Ruido e invasión de poderes en El Palomar

El barón de Montesquieu, en su famosa obra “El espíritu de las leyes”, se refería al gobierno de los jueces como una forma de corrupción de la república. En este caso, se trata una magistrada que pretende competir con la ANAC en su misión de (citamos textual) “Normar, Regular y Fiscalizar la aviación civil Argentina, optimizando niveles de seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos de todo el país”. No es una exageración.

Por Pablo Esteban Dávila

palomarLa jueza Martina Forns, quien intenta limitar la operación nocturna del aeropuerto de El Palomar, ha ingresado descaradamente en el terreno del cogobierno. Con su ridícula resolución anti Low Cost invade esferas que son privativas del Poder Ejecutivo nacional y violenta la división de poderes establecida por la Constitución Nacional.

El barón de Montesquieu, en su famosa obra “El espíritu de las leyes”, se refería al gobierno de los jueces como una forma de corrupción de la república. En este caso, se trata una magistrada que pretende competir con la ANAC en su misión de (citamos textual) “Normar, Regular y Fiscalizar la aviación civil Argentina, optimizando niveles de seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos de todo el país”. No es una exageración.

En efecto, ¿para que tenemos la ANAC con su presupuesto y sus técnicos supuestamente calificados si la señora Forns es capaz de decidir, en la soledad de su despacho, sobre una materia eminentemente técnica como lo es la operación de un aeropuerto? ¿Por qué no encomendarle, ya que está, el diseño de rutas aéreas, cartas de aproximación instrumental o el entrenamiento de los futuros pilotos? Sería una forma de reducir el déficit que azota al Estado nacional. Una jueza por casi 2.000 burócratas. Es un negocio redondo.



Algún garantista dirá que la decisión judicial protege derechos de terceros (el denominado derecho al descanso) y que no pretende avanzar sobre aspectos estrictamente aeronáuticos, pero el argumento es débil. Los aviones necesitan aeropuertos y, sin ellos, no pueden operar. Además, la aviación comercial está diseñada para volar todo el tiempo, de día o de noche, en buenas o malas condiciones meteorológicas. Es la única manera de ser rentable y satisfacer las diferentes demandas de viaje de sus pasajeros. Limitarla a los horarios diurnos es pulverizar cien años de extraordinarios avances tecnológicos.

Además, y siguiendo este criterio, muchos aeropuertos situados en el corazón de grandes ciudades deberían cerrar, en la Argentina y en el mundo. Por ejemplo, cuando los aviones aterrizan por la pista 13 del Aeroparque porteño -la cabecera que da al norte de la aerostación- deben sobrevolar áreas densamente pobladas y, en su aproximación final, hacerlo sobre muchos edificios situados en la avenida del Libertador en el sector de Olivos. Estos vuelos también hacen ruido, mucho menos que hace 20 años atrás (es notable como han progresado los turborreactores en la materia), pero ruido al fin. Es la misma situación que la impugnada por su señoría.

No obstante, lo más increíble de todo este proceso es que el aeropuerto de El Palomar existe desde 1910 y que funge como una base de la Fuerza Aérea Argentina desde mediados de la década del d40. Hasta la llegada de las Low Cost en 2018, allí han operado toda clase de aviones, la mayoría de ellos mucho más ruidosos que los modernos Boeing 737 -800 de Flybondi o los Airbus A320 de JetSmart. Cualquier aficionado a la aviación sabe que un C130 Hércules o un Fokker F28 (dos aeronaves que revisten en la flota de la Fuerza Aérea y que tienen su asiento en el lugar) generan más estruendo que aquellos.

¿Debería también limitarse la Fuerza Aérea a operar de día en El Palomar? Si, por ejemplo, un Hércules tuviera que despegar en vuelo nocturno para alguna operación de ayuda humanitaria o que hiciera al interés nacional, ¿tendría que solicitar permiso al juzgado de la señora Forns en lugar de las oficinas de Plan de Vuelo (ARO AIS, en la jerga)? Y ni pensar en alguna situación que requiera el empleo de aviones de combate en el área de Buenos Aires -como podría ser una cumbre presidencial o algún evento internacional- que, llegado el caso, recomendara utilizar la pista de este aeropuerto para repostaje o emergencias. ¿Sería su señoría quien autorizase estas excepciones, a la usanza de un poder extranjero? Es todo muy ridículo.

Válganos, Dios, de tener que seguir analizando estas locuras tan argentinas. La justicia descubre que existe El Palomar justo cuando las Low Cost están intentando hacerse un lugar en el mercado y permitiendo que cientos de miles de compatriotas puedan volar por primera vez en su vida. Antes no importaba que los aviones de la I Brigada Aérea hicieran mucho o poco ruido, o aún que los aviones de LADE (Líneas Aéreas del Estado) operasen en los horarios que juzgaren más convenientes, tanto de día como de noche. Tampoco parecía importarles a los vecinos del lugar -supuestamente tutelados por el decisorio de Forns- que habitaron pacíficamente las inmediaciones sin tener colisiones de nota con la actividad de vuelo que allí se desarrolla.

Seamos sinceros: el problema no es el ruido ni los vecinos supuestamente mortificados, sino la desconfianza tan arraigada en los funcionarios nacionales, sean del poder que sea, sobre la actividad privada en general, la innovación o los emprendedores disruptivos. La jueza es una de las odiadoras de las Low Cost, igual que los gremios aeronáuticos que viven de los subsidios que el Estado otorga a Aerolíneas Argentinas. Es un problema ideológico, no jurídico, que esta vez encuentra su cauce en la extraña judicialización de los decibeles de los motores a reacción. En el futuro habrá otras excusas, tanto o más descabelladas, para seguir poniéndole trabas al progreso.

De más está decir que las consecuencias de esta insólita medida son múltiples y todas negativas. Las más evidentes pasan por las dificultades que atravesarán los empleados de las aerolíneas radicadas en aquel aeropuerto y de quienes brindan servicios a sus pasajeros (remises, restaurantes y pequeños comercios en general), pero hay otras que hacen al federalismo o los intereses de las provincias. Ya hay jurisdicciones que han alzado la voz en contra de lo que consideran es un verdadero atropello judicial. Salta, Tucumán y Santiago del Estero han sido las primeras en hacerlo; Córdoba se sumará en breve al pelotón de los indignados. Sucede que tanto Flybondi como JetSmart han ampliado sensiblemente la oferta de viajes hacia aquellos destinos y nadie quiere perder el flujo extra de turistas o negocios que supone la conectividad aerocomercial. En los hechos, la magistrada está poniendo en jaque la “Revolución de los Aviones” preconizada a los cuatro vientos por el ministro Guillermo Dietrich, una de las pocas políticas que sobreviven en la administración de Mauricio Macri.

Existen claros riesgos derivados de estas tentaciones judiciales por reemplazar competencias que son propias del gobierno. En el pasado hubo jueces que fijaron tarifas de servicios públicos, fiscales que asignaron zonas de estacionamiento medido y, ahora, juzgados que regulan la aviación civil con argumentos vaporosos e irresponsables. Esto también genera, paradójicamente viniendo de los tribunales, el fenómeno de la inseguridad jurídica, que es el demonio que ahuyenta inversiones, destruye empleo genuino y desorienta a la población. La inveterada desconfianza hacia las autoridades políticas no debe ocultar el hecho de que es tan peligroso que el Ejecutivo avance sobre la justicia como que esta lo haga sobre aquel. Cuando esto ocurre se genera un ruido mucho más ensordecedor que el de los aviones que la señora Forns quiere prohibir después de las 22 horas.



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