Elecciones sin Morales, desafío del nuevo gobierno boliviano

El asunto se circunscribe, por lo tanto, a un tema de metodologías. Asumiendo que las intenciones de la presidenta son genuinas, el plan debería pasar por presentar el caso de la forma más aséptica posible, de modo tal de que el nuevo fallo también lo fuese.

Por Pablo Esteban Dávila

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha dicho, con acierto, que su misión es evitar el vacío del poder tras la huida de Evo Morales y no aceptar “otra salida que no sean las elecciones democráticas”. Son propósitos irreprochables. Por de pronto, su presidencia comienza a ser reconocida por diferentes países y, tal vez, durante las próximas semanas puedan verificarse algunos logros en cuanto a la estabilidad política del país.
Sin embargo, convocar a nuevos comicios en el contexto boliviano puede que no sea soplar y hacer botellas. Dejando de lado las cuestiones operativas (dentro de ellas, la integración del súper cuestionado tribunal electoral) hay aristas políticas que la presidenta deberá tener especialmente en cuenta para no caer en un embrollo mayúsculo.
La más importante de todas se circunscribe a si Evo Morales podrá o no participar como candidato. A priori no se advierte que exista impedimento alguno para presentarse de mantenerse su actual estatus jurídico. El hecho de haberse exiliado no es un delito y tampoco su renuncia a la presidencia debería ser un motivo de impugnación. Al menos hasta hoy, el líder cocalero podría inscribir su candidatura como cualquier otro boliviano.
Es obvio que esto no está en los planes de la señora Áñez ni de la variopinta coalición que sostiene su gobierno transitorio. Que Morales pudiera presentarse nuevamente después de todo lo sucedido sería pegarse un tiro en los pies, especialmente cuando es altamente probable que haga una buena elección. La clave de bóveda consiste, por lo tanto, en estructurar un proceso electoral que prescinda del expresidente.
Claro que esto debe ser manejado con cuidado. Si las próximas elecciones tuvieran un tufillo de proscripción, el proceso político boliviano subsiguiente quedaría asentado sobre un barril de pólvora. Para evitar este riesgo, una hipotética exclusión de Evo debería contar con sólidos argumentos jurídicos.
Este es, probablemente, el meollo de la cuestión. En rigor de verdad, Morales sólo pudo presentarse a las cuestionadas elecciones del paso 20 de octubre porque una sentencia del Tribunal Constitucional lo habilitó en base a argumentos por demás opinables. De no haber existido este decisorio, ni la Constitución ni el plebiscito celebrado en 2016 le permitían un nuevo mandato. Es decir que tanto su reciente candidatura como otra eventual en el futuro próximo dependen, en el fondo, de los jueces supremos.
Esta es, claramente, una debilidad, porque bastaría otro fallo del máximo tribunal para dejarlo afuera de la venidera contienda electoral. Si esto ocurriese, la opinión pública internacional debería aceptar que, de una vez por todas, en Bolivia se intenta cumplir con la Constitución. Morales era presidente hasta su renuncia y, legalmente, no tenía derecho a un nuevo período. En un sentido estricto, si el nuevo gobierno obtuviera una resolución semejante sería un acto de justicia.
La propia presidenta enunció este programa en el momento mismo de su asunción: “Este mandato (tendrá por objetivo) la derogación de la sentencia 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017”. ¿Podrá lograrlo? Los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional son los mismos que habilitaron a Evo su aventura reeleccionista pero que, en las últimas horas, también brindaron la necesaria tutela jurídica a su interinato utilizando el antecedente de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001. Es evidente, al igual de lo que ocurre en la Argentina, también en Bolivia los jueces están atentos a los cambiantes aires de la política.
El asunto se circunscribe, por lo tanto, a un tema de metodologías. Asumiendo que las intenciones de la presidenta son genuinas, el plan debería pasar por presentar el caso de la forma más aséptica posible, de modo tal de que el nuevo fallo también lo fuese. Si las cosas resultasen bien, el argumento de la proscripción caería rápidamente. Nadie puede considerarse proscripto si la propia Carta Magna es la que establece tal exclusión.
En lo que durara sustanciar la presentación y aguardar el veredicto, el nuevo gobierno debería abstenerse de azuzar a Evo y sus seguidores algo que, por cierto, no está haciendo en absoluto. Cuanto más se empeñe el gabinete por amenazar a sus predecesores, pues mayores serán los deseos del expresidente de regresar al poder, esto sin contar la agitación social que podría despertar los ánimos de revancha que parecen anidar en muchos sectores del flamante oficialismo.
Debe recordarse que las sociedades, ricas o pobres, intentan siempre escapar del caos. Si este se instala por mucho tiempo, las demandas políticas se vuelven más rudimentarias y cortoplacistas. El prolongar durante más tiempo que el aconsejable la indefinición sobre las próximas elecciones e incentivar, concurrentemente, las pasiones en contra del MAS y de su jefe podría consolidar, precisamente, el riesgo de un conflicto político imposible de encauzar.
Estas no son advertencias de cotillón. Más allá del hecho de que Evo haya generado un legítimo fastidio social por sus excesos, no puede deducirse de ello que la oposición haya capitalizado el descontento en idénticas proporciones. Carlos Mesa, su último contrincante y no obstante la buena elección que hubo logrado terminó por debajo de aquel y es de suponer que, dado el antecedente, todavía el expresidente cuenta con amplios sectores que lo respaldan. Exacerbar pasiones que están lejos de agostarse equivaldría, literalmente, a meter la cabeza en la boca del lobo.
El desafío de la señora Áñez pasa, por lo tanto, en lograr un fallo que deconstruya la legitimidad electoral de Morales y, tan pronto lo obtenga, convocar a elecciones sin proscriptos. Tomarse algún tiempo no es un lujo que pueda darse; tampoco el asumir que ha librado al país de una tiranía que buena parte de los bolivianos no la consideraban como tal.