Nuevo juicio para De Vido daña narrativa “presos políticos”

A un año de ser condenado por su rol en la tragedia de Once, el ex súper ministro del kirchnerismo, actualmente en el banquillo por la causa “Obra pública”, fue enviado a debate por “Skanska”.

juicio-devidoLa narrativa que sostiene que los políticos presos por corrupción son presos políticos y cuestiona los ecarcelamientos cauterales de saqueadores del Estado  se basa en omitir, convenientemente, hechos. En el caso Julio De Vido, una condena.

Hace un año, en el marco del segundo juicio por la tragedia de Once, la Justicia le impuso cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitado en forma perpetua para ejercer cargos públicos al ex súper ministro del kirchenrismo, por el delito de defraudación contra la Administración, por el manejo fraudulento de los subsidios que recibía la concesionaria TBA, que tenía a su cargo el tren Sarmiento.

Con sendos procesamientos en el marco de  expedientes por corrupción y juicios en marcha, De Vido fue enviado al banquillo ayer por su rol en la trama “Skasnka”, el primer escándalo por coimas de la era K.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso la elevación a debate del caso que también involucra al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al ex gerente General de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa.



En “Skanska” se investiga el pago de coimas a ex funcionarios mediante el uso de facturas truchas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.

Casanello dio por acreditado que hubo un acuerdo espurio en virtud del cual De Vido recibió dinero por parte de directivos del grupo económico y que, como contraprestación, intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado “Proyecto de Expansión de Gas 2005”, mediante el cual se garantizó adjudicación del proyecto a Skanska, pese a la existencia de desvíos presupuestarios.

La instrucción comenzó hace 13 años. La clave para que avanzara fue la ratificación de la validez probatoria de una grabación telefónica.

“Pingüino”

En 2006, con un micrófono oculto, Claudio Corizzo, ex síndico de la compañía sueca, registró a Javier Azcárate, uno de los gerentes comerciales, diciendo: “Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, 200 millones de palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo al tipo que hizo todo el tromping (sic) y al muchacho, al ‘pingüino’ de acá a dos cuadras?”

El registro fue declarado nulo en 2011. Cinco años después la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la medida y en 2017 la Corte Suprema confirmó que podía usarse.

Lo hizo al rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de Azcárate, al valorar que no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni refutó los fundamentos del decisorio que objetó, dictado a mediados de 2016 pasado por la Sala IV de la Máxima Instancia en lo Penal del país.

La conversación entre Corizzo y Azcárate se dio luego de que la sede de la empresa en Buenos Aires fuera allanada por orden del entonces juez federal Guillermo Montenegro.

En esa oportunidad, el magistrado convocó a indagatoria al ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y a Ulloa.

El ex juez Norberto Oyarbide procesó al entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, a Madaro y a Ulloa, pero todos fueron sobreseídos en 2011, por la Sala I de la Cámara Federal.

Ese tribunal -conformado por Eduardo Freiler (destituido), Jorge Ballestero (renunció) y Eduardo Farah  (trasladado)- anuló la prueba alegando que no podía usarse porque se trató de una grabación clandestina en la que Azcárate se autoincriminó.

También argumentó que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno del 2005 y, pericia mediante, consideró justificados los presupuestos que pasaron las empresas contratistas (Skanska, TBU, Techint y Odebrecht), pese a que superaban a los proyectados por las gerenciadoras.

“Aun con el desfase entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad predicada por Oyarbide es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”, escribieron Freiler, Ballestero y Farah, añadiendo que Oyarbide “construyó” la teoría de las coimas en un “plano especulativo”, cuando “se vio frente a una vía muerta al intentar avanzar en la ruta del dinero que salió de Skanska”.

En diciembre de 2015, la Corte, a pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo por ese entonces de Manuel Garrido, dispuso que se revisara la decisión. Luego, la Casación la declaró válida.

La defensa del ex gerente Comercial de Skanska dijo que el diálogo en el que Azcárate habla de facturas falsas y de cómo se repartieron las coimas fue fruto de un “engaño” y alegó que la grabación fue “parajudicial”.

No obstante, por mayoría, la Casación aclaró: “Las grabaciones, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles”.

“Azcárate le contó a Corizzo lo que había sucedido sin presiones de ningún tipo, conociendo las consecuencias de sus dichos, pues su relato estaba dirigido a quien la empresa había dado la función de averiguar lo ocurrido”, continuó.

Río Turbio

Las pesquisas que le costó la libertad a De Vido es la que se instruye por  irregularidades en el financiamiento de la mina Rio Turbio.

Ni el kirchnerismo ni sus aliados fuera del clóset ni la izquierda lograron arropar con sus fueros al diputado, que quedó detenido en octubre de 2017.

En marzo, al cumplir 500 días en la cárcel De Vido escribió una extensa carta en la red social Facebook en la cual sostuvo que “los amarillos” son personas que “encarnan lo peor de la naturaleza humana”.

En tanto, interpretó que los avances del Judicial en múltiples episodios de robo a las arcas públicas son “escarnios” y “prueba palmaria” de un Legislativo que no cuida a los “perseguidos políticos y encarcelados”.