Arriando las últimas banderas económicas del macrismo

El gobierno de Mauricio Macri pasará a la historia como un interregno dificultoso entre una seguidilla de administraciones justicialistas, con todo lo provisorio que pudiera resultar este adjetivo en la era K.

Por Pablo Esteban Dávila

El gobierno de Mauricio Macri pasará a la historia como un interregno dificultoso entre una seguidilla de administraciones justicialistas, con todo lo provisorio que pudiera resultar este adjetivo en la era K. Como todo parece indicarlo, el presidente terminará su mandato constitucional como ningún mandatario no peronista lo hiciera nunca desde que Agustín P. Justo le transmitiera los atributos del mando al radical antipersonalista Roberto M. Ortiz en 1938. Es un logro institucional que no puede ser menospreciado.

La institucionalidad es, precisamente, es el principal legado de Macri. Después una década de autoritarismo y amenazas más o menos veladas desde la Casa Rosada hacia la prensa, el mundo empresario, la justicia y la oposición, los cuatros años de Cambiemos – Juntos por el Cambio en el poder fueron un bálsamo republicano que se agradece. Es de esperar que Alberto Fernández pueda contener, en la gestión que se apresta a iniciar, las arbitrariedades de las que el kirchnerismo supo hacer gala desde 2003 hasta 2015.

Fuera de ello es difícil hablar en propiedad de una herencia macrista perdurable, especialmente en el plano económico. Se ha escrito mucho sobre las contradicciones de un gobierno que, habiendo asumido con un claro signo promercado y desregulador, con el paso del tiempo y de las dificultades fue transformándose en uno bastante parecido al que vino a reemplazar.



Ejemplos sobran. Se eliminó el cepo cambiario a finales de 2015 y se lo reinstauró a finales de 2019, con la reaparición del dólar blue y sus distorsiones. La mayoría de las retenciones agropecuarias fueron derogadas en el inicio del actual período presidencial para luego ser reimplantadas tras la crisis del año pasado. El impuesto a las ganancias que pesa sobre los asalariados, inclusive, se volvió más gravoso de lo que ya era en los años de Cristina, sin que se cumpliera con la promesa de su lisa y llana eliminación. Para mayor asombro, se sancionó en el congreso un impuesto sobre la renta financiera, verdadero despropósito en un país con alta inflación (que destruye las colocaciones en pesos) y con escaso ahorro interno. Es un hecho que la presión tributaria es tan elevada hoy como lo fuera durante los Kirchner.

En pocas palabras, Macri arrió todas las banderas que, en esta materia, se comprometió a enarbolar. El acta de defunción de su política económica, si alguna vez tuvo alguna identificable como tal, es el combo intervencionista de la ley de góndolas y la ley de alquileres (aprobadas ayer en Diputados) impulsado desde el poder Ejecutivo en el atardecer de su gestión.

La nueva ley de alquileres contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual del precio (actualmente es semestral) basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías, quizá el único aspecto razonable del proyecto. Esto complica todavía más las cosas en un mercado con baja rentabilidad y numerosas dificultades. La medida se justifica como un intento de beneficiar a los inquilinos pero, como en toda iniciativa de este tipo, sus efectos en la realidad pueden ser exactamente los opuestos.

Va de suyo que una de las primeras consecuencias, de aprobarse el proyecto en el Senado, será el incremento de los precios como una forma de protección de los propietarios ante posibles insolventes o inquilinos de mala fe. También es probable que haya restricciones en la oferta ante la incertidumbre que estos cambios, una posibilidad ominosa si se considera que el acceso a la vivienda propia en la Argentina es cada vez más lejano por la inexistencia del crédito hipotecario. Tal vez deba concluirse, en un pensamiento contraintuitivo, que la mejor ley para incentivar alquileres más baratos y con menores requisitos debería ser una que permitiese la agilización de trámites y procedimientos para los desalojos; sin embargo, esta forma de pensar está lejos del radar político nacional en su conjunto, tanto del actual gobierno como del que lo sucederá desde el próximo 10 de diciembre.

La ley de góndolas, por su parte, es un típico engendro de intervencionismo estatal. Como siempre, se justifica en las intenciones de evitar los abusos monopólicos de las multinacionales de la alimentación y de las grandes superficies comerciales, que es la explicación a mano más demagógica (e inexacta) del fenómeno inflacionario.

Esta norma contiene disparates interesantes. El primero, que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor sólo el 30% de una góndola, la que deberá ser compartida con al menos otros cinco proveedores. El segundo, que se le deberá brindar 25% del espacio disponible en góndola a los productos de las pymes y un 5% a los de la agricultura familiar. Finalmente, que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas -lugares de privilegio para las ventas- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.

La idea no sólo parece extractada de un reglamento cuartelero sino que, por añadidura, se antoja como muy difícil de controlar. ¿Quién verificaría, por caso, su estricto cumplimiento? ¿Ingenieros con telémetros láser? ¿Agrimensores? ¿Inspectores con catálogos de marcas y fabricantes? Todo bastante delirante y propio del desconcierto colectivo que produce el proceso inflacionario.

Por supuesto que el Estado, aquel Ogro Filantrópico que tan bien describiera Octavio Paz, desea llevar adelante este galimatías a efectos de proteger a los que, imagina, son ciudadanos atontados por la publicidad y las maniobras de los grandes formadores de precios. Esto es lo que se dice en su justificación pública: la iniciativa se presenta como una forma de “tener precios transparentes y competitivos, en beneficio de los consumidores”. Loables propósitos para instrumentos tan rastreros.

La realidad, como siempre, es mucho menos edificante. Se recurre a este tipo de normas porque la clase política no tiene el valor suficiente para terminar con la inflación. Es este el flagelo, y no otro, que genera distorsiones de precios por doquier, que impide al mercado discernir correctamente sobre los valores de equilibrio y que imposibilita la competencia, que es la principal garantía de protección de los bolsillos populares y contra los abusos empresarios.

Pero terminar con la inflación no es tarea sencilla, tal como ha comprobado el presidente. Requiere acabar con el gasto improductivo del mismo Estado que pretende proteger a los ciudadanos del alza de los precios. Esto exige sacrificios que Macri no pudo (o no se atrevió) a implementar cuando tenía margen para hacerlo. En su lugar prefirió patear la pelota hacia adelante tomando deuda en el exterior y prolongando una extraña sensación de control macroeconómico heredada de Cristina, con las consecuencias a la vista.

Es lamentable que estas certezas tan evidentes sean soslayadas por los diputados del supuesto Cambio que demuestran, votando grotescos como este, que en asuntos económicos están más próximos al PJ de los ’40 que al liberalismo que dicen sostener. No es un fin de ciclo edificante para quienes se propusieron, no hace tanto, revertir la persistente decadencia argentina.