Chance para remover excesos en gasto municipal en salud

Los tres hospitales de alta complejidad se llevan el 15% del gasto municipal.

Por Gabriel Osman
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Alguna vez catapulta para aspirara la Gobernación, la Municipalidad de Córdoba se ha ido transformando con el paso del tiempo en una verdadera trituradora política. Después del ciclo virtuoso de los cuatro mandatos de Ramón Bautista Mestre y Rubén Martí (1983-1991 y 1991-1999), los centennial que llegaron al Palacio 6 de Julio ni siquiera sortearon el límite del primer mandato (Germán Kammerath, Luis Juez y Daniel Giacomino), por no decir que pasaron al retiro político, afirmación rigurosamente exacta para el primero y el tercero y a medias en el segundo. La excepción es Ramón Javier Mestre, pero en términos electorales tan costosos que mejor no hubiera repetido: en su competencia por llegar a El Panal sacó sólo el 11% en el promedio provincial y en ciudad apenas superó el agónico 8% de Luis Molinari Romero en la debacle radical del 2003. “Tengo que empezar de cero”, dijo en su severa autocrítica.

Por qué le ha ido tan mal a los intendentes de Córdoba. Dos son los factores principales: 1) la fabulosa expansión de la cantidad de agentes municipales en el mandato de Luis Juez (2003-2007), con un crecimiento del 80% de la planta de empleados; 2) el crecimiento de los sueldos de los municipales, cuya cobertura supera largamente el 50% de la dedicación relativa del presupuesto del municipio.

Pero existe un tercer factor y que es la hipertrofia de la dedicación de recursos a los servicios de salud y educación, en ese orden. Esto comenzó en los años ’60, cuando Víctor Martínez construyó el hospital Infantil de Alta Córdoba, siguió en los ’70 (parte del equipamiento de la ciudad por el Mundial 1978) cuando se habilitó el Hospital de Urgencias y remató la faena Daniel Giacomino (2007-2011) al habilitar el Príncipe de Asturias, en la zona sur, con una donación de la corona española. Son tres centros de prestaciones de alta  complejidad que se ubican muy lejos de las responsabilidades de su jurisdicción. La suya, según organismos como la OMS o la OPS, es la atención primaria de la salud, cuyos efectores son la cadena de atención primaria, con el eslabón 100 habilitado hace poco por el actual jefe comunal.



En los hospitales, especialmente en el Urgencias, se atienden pacientes de casi la mitad del país, en particular de las provincias del centro-norte, que solventan los contribuyentes de esta ciudad. La existencia de un mecanismo de compensación económica de la Provincia para con el municipio capitalino, con giros periódico de recursos, es un tácito reconocimiento de que la responsabilidad es suya. El 30% de los empleados municipales son del área de salud, aunque la dedicación de recursos en términos presupuestarios puede estar por encima, si se tiene en cuenta que los equipos de salud son, en gran medida, profesionales. Obviamente, en la dedicación total se cuentan sueldos, insumos y mantenimiento.

Algo similar sucede con la estructura de 37 escuelas municipales (llegaron en su momento a 38), que no es otra cosa que la alegre transferencia de matrícula de la Provincia al municipio sin contraparte y cuya entera responsabilidad le cabe a Ramón Bautista Mestre. Sin contraparte hasta hace pocos años, cuando la Municipalidad reclamó y comenzó a recibir compensaciones provinciales que, igualmente, no cubren todos los recursos que el municipio destina a educación. Esto no lo va a admitir, por respetables cuestiones filiales, el actual intendente, pero sus periódicos reclamos para que lleguen los giros de compensación, es un tácito reconocimiento.

La inminente asunción del intendente electo, Martín Llaryora, su cercanía política con el gobernador Juan Schiaretti (fue su vice entre 2015 y 2017), abonan las posibilidades objetivas para que haya una transferencia de los tres hospitales y de las 37 escuelas, sino lisa y llana, al menos a los efectos del mantenimiento y funcionamiento de estas instituciones.

El traspaso directo sería lo más deseable, pero se trata de una operación política imposible: tanto los sueldos que perciben los profesionales de la planta de salud municipal como los maestros está por encima de los que ganan sus pares de la Provincia: igualarlos hacia arriba sería tremendamente costoso –e injusto- para el Estado provincial; achicarle los salarios a estos municipales chocaría con límites legales y gremiales.

Pero la oportunidad –y la necesidad de este municipio pobre de una ciudad rica- debería estar en la agenda de ambos gobiernos que, adicionalmente, pregonan gestiones que se complementarían. Ni hablar de que Provincia y Municipalidad tienen, más allá de algunos desencuentros, tienen el mismo color político de la administración nacional. Como lo pone en evidencia un proyecto conjunto que involucraría a las tres jurisdicciones, como el ferrourbanístico.