En 15 años, Desarrollo Social de la Nación gastó unos $125.000 millones

En el promedio de erogaciones anuales, los programas de asistencialismo por los que pujan las agrupaciones piqueteras se gastaron unos $40 mil millones a precios del 2018.

En medio del conflicto con las organizaciones sociales por los reclamos que recrudecieron en las últimas semanas que desembocó en la media sanción de Diputados de la prórroga de la emergencia alimentaria que hoy se tratará el Senado. El Ministerio de Desarrollo Social nacional fue creado en 1999 por el entonces recién asumido gobierno de la Alianza para mostrar el compromiso con los temas sociales y, en ese período, la pobreza en la Argentina nunca cedió manteniéndose consistentemente alrededor del 32% de la población.
Un reporte de la consultora Idesa analiza que entre 2003 y 2018, para los cuales hay datos comparables, este Ministerio gastó unos $125.000 millones por año a precios del 2018. Esto equivalió a 1% del PBI en cada año. Los principales componentes del gasto fueron: administrativos, es decir salarios y otros gastos operativos, se gastaron unos $3.000 millones por año.
En programas de asistencialismo por los que pujan las agrupaciones piqueteras se gastaron unos $40 mil millones por año a precios del 2018 y en pensiones no contributivas, unos $80.000 millones anuales.
Para la consultora estos datos muestran que los presupuestos asignados fueron “muy significativos en los últimos 15 años” y se generó una estructura administrativa grande con fondos para asistencialismo. El mayor gasto fue a pensiones no contributivas, que financia 1,5 millones de beneficios dentro de las cuales hay 1 millón de pensiones por incapacidad con fundadas sospechas de que muchas fueron otorgadas con irregularidad.
“Por la magnitud de los fondos, la forma en que se asignan y los frustrantes resultados, en lugar de insistir en aumentar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, se justifica exigir una fuerte autocritica”, sostiene el trabajo.
Para Idesa un tema central es reflexionar sobre la “pertinencia” de que el Gobierno nacional se inmiscuya en este tipo de acciones: “Pretender suministrar asistencia a personas en estado de vulnerabilidad es inconducente. En primer lugar, porque colisiona con la organización federal superponiéndose con las acciones de las provincias y municipios. En segundo lugar, porque colisiona con la buena gestión ya que es imposible lograr eficiencia desde una unidad burocrática central”.
Para los analistas esta estrategia llevó a crear una “enorme estructura administrativa que opera de manera superpuesta con los gobiernos locales promoviendo el derroche, la proliferación del clientelismo y la corrupción. Una familia vulnerable debería conocer y superar los trámites administrativos de más 100 programas entre nacionales, provinciales y municipales, si quisiera por sus medios acceder a ellos”.
En el Senado la prórroga de la emergencia hasta 2022 se espera que sea rápida como en Diputados y también por unanimidad. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de los niños, niñas y adolescentes a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018.
La inseguridad alimentaria severa -significa haber experimentado situaciones de hambre en los últimos 12 meses- afecta al 11,3% de los chicos y adolescentes a nivel del promedio nacional entre 2017 y 2018, mientras que alcanza al 14,5% en el conurbano. Es decir, que estos últimos se ven afectados por el riesgo alimentario más que sus pares a nivel del promedio nacional.
El conurbano bonaerense es la zona del país más golpeada por la emergencia alimentaria ya que los chicos que viven en el GBA y experimentan inseguridad alimentaria severa (14,5%) en un 79% son pobres en términos monetarios, y el 63% reside en villas o asentamientos. Es decir, que la experiencia de hambre infantil registra una fuerte concentración en los hogares pobres y espacios socio-residenciales informales.



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