IVA y Ganancias: la Corte falló en tiempo récord

Dividida, dispuso que la baja sea fondeada por la Nación. Nuevamente en soledad al resolver un tema con peso político, Rosenkrantz sostuvo que la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación no les otorga a las provincias “derecho ni expectativa” sobre un determinado nivel de recaudación.

Por María del Pilar Viqueira

Sin el voto de Elena Highton y con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, la Corte determinó que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar las sumas que les corresponden a Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán vía coparticipación.
Los supremos Juan Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dispusieron cautelarmente que los costos de la aplicación de los decretos y de las resoluciones generales del Fisco cuestionados sean fondeados con recursos propios del Estado Nacional.
Los autores del voto mayoritario apoyaron a las 15 jurisdicciones gobernadas por opositores que acudieron a la competencia originaria del Máximo Tribunal alegando que el Poder Ejecutivo Nacional detrajo montos sin tener competencia.
Al analizar el caso que generó Entre Ríos pero cuyo resultado se hace extensivo al resto de las jurisdicciones que reclamaron, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que las medidas que tomó el Gobierno de Mauricio Macri luego de las PASO podrían erosionar la masa coparticipable
Bajo esa premisa, consideraron que el perjuicio a las arcas provinciales podría resultar irreparable, en la medida en que el dinero que dejarían de percibir fue presupuestado a nivel local y está comprometido para ejecutar políticas públicas en curso.
Nuevamente en soledad al resolver un tema con peso político, Rosenkrantz sostuvo que la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias no les otorga “derecho ni expectativa alguna” sobre un determinado nivel de recaudación.
“Las provincias carecen por sí solas de todo derecho jurídicamente exigible a determinar la política recaudatoria que encara el régimen tributario nacional”, escribió el titular de la Máxima Instancia.
“Las variaciones en la recaudación de los impuestos nacionales, sea por la causa que fueren, resultan un evento previsible y en modo alguno pueden, por sí mismas, dar lugar a la presunción de que provoquen un daño irreversible a las provincias en la ejecución de sus respectivos presupuestos”, continuó.

Córdoba
En tanto, aclaró que ello no debía confundirse con el derecho de las provincias a la distribución de impuestos coparticipables ya recaudados, recordado que se trata de un punto que la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos sí les concede y en base al cual la Corte decidió casos anteriores, en 2015, que involucraron a Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Sobre esos precedentes, recordó que las causas se originaron en las demandas de las tres provincias objetando la validez de normas que establecían determinadas sustracciones del monto total de impuestos coparticipables una vez recaudados, que no eran las previstas en la Ley de Coparticipación ni habían sido consentidas por las actoras.
Así, detalló que se trataba de activos que ya habían ingresado a la masa coparticipable y que, por ende, Córdoba, Santa Fe y San Luis eran titulares de un derecho subjetivo a reclamar por la detracción realizada por el Estado Nacional; es decir, que no se trató de acciones dirigidas a cuestionar el tipo de impuestos creados u omitidos por la Nación, ni su alcance, ni la modalidad de su fiscalización, como en el caso que inició Entre Ríos.
Además, Rosenkrantz subrayó que el control de constitucionalidad debe ser llevado a cabo en el marco de la resolución de causas contenciosas promovidas por parte interesada, un requisito cuya rigurosa observancia es necesaria para la preservación de la división de poderes y su ejercicio equilibrado.
“Resulta manifiesto que Entre Ríos no es parte interesada pues no tiene un derecho a que se mantenga inalterado un determinado nivel de recaudación de los impuestos coparticipables”, disparó.

Tradición
El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue el primer funcionario en referirse al decisorio.
“Se verá de qué manera se puede cumplir, el fallo no es claro en cuanto al alcance operativo”, declaró.
Sobre el efecto político de la sentencia, a 26 días de las elecciones, dijo: “Escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales. El análisis corre por cuenta de los analistas”.
En tanto, Elisa Carrió emitió un comunicado junto a sus pares de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.
Los cuatro pusieron en duda la independencia de los jueces que inclinaron la balanza a favor de las provincias días antes de las elecciones y los acusaron de “jugar a la política”.