La revolución del ’43, la némesis peronista de Evo Morales

Como se sabe, el origen del movimiento fundado por el entonces coronel Perón surgió tras un golpe de estado de inspiración fascista el 4 de junio de 1943.

Por Pablo Esteban Dávila

Los golpes de estado son una instancia maldita, vituperada en América Latina. Generalmente asociados con los militares y la derecha, han sido equiparados a la quintaescencia del mal, la explicación más a mano para las calamidades y las inequidades que, hasta hoy, flagelan al subcontinente. Hasta tal punto fueron transformándose en un símbolo de la villanía que, a más de cuarenta años del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón, todavía existen legiones de personas que, en Argentina, todavía viven y medran del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El hecho de que la mayoría de ellas no habían nacido cuando Jorge Rafael Videla ocupó la Casa Rosada es una prueba irrefutable de la vigencia de este tipo de mitos.

Para que el golpe militar funcione adecuadamente como el Frankenstein de la democracia tienen que darse dos componentes: un gobierno constitucional y un militar (o un grupo de ellos) que lo deponga. Esta simplificación deja de lado las revoluciones, en donde el pueblo -o porciones minúsculas de este, lo mismo da- se las arregla para voltear un régimen, sea o no legítimo, con las armas o los métodos a su alcance. Así, los golpes son malos y las revoluciones buenas, al menos para la progresía que adora las simplificaciones publicitarias.

No obstante, hay claroscuros. Uno de ellos les pega a los tobillos de la construcción política más idiosincrática de nuestro país, esto es, el peronismo. Como se sabe, el origen del movimiento fundado por el entonces coronel Perón surgió tras un golpe de estado de inspiración fascista el 4 de junio de 1943. Los insurrectos, encabezados por el general Pedro Pablo Ramírez desalojaron al presidente constitucional Ramón S. Castillo e inauguraron una dictadura nacionalista a la que le cupo el dudoso mérito de simpatizar con Benito Mussolini y Adolfo Hitler casi hasta último momento.



Muchos justicialistas aprueban este origen argumentando que, en definitiva, la revolución del ‘43 derrocó un mandatario civil pero de origen espurio. La Concordancia (coalición gobernante desde 1932) había llegado y se mantenía en el poder mediante el denominado “fraude patriótico” y, de no poner freno a esta práctica, las cosas habrían continuado del mismo modo. Conforme a la visión peronista, Ramírez y Perón hicieron justicia y permitieron el surgimiento de una nueva y redimida nación.

Lo curioso del razonamiento es que también podría utilizarse para justificar lo que sucede en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, aunque con dos excepciones. La primera, que el general Williams Kaliman no se hizo del gobierno en La Paz como sí lo hizo Ramírez en Buenos Aires; la segunda, es que los peronistas están lejos de aceptar cualquier parentesco entre ambas situaciones, violentando la lógica de los sucesos de 1943.

Déjese de lado esta última observación para detenerse en la primera. No hay dudas que el jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas se excedió al sugerirle públicamente al presidente que diese un paso al costado, pero también es claro que el propio Morales viene haciéndole pito catalán a la vida institucional de su país desde largo tiempo, así como los conservadores argentinos lo hicieron con la del Río de la Plata en los años treinta.

El repaso de los acontecimientos es categórico: en el poder desde 2006, en 2014 Evo logró una autorización del Tribunal Constitucional para presentarse a un tercer mandato pese a que la Constitución se lo impedía, utilizando el clásico argumento de que, en realidad, durante su primer gobierno había jurado sobre un texto diferente. En 2016 convocó a un plebiscito para habilitarse un nuevo período que, sorpresivamente, perdió. Entonces, desoyendo la voluntad popular, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional -integrado por jueces adictos- que, con un fallo digno del realismo mágico, le concedió el derecho de presentarse a una nueva reelección hace ya dos años atrás. Finalmente, el pasado 20 de octubre se proclamó presidente tras unas elecciones que la propia Organización de Estados Americanos (OEA) definió como fraudulentas. Si Castillo estuvo bien depuesto (al menos para el imaginario peronista), entonces Evo también lo estuvo. La revolución del ’43 sería una némesis peronista para la legitimidad del líder cocalero.

Claro que el progresismo argentino descalificaría el antecedente como un mero silogismo. Evo es el pueblo, Evo es indígena y, por lo tanto, la bondad y pureza les son inmanentes. Cualquiera haya sido el motivo de su renuncia pues los culpables son los otros: los militares, las minorías blancas, los reaccionarios de Santa Cruz de la Sierra o el inefable Luis Fernando Camacho. Hasta incluso los argumentos de tipo antropológico son aceptados sin reparos en medio del desconcierto: “Es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos” afirmó nada menos que Alberto Fernández. Más allá sus intenciones laudatorias, no deja de ser un caso de racismo inverso que merecería la intervención del INADI.

Pero todavía falta el componente militar para cerrar el conceto técnico de “golpe”. Hasta ahora, el ejército boliviano no ha reprimido ni tampoco se ha erigido como el garante del nuevo gobierno del que, para más datos, todavía no se tienen muchas noticias excepto que la senadora Jeanine Añez asumía anoche la presidencia interina. Esta suerte de abstención de las Fuerzas Armadas debería ser celebrada por la izquierda, que bate el parche constantemente por los supuestos excesos de los carabineros y el ejército de Chile en las manifestaciones contra Sebastián Piñera, pero es evidente que ha primado la liturgia de la interpretación de los acontecimientos por sobre la realidad de los hechos.

Esto no quiere decir que Bolivia esté pariendo un nuevo y bonito orden de cosas tras la partida de Morales hacia el asilo mexicano. Los desafíos son muchos y, el primero, es superar el riesgo de la anarquía. En este sentido, es auspicioso que la opositora Añez, de casualidad en la línea sucesoria tras la renuncia masiva de las autoridades identificadas con Morales, haya aceptado intentar una salida institucional a la acefalía que vive el país y comprometer a la Asamblea Legislativa a formar un gobierno interino. Si todo sale bien, la transición boliviana tal vez se asemeje a lo sucedido aquí tras la caída de Fernando de la Rúa, verificándose una suerte de Poder Ejecutivo con base parlamentaria hasta tanto se convoque a nuevas elecciones. No obstante, si las cosas no ocurren de este modo, puede que las consecuencias sean devastadoras.

En este punto puede aventurarse que si la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS – el partido de Morales) no se aviene a trabajar con la oposición en un par de consensos mínimos, pues entonces crecerán las dudas sobre el real margen de maniobra de la presidenta interina. Y, si esto sucediese, hasta podría aparecer algún militar ahora sí dispuesto a hacer “el sacrificio patriótico” para enderezar el barco escorado. En otras palabras: si Bolivia no toma el ejemplo de la crisis argentina de 2001 (una solución constitucional a un gravísimo problema de gobernabilidad) la tentación del golpe -es decir, de uno auténtico, con uniformes, fusiles en ristre y todo el folclore castrense- será tan real como el progresismo quisiera que fuese en este momento para así tener algún enemigo continental que disimule, de alguna manera, las inocultables dictaduras de los Castro, de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega.