Fraude a las ART: otra tanda de letrados y médicos a juicio

La Justicia local avanza en la tarea de establecer responsabilidades por las escandalosas maniobras defraudatorias que quedaron al descubierto en 2009. Ya hay condenados y otro debate en agenda para 2020.

Tras 10 años de investigación, la Justicia provincial avanza en la tarea de determinar responsabilidades por estafas a Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) mediante reclamos indemnizatorios basados en certificados médicos truchos.
Luego de que en septiembre se dictara el primer fallo en el marco de la denominada “megacausa” y se condenara a cuatro abogados y a tres médicos por defraudar a Provincia ART en un juicio abreviado, el Juzgado de Control en lo Penal Económico confirmó la elevación a debate de otro expediente, en el cual seis letrados, cinco galenos y un particular deberán sentarse en el banquillo por, presuntamente, orquestar maniobras destinadas a lograr acuerdos con otras firmas por enfermedades inexistentes.
El juez Gustavo Hidalgo ratificó que valiéndose de las debilidades del sistema los profesionales laboralistas pusieron en marcha acciones destinadas a obtener réditos económicos ilegítimos de las ART, captado dolosamente a cientos de clientes, por sí mismos o por intermedio de “reclutadores”, con la finalidad de convencerlos de iniciar demandas sin fundamentos.
Según la acusación, ahora confirmada, los involucrados citaban a los empleados al consultorio de algún médico que, en el mejor de los casos, los sometía a una revisación clínica aparente, para luego hacerles suscribir reclamos; muchas veces, en formularios pre impresos y facilitándoles solo la parte del escrito en la cual debían estampar su firma.
Hidalgo indicó que los imputados promovieron cientos de demandas en un breve lapso ante el fuero laboral, acompañadas por certificados ideológicamente falsos en los que constaban patologías inexistentes o no vinculadas al trabajo, precisando que en esa instancia se ponían en contacto con la ART respectiva o con sus apoderados, para negociar, ofreciendo la posibilidad pactar; todo ello, sobre la base de otros certificados, también falsos, en los que se reducía sustancialmente el porcentaje de incapacidad consignado.
Según explicó el juez, esas propuestas habrían sido aceptada por razones económicas por las ART y, entonces, ambas partes comparecían ante la Justicia para que se homologara el acuerdo y la demandada depositara fondos para librarse de las actuaciones, con el consecuente perjuicio patrimonial.
En su decisorio, el magistrado analizó los hechos y las pruebas incorporadas en las distintas instancias de la pesquisa comandada inicialmente por el fiscal Enrique Gavier y continuada por Alfredo Villegas, rechazando los cientos de agravios presentados por los defensores en las nueve oposiciones y nulidades al requerimiento.

Rabieta
Está previsto que en 2010 comience otro debate en contra de dos letrados, cinco médicos y empelados del sistema de salud y delegados gremiales, como supuestos miembros de una asociación ilícita dedicada a estafar aLiberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA.
Ese expediente fue elevado a juicio en junio de 2017 y opacó la rabieta de los abogados locales por los dichos del presidente Mauricio Macri, quien días antes había apuntado a las consecuencias negativas de la “industria del juicio laboral” para la generación de empleo y fue destazado por los letrados cordobeses vía comunicado.
Las escandalosa trama que ocupa al Judicial quedó al descubierto a fines de 2009, mientras Córdoba lideraba el ranking de jurisdicciones con mayor litigiosidad laboral (la cámara que agrupa a las ART indicaba que cada 10 mil trabajadores, 211 generaban pleitos en el fuero).
En aquel entonces, el ex titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, expuso las irregularidades y se reunió con el Tribunal Superior para pedir colaboración.
El funcionario precisó que desde el punto de vista epidemiológico y científico no era lógico que hubiera grupos de 40 o 50 personas con las mismas patologías y sin informes de respaldo. Paralelamente, puntualizó que los ardides implicaron una pérdida anual para el sistema de más de 100 millones de pesos.
La visita de González Gaviola generó una investigación que constató una avalancha de reclamos espurios en contra de la Municipalidad y de la Provincia.
Tras el estudio de casi seis mil procesos se comprobó que al menos cuatro mil eran presentaciones acordadas, con certificados en los cuales figuraban las firmas de los mismos galenos, por enfermedades que se repetían.
El Colegio de Abogados discutió las objeciones de González Gaviola y la pesquisa que suscitaron y pidió el jury de los instructores (el fiscal Gavier, su colega Mariano Antuña y el juez de Control Esteban Díaz).
La entidad adujo que las irregularidades provenían de la superintendencia y llegó a reclamarle a González Gaviola que en lugar de hablar de índices de litigiosidad récord (Córdoba concentraba más de 20 por ciento del total de casos en el país) se ocupara de bajar la siniestralidad.
En suma, la entidad se limitó a reivindicar el derecho de sus colegiados a patrocinar demandas.

“Mafia”
El colegio reaccionó en sentido similar por las manifestaciones del primer mandatario, cuando habló de “la mafia de los juicios laborales”.
Alineados, los letrados de la capital y los del interior desmintieron el cuadro de situación y señalaron a los empresarios como exclusivos culpables de la problemática, interpretando que los conceptos de Macri eran un ataque a su profesión.
Lo cierto es que según datos del TSJ la cantidad de demandas laborales llegó a su máximo en 2009 (más de 35 mil), y que los índices comenzaron a bajar a partir del momento en el el fraude que generó la “megacausa” salió a la luz.