ordenanza habilita al equipo de Llaryora a elaborar un informa paralelo y los radicales dan por descontando que es probable que utilicen esa posibilidad.

Fuentes cercanas al vicegobernador en uso de licencia aseguran que no están en condiciones de adelantar si apoyarán o no ese informe porque, afirman, continúan reclamando información sensible. La inconformidad que manifiestan podría leerse como un anticipo de lo que decidirán al respecto si no es que reciben, por ejemplo, la nómina completa de personal (incluidos los monotributistas, becarios y artículo 8) que calculan en 14.000, cifra muy superior a la expuesta por Mestre. Otro eje que exigen es el monto de la deuda corriente que estiman en $4.000 millones.

“Es una locura que tengamos que hablar de estimaciones”, rezongaba un hombre cercano a Llaryora, mientras afirmaba que el problema sería aún más complejo por la escasa informatización administrativa que esperan. Citan que en el Registro Civil, sólo están digitalizadas las partidas de nacimiento desde 1976 en adelante, pero no ocurre lo mismo con actas de defunción o matrimonio. “Tendremos que generar herramientas de gestión para poder implementar políticas”, disparó la misma fuente.

El informe
Según estipula la ordenanza de transición el informe final debe contener datos sobre el estado de la Administración General del Municipio en sus aspectos administrativos, organizativos y funcionales; situación económico-financiera; reporte integral de Recursos Humanos; aspectos legales y estados de los juicios no concluidos y el detalle de sentencias firmes; reporte de concesiones, contrataciones y prestación de servicios por pare de terceros; copias de contratos en vigencia y reportes de entes, empresas municipales y organismos descentralizados.
El intendente en funciones debe entregar al intendente electo con un plazo de 10 días previos a la asunción.