Luz verde para el operativo “control a la prensa”

Alberto Fernández respalda la idea de que un organismo que no integra el Poder Judicial audite el contenido de notas. Justicia Legítima se perfila como la “Conadep del periodismo”.

Por Maria del Pilar Viqueira

A principios de agosto, en el marco de la trama “D’Alesio”, por supuesto espionaje ilegal y chantaje en expedientes, el juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro por presunta tentativa de coacción y extorsión.
Inmediatamente, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Academia Nacional de Periodismo tomaron posición.
Fopea advirtió sobre la gravedad institucional de la medida y estimó que criminaliza la labor periodística”. “El mero hecho de entrevistar en público a una fuente o el intercambio de mensajes con una fuente informativa no son indicios de ninguna comisión de delito”, indicó.
Adepa reclamó que Santoro fuera desvinculado de la causa teniendo en mira “la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano”, estimando que lo contrario sentaría un grave precedente.
“Una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino”, alertó.
En tanto, la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo resaltó que Ramos Padilla ignoró el principio básico de la profesión: el libre acceso a toda fuente y la preservación de su identidad.

Santoro
Santoro también habló. “Es la primera vez en la historia judicial argentina que se procesa a un periodista por lo que hacen sus fuentes”, declaró, recordando que cuando Horacio Verbitsky reveló que el hermano del presidente había blanqueado plata con el último sinceramiento fiscal, el juez procesó a la empresa privada que había obtenido los datos y a los funcionarios del Fisco que los habían filtrado, no al “Perro”.
“Me procesa por partícipe primario de la supuesta extorsión a Mario Cifuentes, que es el dueño de la empresa OPS de Neuquén, un empresario como Lázaro Báez de la nada pasó a facturar en forma multimillonaria a YPF y a Vialidad Nacional”, acotó.
Cinco días antes de las PASO, Ramos Padilla concluyó que Santoro estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelante el falso abogado Marcelo D’Alessio. Le dio un motivo de festejo al sector político interesado e involucrado en esas actuaciones y letra la Coalición Cívica (CC), que sindicó al magistrado de Dolores como partícipe de una maniobra orquestada por ex funcionarios del anterior gobierno alojados en Ezeiza para empantanar el caso “Cuadernos”.
La semana pasada, el integrante de Justicia Legítima y ex abogado de Abuelas de Plaza de Mayo dio un paso escandaloso e inédito: le pidió a la Comisión Provincial por la Memoria que determine si las acciones de Santoro formaron parte de una “operación de acción psicológica”.
También solicitó que el titular del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, actúe como perito. Es decir, le encomendó funciones judiciales a una persona que no integra el Poder Judicial, que ya tomó partido a favor de magistrado y, por si fuera poco, apoya a los involucrados en la pesquisa “Cuadernos”, cuya continuidad depende de la situación del fiscal Carlos Stornelli, investigado por Ramos Radilla.
Este fin de semana, desde Córdoba, el candidato del Frente de Todos le dio luz verde al operativo “control a la prensa”: aprobó la idea de auditar producciones periodísticas para controlar su contenido.
“Las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados”, espetó el favorito para ocupar el sillón de Rivadavia.
“Una cosa es hacer periodismo y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos”, añadió.

Ramos Padilla
La Sociedad Interamericana de Prensa, FOPEA y ADEPA valoraron que la orden de Ramos Padilla “constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico”, razonando que acciones de esa naturaleza, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca amedrentar y fomenta la autocensura.



Picolotti
En julio, la baja estima del Alberto Fernández por la prensa quedó en evidencia. Cuando sostuvo que siempre defendió al periodismo, las redes sociales estallaron con el video que lo registró hostigando a Claudio Savoia por develar los desmanejos de su protegida, Romina Picolotti, en la secretaría de Ambiente.
El bochornoso episodio sucedió en julio de 2007, luego de que el comunicador de Clarín publicara una investigación sobre la gestión irregular de la niña mimada del kircherismo.
Escoltado por la cordobesa, el por entonces jefe de Gabinete la confirmó en su puesto y arremetió en contra de Savoia. Le atribuyó su nota a una “avivada” para progresar profesionalmente; fustigó el trabajo de la prensa crítica y habló de “pícaros disfrazados de periodistas de investigación”.
Un año y medio después, en diciembre de 2008, la funcionaria le presentó su renuncia al sucesor de su padrino político, Sergio Massa.
Picolotti llegó a la función respaldada por Alberto Fernández cuando trabajaba junto a su esposo, Daniel Taillant, en la ONG que habían creado: el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). Sin embargo, su promotor y defensor le soltó la mano cuando la tesis de Savoia fue ratificada por la Justicia en sucesivas instancias.
En agosto del 2014, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento dictado por la jueza María Servini, por administración fraudulenta.
Ante ese panorama, desde las entrañas del Frente Renovador, Alberto Fernández dijo que el periodista de Clarín tuvo “alguna razón” y le pidió disculpas. “Si Romina hizo esto que dé explicaciones”, sostuvo el ahora nuevamente kirchnerista.



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