El macrismo da pelea por fondos del Judicial

Se busca que la Corte maneje menos caja y que suba el presupuesto del Consejo de la Magistratura. El argumento es que el sistema de distribución impacta en la independencia porque deja al organismo y a los tribunales que administra financieramente vulnerables.

Los recientes fallos con alto huella política dictados por la Corte tensaron aún más su relación con Gobierno.
El vínculo empezó a complicarse en junio de 2018, cuando el tono del sorpresivo reclamo por fondos de la Máxima Instancia generó un conflicto con la Administración de Mauricio Macri.
En esa oportunidad, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti le cursaron una nota al jefe de Gabinete, Marcos Peña, solicitando más dinero, y aventuraron la posibilidad de que el servicio de Justicia corría riesgo de parálisis por falencias presupuestarias.
El ministro Germán Garavano puso en duda la versión del Supremo y sostuvo que las partidas alcanzaban “perfectamente”, pero los ministros no acusaron recibo. Insistieron con esquelas y reuniones y a mediados de noviembre volvieron a la carga con el tema, reiterándole a Peña la necesidad de modificar asignaciones para aumentar sueldos.

Resistencia a la austeridad
La resistencia a la austeridad de los supremos no dio resultado: Peña anunció que no habría giros y argumentó que la Nación, las Provincias y otros estamentos del Estado hicieron esfuerzos para bajar gastos y que las modificaciones, tal como fueron requeridas, afectarían “fuertemente” los recursos del Tesoro.
El diciembre, al presentar los resultados del programa gubernamental Justicia 2020 en el CCK, Macri no desaprovechó la oportunidad para referirse a la polémica y alentó a la Justicia a “dar el ejemplo” y a “construir un verdadero vínculo con la sociedad”.
Bajo esa premisa, el mandatario destacó el “rol fundamental” del Judicial en la estabilidad y en la previsibilidad del país, así como en la tarea de reducir la pobreza.
El enfrentamiento del año pasado dejo secuelas y los decisorios de la Corte “IVA” y “Ganancias” profundizaron las desavenencias entre los poderes.
El asunto de los recursos sigue en la mira de Cambiemos. La semana pasada, el diputado del PRO Pablo Tonelli propuso redistribuir los recursos asignados al Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte y aumentando los del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según Tonelli, el sistema de distribución es inadecuado porque deja al organismo y a los tribunales bajo su administración “en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica”, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia de la Justicia
El legislador reseñó que la ley 23.853 le signa al Judicial el 3,5 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración central y precisó que de acuerdo con el DNU 557/05, dictado por Néstor Kirchner, el 0,57 por ciento va a la Corte y el 2,93 por ciento al consejo de la Magistratura. Para Tonelli, la asignación de fondos en cabeza del organismo que integra es inapropiada porque más del 95 por ciento se destina al pago de salarios, lo cual torna imposible hacer inversiones mínimas.
Paralelamente, alegó que la situación presupuestaria y financiera de la Corte es “diametralmente opuesta”. En ese sentido, planteó que a partir del “desequilibrio presupuestario” que consagró el DNU pasó a administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo su absoluta discrecionalidad.

Cambio
El cambio que impulsa Tonelli implica que del 3,5 por ciento del presupuesto asignado, el 0,35 por ciento sea para la Corte y el 3,15 por ciento para el Consejo de la Magistratura. “La readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión”, estimó.

Fondo anticíclico
Los lamentos del oficialismo por el manejo de dinero por parte de la Corte no son nuevos, y en el actual escenario los pases de factura por los alrededor de 15 mil millones de pesos que tiene congelados en su “fondo anticíclico” están a la orden del día; especialmente, porque no se destinan a mejorar el servicio de Justia.
Cabe recordar que el año pasado, en plena puja por dinero, el Alto Cuerpo decidió reforzar la el acopio de ahorros que inauguró en 2008.
Mientras el Judicial insiste con sus reclamos por incrementos salariales, una encuesta de la Universidad de San Andrés concluyó que la Corte es una de las instituciones peor vistas por la opinión pública, con un nivel de insatisfacción que supera el 70 por ciento.
Además, el estudio precisó que entre distintos actores sociales los jueces son el sector peor visto, con sólo 12 por ciento de imagen positiva.