Cotreco reclama $160 M a municipio (con venia judicial)

El Juzgado en lo Comercial Nº 12 ordenó ala gestión radical el pago delas certificaciones reclamadas por la ex prestadora del servicio de recolección de residuos. El equipo legal del Palacio 6 de Julio apeló.

Por Yanina Passero
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Es vox populi: los protagonistas encuentran conveniente acortar al máximo la transición en la Municipalidad de Córdoba. El radical Ramón Mestre podrá gobernar sin los paladines de su sucesor, el peronista Martín Llaryora. En tanto, el favorecido por el voto popular el ahora lejano de 12 de mayo evita ser interpelado por la opinión pública o la incómoda posición de adelantar pistas de lo que imagina será su gobierno. Toda una osadía en tiempos de incertidumbre política, económica y social.

Mientras, el actual titular del Palacio 6 de Julio cierra sus ocho años de mandato enfocado en una obra central para la circulación de la ciudad –Plaza España- y en mantener equilibrado un municipio que no escapa a las imposiciones generales de la coyuntura, el equipo de Llaryora sólo dejó trascender que decretará la emergencia económica, un recurso que más allá de la preocupación que pretende transmitir, permite mayor libertad para la toma de decisiones. Pero en el municipio los problemas abundan. La lupa del próximo oficialismo no sólo está puesta en las decisiones que se tomen en materia de servicios como el transporte o higiene urbana; o bien, en las efectivizaciones de personal o contrataciones. También siguen de cerca potenciales conflictos judiciales, aunque Llaryora no lo manifestará oficialmente hasta que sea el momento de hablar de traspaso de mando. Uno de ellos es el juicio que protagoniza la Municipalidad con la ex prestadora de la recolección mecanizada, Cotreco. Cabe recordar que la compañía, junto con Lusa, explotaron el servicio con contratos precarios desde la desaparición de la Crese (a inicios de la gestión mestrista) hasta la concesión definitiva a las ganadoras de la licitación, el primer día de diciembre de 2018. Fuentes empresariales anticiparon que cuentan con avales judiciales importantes para cobrar a la gestión de Mestre un pasivo calculado en 160 millones de pesos. Se muestran optimistas y consideran que obtendrán un fallo a su favor antes de que el Palacio 6 de Julio cambie de color político.

Según la versión de integrantes de Cotreco, la deuda reclamada corresponde a las certificaciones de noviembre de 2018 que no habrían sido canceladas por el contador Hugo Romero, a cargo del área financiera de la Municipalidad. La demanda inicial habría sido por 106 millones de pesos que, con intereses redondean la cifra anterior. La empresa -de la que se conocieron sus serios problemas económicos durante el tramo final de la licitación del servicio de recolección- obtuvo un fallo favorable del Juzgado en lo Comercial Nº 12 de Capital Federal. El magistrado interviniente, Hernán Papa, ordenó al municipio a abonar el monto reclamado en el plazo de 10 días hábiles. Entre los argumentos que sostienen la orden de restitución formulada por Cotreco, el juez afirma que no corresponden las retenciones efectuadas según se desprende del análisis de la sindicatura, constancias y antecedentes documentales presentados. Es más, agrega que teniendo en cuenta que la Municipalidad compareció conforme al artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (solicitud de verificación), proceder de forma contraria implicaría violar un principio del derecho concursal que consiste en la paridad de tratamiento en igualdad de condiciones para los acreedores. El desembolso debía producirse a mediados de agosto por orden judicial, pero como era de esperarse, la Municipalidad apeló porque insiste en que no debe dinero a su ex contratista y que la pretensión “es infundada” porque el área de servicios municipal notificó a la prestataria cuáles eran los servicios que debía cumplir, al tiempo que in formó los presuntos incumplimientos al pliego. Además, Cotreco habría renunciado a sus derechos para reclamar por vía judicial.



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