Luz y Fuerza: bajo la mira judicial, Suárez inicia campaña interna

Con la cúpula del sindicato denunciada por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos, Gabriel Suárez empezará a recorrer las áreas de trabajo para pedir a los trabajadores de Epec su voto para mantenerse en la conducción. Incertidumbre en relación a cómo será recibido.

Por Felipe Osman

El sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba está en problemas. Su secretario general, Gabriel Suárez; su secretario adjunto,  Jorge Molina Herrera; el secretario de finanzas, Fernando Navarro; su segundo, Daniel Lozano; el secretario gremial, Rodolfo Bonetto; entre otros, fueron denunciados por la Procelac. Según apunta éste organismo destinado a combatir la criminalidad económica y el lavado de activos, los acusados habrían integrado una asociación ilícita con el fin de defraudar al sindicato que ellos mismos controlan.

Con esta carta de presentación, Gabriel Suárez deberá empezar a recorrer las diferentes áreas de trabajo de la empresa, para convencer a los empleados de respaldar su candidatura en las vecinas elecciones de diciembre, que definirán a la conducción que lidere el sindicato por los próximos años.

En este marco, el éxito del actual secretario general parece estar ligado a su capacidad de instalar entre los trabajadores de las distintas reparticiones el discurso de que las peripecias que él y sus compañeros viven a manos de la Justicia reviste una “persecución” orquestada desde “el poder” por no haber logrado éste desarticular la resistencia ofrecida desde el sindicato a la modificación de algunas cláusulas del convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza.



El intento de instalar esta línea discursiva cuenta, sin embargo, con un antecedente tan cercano como desalentador: el del Surrbac. Tras su detención, Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, conductores del sindicato de recolectores, esgrimieron una defensa que buscó –sin ningún éxito- cosechar respaldos en el arco gremial calificando sus encarcelamientos como el resultado de una persecución sufrida a manos de la Justicia olvidando, aparentemente, que el fiscal que ordenó las medidas no fue otro que Enrique Senestrari, funcionario visiblemente enemistado con el Gobierno Nacional.

Como ventaja, en su cruzada por retener el sindicato, Suárez cuenta con la laxitud de una oposición que no termina de cuajar. En la columna de los “contras”, y aun dejando de lado la denuncia en que se lo acusa de defraudar a su propio gremio, están los escasos logros que la actual conducción tiene para mostrar a sus representados.

Tal es así, que el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y el sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto han negociado acuerdos paritarios ampliamente mejores que su par capitalino, que –al margen de los dos reajustes del 5 y el 10 por ciento concedidos de manera unilateral por Epec- lleva casi dos sin actualizaciones salariales.

Por estas razones existe gran incertidumbre acerca de cómo será recibido el gremialista en las distintas reparticiones y, en segundo orden, son también muchos los que se preguntan sobre el rol que jugarán los delegados ideológicamente más cercanos a la izquierda.

Investigación Interna

Trascendidos apuntan que en el marco del llamado “proceso de eficientización de Epec” se estarían desarrollando auditorías internas para determinar conductas irregulares de empleados que ya derivaron en la desvinculación de once de ellos y que, sumados a los cesanteados por las agresiones al vehículo que trasladaba al presidente y al gerente general de la empresa provincial cuando se dirigía a una audiencia en el Ministerio de Trabajo en junio del año pasado, llegan a 16 despidos.

Las causas por las que habría llegado a estas cesantías serían diversas, y algunas de ellas habrían sido acompañadas por denuncias judiciales.

Se habrían detectado, por ejemplo, irregularidades en el área de Almacenes, donde se guarda el material de trabajo que utilizan los sectores operativos de la empresa, y también se habrían descubierto mediante estas investigaciones el uso indebido, por parte de empleados de la empresa, de las habilitaciones de acceso al sistema comercial de EPEC para modificar la información de los consumos registrados en beneficio propio.

En todos los casos, la Empresa tendría la convicción de llegar “hasta las últimas consecuencias”.



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