Los argentinos les escapan a los pesos

La gestión de Alberto Fernández inicia con varias emergencias que atender en un clima de alta inestabilidad cambiaria y financiera. Esto lleva a que la atención se centre en el nivel de las reservas internacionales; antes de las PASO las reservas brutas eran U$S 66 mil millones y se llegó a las elecciones de primera vuelta con unos U$S 46 mil millones. El cepo se profundizó a un nivel que es insostenible en el largo plazo.
La consultora Idesa plantea que, para entender por qué se agudizó el drenaje de reservas es recomendable observar cómo se comporta la tenencia de pesos argentinos por parte de la gente. Tomando el cociente entre los pesos que la gente tiene en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro y el Producto Bruto Interno (PBI) que mide el tamaño de la economía se observa que en diciembre del 2017 la cantidad de dinero en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro en poder de la gente representaba el 15% del PBI.
Un año después ese mismo indicador bajó a 13% del PBI y en octubre del 2019 está en el 10% del Producto. Estos datos muestran el “creciente rechazo que tienen los ciudadanos por tener pesos argentinos en efectivo o en depósitos bancarios de disponibilidad inmediata”.
El estudio indica que en un contexto de alta inflación, y creciente, la gente busca protección comprando rápidamente cualquier producto, en especial, dólares. Obviamente, que los mecanismos utilizados varían según se trate de una persona de muy bajos ingresos respecto de quien maneja grandes sumas de dinero. Pero más allá de la sofisticación del instrumento utilizado, la lógica es la misma: sacarse los pesos de encima para eludir el impuesto inflacionario.
La principal conclusión es que a la gestión que comenzará el 10 de diciembre se le cerraron todas las vías de financiamiento del déficit fiscal. Por un lado, nadie está dispuesto a prestarle al Estado. La evidencia más clara es el “reperfilamiento”, una elusiva denominación que se usó para posponer el repago de los bonos públicos ante la negativa del mercado a refinanciarlos. Pero lo más grave es que la gente está manifestando que tampoco está dispuesta a aceptar más emisión monetaria. Sin posibilidad de tomar deuda y sin disposición de la gente a aceptar más emisión monetaria, los riesgos de hiperinflación son altos.
“Reperfilar” las LELIQ y/o firmar un pacto social son paliativos. Para Idesa ninguna de estas medidas, solas o combinadas, atacan el origen del problema que es la insolvencia terminal del sector público: “En el mejor de los casos sirve para ganar tiempo mientras se toman medidas para revertir más de medio siglo de déficits fiscales sistemáticos. La única manera de evitar la hiperinflación es la solvencia fiscal. Para ello hay que abordar un estrategia integral de ordenamiento tributario, previsional y funcional del sector público”.
Desde el Ieral, Jorge Vasconcelos indica que la convocatoria al pacto social no es suficiente para anclar las expectativas de inflación y, por ende, dar vuelta las tendencias recesivas. Se requiere una “viga maestra” para sostener el andamiaje, y el único instrumento que reúne los requisitos es el de un compromiso firme del sector público en sus tres jurisdicciones para una pauta de variación del gasto corriente en 2020 a un ritmo que recorte entre 15 y 20 puntos porcentuales la inflación acumulada de los últimos doce meses
“Dada la necesidad que tiene la Argentina de recuperar el crédito, y la importancia que para este objetivo tiene la conducta fiscal del estado, exigirle todo el esfuerzo a la Nación, que representa la mitad del gasto público consolidado, es duplicar el peso de la mochila. Reconociendo que hay garantías para provincias y municipios en lo que hace a la transferencia automática de recursos coparticipables, quizá una fracción de éstos pueda derivarse a ahorro e inversiones, si estas jurisdicciones se involucraran en el Pacto Social que se está procurando forjar”, agrega.