Retorno a subsidiolandia

La Argentina ha perdido sus sueños prácticamente en todos sus niveles. Trabajadores y empresarios confían más en el gobierno de turno que en sus propias habilidades.

Por Pablo Esteban Dávila

La FETAP deslumbra con su creatividad. Reduce todo el problema del transporte urbano a más subsidios. No hay otra salida. Ni reducción de costos internos, ni mayor eficiencia en la flota de colectivos, ni (¡vade retro!) llevar las tarifas a niveles de equilibrio. Simplemente, esperan el retorno a subsidiolandia, al país de la jauja. Los empresarios demuestran que, al fin y al cabo, son argentinos.

El problema es de donde podría salir la plata para satisfacer estas pretensiones. El municipio capitalino ha oblado más de 100 millones en lo que va del año y no puede poner un peso más. Ramón Mestre no está dispuesto a hacer ningún sacrificio adicional, una reticencia que incluye la actualización del precio del boleto. Esto se explica sin esfuerzo: en apenas treinta días le dejará el poder al peronista Martín Llaryora.

Esto no significa que el nuevo intendente venga con el pan bajo el brazo. Lejos de ello, se presume que tendrá que afrontar problemas de caja para el propio funcionamiento de la administración. Tampoco su mentor, el gobernador Juan Schiaretti, parece estar interesado en involucrarse en el asunto. Cuando el gobierno nacional anunció un masivo recorte de estos fondos el año pasado, desde el Centro Cívico se hizo saber que ya suficiente tenían con los boletos estudiantil y social, auténticos subsidios a la demanda.



Puede suponerse que, una vez que Llaryora se encuentre instalado en el Palacio 6 de Julio, Schiaretti no tardará en cambiar de opinión, aunque no existen garantías de que, aun queriendo hacerlo, efectivamente pueda ayudarlo. La provincia está extenuada después de su monumental programa de obra pública y los incumplimientos de la Nación en materia financiera. El próximo será un año de dientes apretados también para el Centro Cívico, lo que condicionará severamente las líneas de ayuda a los municipios.

Los empresarios intuyen que ambas pinzas de la tenaza fiscal -la provincial y la municipal- no tendrán la fuerza suficiente como para aferrar el clavo del trasporte y, por ello, imaginan otra alternativa para el mangazo corporativo en ciernes: la presidencia de Alberto Fernández. Suponen que el exjefe de gabinete de Néstor y de Cristina desempolvará viejas recetas para enfrentar la crisis y volverá a la política de subsidiarlo todo a condición de mantener a raya el descontento popular.

Es, en verdad, un camino posible, pero también Fernández tendrá límites precisos para adoptar cualquier conducta pródiga en la materia. La realidad de estanflación que vive el país genera incrementos constantes de precios (y de los costos) y una crónica retracción de la economía. La consecuencia es que el Estado recauda cada vez menos en términos reales y que la situación social tiende a agravarse sin que existan recursos suficientes para aliviarla.

Además, ya no es viable tomar deuda en el exterior. El propio presidente electo acaba de sincerarse frente al ecuatoriano Rafael Correa en un reportaje en la TV rusa. “No podemos pagar la deuda en las condiciones que está Argentina”. Si no puede honrarla, pues tampoco podrá pedir nuevos empréstitos. No hace falta ser un semiólogo para comprender que Fernández tiene perfectamente en claro que, salvo el FMI, nadie prestará un dólar al en los próximos meses.

Siempre existe la posibilidad, por cierto, de que se ponga en funcionamiento la máquina de imprimir billetes y que una parte del efectivo termine en las unidades que regentean los empresarios de la FETAP. Esta es, claramente, una de las opciones que manejan los asesores económicos del nuevo gobierno. Sin embargo, cualquiera puede intuir que esta solución conllevará el agravamiento del proceso inflacionario, de por sí suficientemente preocupante sin recurrir todavía a la emisión masiva, al estilo de las que popularizaron las gestiones K como si fueran grandes gestas macroeconómicas.

Por lo tanto, las ilusiones de los transportistas de encontrar la suficiente receptividad en los futuros inquilinos de la Casa Rosada deberían ser puestas en su justa dimensión. Todo dependerá, en definitiva, de un programa económico del Frente de Todos del que, por ahora, no existen noticias. Además, tendrán competencia en la puja. Es de suponer que el relanzamiento de los subsidios como política de Estado debería contemplar no solamente al transporte de pasajeros sino también la energía que reciben hogares y empresas. Porque, si de “desdolarizar” las tarifas del gas y la electricidad se trata, alguien tendrá que poner la diferencia, a menos que se acepte (ya ha sucedido) que la producción de hidrocarburos se desplome con la inevitable distorsión de los precios relativos.

La FETAP, en consecuencia, debería poner las barbas en remojo o, mejor dicho, buscar soluciones más creativas al crónico problema de sustentabilidad del que adolece el transporte en Córdoba. Por ejemplo, podría abandonar alguna vez el rol de demandante insatisfecho y sentarse con la UTA a reflexionar sobre las cosas que andan mal y podrían mejorarse. Trabajar sobre la modernización del convenio colectivo de trabajo podría ser una de ellas. Bajaría costos sin necesidad de dejar gente sin trabajo y se utilizaría mejor la dotación de unidades. Podría, entre otras cosas, diseñar junto con los técnicos del municipio las mejores estrategias para dejar de perder pasajeros a manos de otros sistemas de movilidad y brindar un servicio de mayor calidad. Existen muchas aristas por explorar que, lamentablemente, nunca se abordan porque es muchísimo más sencillo pedirle plata al papá Estado para ocultar las ineficiencias y seguir funcionando alla brava.

¿Por qué ni siquiera se intenta? Las explicaciones son muchas y quizá excedan al caso bajo análisis. La Argentina ha perdido sus sueños prácticamente en todos sus niveles. Trabajadores y empresarios confían más en el gobierno de turno que en sus propias habilidades. Parecería no haber espacio para pensamientos fuera de la zona de confort. Especúlese, por caso, que sucedería si se quisiera agilizar el sistema espaciando las paradas. O si se les propusiera a los choferes trabajar una hora más, como lo hacen sus colegas en el resto del país. O, lo más triste, si los jerarcas de la FETAP aceptarían que los anhelados subsidios nacionales se percibieran a través de los usuarios y no de los funcionarios, tal como ha sido hasta ahora. Cualquiera de estas alternativas produciría debates tan amargos que terminaría por abortar las reflexiones más atinadas sobre las inconsistencias de fondo.

Esta sensación de déjà vu se vuelve todavía más opresiva al comprobar que el empresariado vinculado a los servicios públicos continúa añorando este orden de cosas después de que muchos de sus colegas están procesados, junto a eminentes exfuncionarios, por causas de corrupción vinculadas al reparto discrecional de subsidios. Literalmente podría decirse que están dispuestos a seguir arriesgando sus vidas y buen nombre con tal de no renunciar a este opaco esquema de financiamiento, que alienta la corrupción y el despilfarro.

Siempre podrán argumentar que la mayoría de los países subsidian el trasporte urbano. Esto es cierto. Pero también debería contarse el resto de la película. Que aquellos sistemas son más modernos que los nuestros, que satisfacen al usuario y que los entornos económicos que los sustentan son ordenados, estables y con financiamiento abundante y barato. Que, en definitiva, los subsidios son posibles en naciones serias, competitivas, cuyos asalariados y capitalistas no lo esperan todo del presidente, del endeudamiento externo o de la emisión de dinero espurio para salvarse. No es, en absoluto, nuestro caso.