Luz y Fuerza: ¿Sigue siendo Suárez “el menor de los males”?

La Justicia Federal ordenó ayer 21 allanamientos contra implicados en la causa de Luz y Fuerza, por lavado de activos. Gabriel Suárez, su secretario general, siempre ha contado con que su extracción peronista lo convierta en “el mal menor” a los ojos de Córdoba, ya que la alternativa es la izquierda al frente del gremio. ¿Sigue siendo esta lectura correcta?

Por Felipe Osman
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La ética finalista se basa, como en pocos, en el principio del “mal menor”. Según ella una acción es correcta (o buena) si consigue realizar la “mayor cantidad” de bien posible o, consecuentemente, evitar el mal mayor. Transpolar este principio al ámbito de la política puede parecer a veces lejano, pero en ocasiones puede también resultar de algún interés.
La permanencia de Gabriel Suárez al frente del sindicato capitalino de Luz y Fuerza siempre ha sido percibida por el Gobierno de la Provincia -y buena parte de Córdoba- como “el mal menor”. Y el propio sindicalista ha sido siempre consciente de ellos.
En rigor, Suárez es de extracción peronista. Y de no ser él quien controle los hilos del sindicato de Luz y Fuerza, la alternativa sería mucho más próxima a la izquierda. En este escenario Suarez siempre supo que, sin importar cuán virulentas fueran las protestas que liderara ni cuán desproporcionadas las ventajas que buscara perpetuar, que la Secretaría General permaneciera en su poder representaba “el mal menor” para El Panal. Ahora bien, ¿el escenario sigue siendo el mismo?
La Justicia Federal libró ayer 21 órdenes de allanamiento en contra de la sede del sindicato y domicilios particulares de integrantes de la organización gremial y allegados. Las medidas se tomaron en el marco de una causa iniciada a instancias de una denuncia de Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en la que se alerta sobre hechos realizados por integrantes de la cúpula sindicato y allegados “que podrían resultar constitutivos de los delitos de asociación ilícita, defraudación, y lavado de activos de origen ilícito”.
Junto al propio Suárez, uno de los principales apuntados por Procelac es Jorge Molina Herrera, secretario adjunto del sindicato. También figuran en la denuncia Fernando Navarro, secretario de Finanzas; Daniel Lozano, sub secretario de Finanzas; Rodolfo Bonetto, secretario gremial; y Roque Tapia, sub secretario de Previsión Social.
Pero el presente de estos dirigentes no sólo resulta largamente complejo en su capítulo judicial, sino también en el político. Los trabajadores de Epec deben ir en diciembre a las urnas para elegir a los dirigentes que conducirán el sindicato en los próximos años. Y el actual oficialismo llevará como carta de presentación una causa judicial por fraude a sus afiliados.
Dentro de la compañía los ánimos se dividen entre el enojo hacia la cúpula del sindicato y el temor a las consecuencias que esta situación pueda acarrear para los trabajadores, que ven a la organización gremial perder fuerzas en su tenida con el gobierno provincial. El conflicto lleva ya año y medio, y los representados por Suárez son quienes más han perdido, ya que no han recibido los reajustes salariales que sí han llegado al interior provincial, por los acuerdos alcanzados entre El Panal y los sindicatos lucifuercistas de Río Cuarto y Regional de Villa María.
Toda esta escena, cabe conjeturar, debería minar las chances de Suárez para mantenerse al frente del sindicato, aunque a su favor, debe también recordarse, cuenta con una oposición interna atomizada, descoordinada y -a simple vista- sin un referente claro detrás del cual encolumnarse.
Ahora, volviendo a la incógnita inicial, ¿sigue siendo la permanencia de Suárez “el mal menor” para el Gobierno Provincial?
De reelegirse la actual conducción, y de avanzar la causa judicial en su contra, el sindicato de Luz y Fuerza podría llegar a un supuesto de intervención. De caer derrotado el oficialismo gremial y llegar al poder dentro del sindicato una oposición descoordinada que habría sido ungida por los empleados, en buena medida, como un castigo hacia sus actuales conductores, El Panal tendría un flaco partenaire.
Y, llegado el caso, una conducción desbordada por el conflicto con el Gobierno Provincial y controlada por la izquierda podría incurrir en protestas desmesuradas que desembocaran en una intervención no ya del Ministerio de Trabajo, sino del propio ente federativo de Luz y Fuerza. Baste como antecedente el de UTA Córdoba, intervenida por Uta Nacional tras la protesta liderada por Marcelo Marín en junio 2017.



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