En plena campaña fiscalía sugiere intervención a Luz y Fuerza

La palabra “intervención” empieza a rondar el expediente en el que se dirime la culpabilidad -o no- de la cúpula del sindicato de Luz y Fuerza por los delitos de defraudación, asociación ilícita y lavado de activos. Gabriel Suárez, secretario general, y Jorge Molina Herrera, secretario adjunto, quedaron imputados.

Por Felipe Osman
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En los últimos días se conocieron nuevos avances en la causa radicada en la Justicia Federal que investiga la posible comisión de una serie de delitos que habrían sido perpetrados por dirigentes gremiales que conducen de la regional cordobesa del sindicato de Luz y Fuerza. Y la noticia llega en las vísperas de la elección interna en la que Gabriel Suárez buscará repetir al frente del gremio.
Tras una denuncia realizada por Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) a raíz de un informe de la UIF (Unidad de Investigación Financiera) que advirtió maniobras sospechosas en los movimientos de chequera del sindicato, la Justicia Federal inició una investigación en el marco de la cual los máximos conductores del gremio -Suárez, secretario general, y Jorge Molina Herrera, secretario adjunto- quedaron imputados por los delitos de defraudación, asociación ilícita y lavado de activos.
Este agravamiento de la situación procesal de Suárez y Molina Herrera se da en plena campaña electoral. Hasta ahora, y a pesar de las denuncias, el oficialismo encarnado por Suárez se encaminaría hacia la reelección, favorecido por la división de la oposición, que presentó dos listas: la Naranja, encabezada por Agustín Tosco, y la Azul y Blanca, liderada por Tomas Di Toffino.
Resta ver si estas imputaciones mueven -o no- la balanza entre los empleados de Epec pero, en principio, no parece demasiado probable, ya que al margen de algunas recriminaciones aisladas el oficialismo lucifuercista sigue gozando del apoyo de las áreas operativas de la compañía estatal, que se referencian principalmente en la figura de Molina Herrera.
Sin embargo antes de que se conocieran estos avances en el expediente el sindicato había tomado la iniciativa para intensificar sus negociaciones con el directorio, con el que mantuvo extensas reuniones la semana pasada. La pretensión era acercarse a la pauta salarial de los sindicatos de Río Cuarto y Regional de Villa María, que lograron mejores reajustes inflacionarios a cambio de realizar concesiones menores a la empresa, tales como aceptar el pago “en tandas” de la Bonificación Anual por Eficiencia que cada año reciben los empleados y que llega a representar un monto equivalente al de tres salarios extraordinarios.
Por ahora las tratativas no llegaron a buen puerto, ya que Suárez se opone a hacer ningún tipo de concesión, pero la predisposición de la conducción a reactivar estas negociaciones fue leída por allegados al conflicto como una necesidad del gremialista, que buscaría mostrar algún avance en las negociaciones para consolidar su camino hacia la reelección.
Ahora bien, más allá de las imputaciones a los gremialistas, que no parecen conmover demasiado a sus representados, hay otro factor que sí podría ser gravitante para el futuro inmediato de Luz y Fuerza.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que evalúe la necesidad de intervenir el sindicato para avanzar en la investigación. Queda el interrogante de cómo evolucionará este capítulo de la causa y, por otro lado, de si este “peligro” de intervención mellará o no los apoyos que recibe el actual oficialismo en su carrera a la reelección.