Correo: del “fojas cero” a novedades en las causas

En 2017 estalló el escándalo. En 2018 el tema pasó desapercibido y la propuesta de la concursada fue casi idéntica. Ahora, en otro año electoral, la Justicia activó el caso

En febrero de 2017, luego de que se desatara la controversia por el acuerdo entre la ex concesionaria del Correo Argentino y el Gobierno, Oscar Aguad, por entonces ministro de Comunicaciones, y otros referentes de Cambiemos defendieron las gestiones que derivaron en el pacto.
En un primer momento el cordobés le atribuyó a un error jurídico el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, y argumentó que es la ley de quiebras la que impide hacer actualizaciones.
También se encargó de recordar que Boquín milita en Justicia Legítima (ocupó el cargo que dejó Alejandra Gils Carbó cuando se fue a la PGN). Además, subrayó que el origen del conflicto se remonta al 2001, cuando el Estado comenzó a intimar al concesionario por falta de pago del canon, una disputa que llevó al correo a presentar su concurso.
La “pesada herencia” fue parte de la argumentación de Aguad, quien alegó que “durante 12 años no se intentó cobrar la deuda” y que él “heredó el juicio”.
“Es la deuda histórica, no se puede actualizar. Son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones, porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”, indicó.
El concierto entre la empresa -que estuvo bajo el control del holding de Franco Macri hasta la quita de la concesión decidida por Néstor Kirchner, en 2003- y el Estado establecía el pago de 296 millones de pesos. Según Boquín, de los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración surgía que implicaba una quita desmesurada.
Sin embargo, el radical le restó gravedad a esa conclusión: adujo que todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y que el Estado consolidó la deuda.
En ese contexto, el diputado nacional Nicolás Massot dijo que lo acordado fue “transparente y correcto” y que “se tiraron cifras incorrectas” para politizar el tema al inicio de un año electoral.
El jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, se sumó a Aguad en la tarea de brindar explicaciones y dio un paso en falso cuando le pidió a la AGN, un organismo dependiente del Poder Legislativo y a cargo de la oposición, que interviniera y emitiera un informe técnico antes de suscribir una “postura definitiva”.
Rápidamente, el peronista Oscar Lamberto, a cargo de la AGN, aclaró que el área no tomaría participación en el conflicto ya que no puede hacerlo a instancias del Ejecutivo.

Conflicto
En tanto, Elisa Carrió optó por fijar postura a través de un comunicado de prensa de la Mesa Nacional y el bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI que habló de “un conflicto de causas cruzadas”, a saber: la dilación de la resolución del acuerdo benefició a la compañía en la licuación de su deuda y el proceso de “supuesta nacionalización por parte del kirchnerismo”, el cual, según aseguraron, provocó acciones en contra del Estado que aún no estaban resueltas.
Horas después, llegó el “fojas cero” de Macri. “No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta”, admitió al anunciar que había instruido a Aguad para que el expediente volviera a la Cámara Comercial. “No hay ningún hecho consolidado, porque no se condonó, ni se pagó, ni se cobró”, precisó, acotando que el Gobierno pretendía “un acuerdo integral” de lo que definió como un “problema heredado”.

Gemela
En julio de 2018, la concursada presentó una propuesta casi gemela. La causa se activó pero los representantes de la compañía mantuvieron, en lineas generales, el ofrecimiento que concretaron en junio del 2016, cuando pidieron pagar la deuda que tienen con el Estado, su principal acreedor, en 15 cuotas anuales con una tasa del 7 por ciento.
En la reunión con los abogados de la Procuración del Tesoro y Boquin los emisarios de la empresa repitieron que la voluntad era abonar el 100 por ciento de la deuda nominal bajo aquella modalidad. Como novedad, sumaron lo que definieron como “una mejora de plazo y monto” y un “reconocimiento adicional”.
Con relación a la primera variación, detallaron que las dos primeras cuotas se cancelarían en un único pago de $5.924.107, dentro de los 30 días de homologado el acuerdo. La ventaja consistiría en que habría un desembolso antes de fin de año, mientras la oferta de 2016 establecía enero del 2019 como fecha del primer ingreso de dinero a las arcas públicas
En tanto, como “pago adicional”, ofertaron una erogación en concepto de intereses según la tasa pasiva del Banco Central por $1784 millones, pero sujeta a una quita del 30 por ciento sobre el capital y los intereses y a la percepción de una reparación por los activos que la empresa reclamó tras la estatización del servicio, en 2003.
Ahora, también en año electoral, el Judicial se desperezó.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó analizar los pedidos de los imputados Aguad, Juan Mocoroa (director de asuntos jurídicos de Comunicaciones), Jaime Cibils Robirosa (presidente del directorio de Correo Argentino) y Jaime Leonardo Kleidermacher (representante legal de la empresa).
En el expediente por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública (en el cual también está imputado Macri) la Casación no admitió el cuestionamiento a la negativa del juez Ariel Lijo a admitir la excepción de falta de acción por inexistencia de delito presentada por los encartados, aunque no trató el fondo del pedido: el cierre de la pesquisa.
Antes, Lijo ordenó un nuevo estudio contable para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo y la Cámara Comercial dispuso elevar las actuaciones por supuestas anomalías a la Corte.



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