A falta de fiscalización K, albertismo se encomienda al PJ

La fiscalización K quedó comprometida tras el escándalo del Surrbac, que jugó un papel central en las PASO. Con la candidatura de Saillen en entredicho, el Frente de Todos sabe que tendrá difícil fiscalizar la capital. El albertismo, por su lado, confía en que la estructura de fiscalización de Hacemos por Córdoba sea funcional a su tramo presidencial, y no se preocupará demasiado por la lista.

Por Felipe Osman
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Antes de que se cerrará la lista que el kirchnerismo llevaría a competir a las primarias nacionales, en la que el apellido Saillen había sido vetado por el Instituto Patria, el principal capital con el que contaban los sindicalistas era su poder de movilización –traducible, llegado el caso, en poder de fiscalización- y su capacidad de financiamiento. Pero aún reconociendo que ambas dotes resultaban más que necesarias, desde Buenos Aires la orden seguía siendo la misma. No querían sumar a la boleta pre candidatos comprometidos en causas judiciales capaces de devolver a la memoria del electorado las peripecias vividas por el kirchnerismo ante la Justicia. Sin embargo, el enroque de último momento de Martín Fresneda, que endosó su banca a Franco Saillen a minutos del cierre de listas, sorprendió a propios y extraños, y cuando la presencia del actual legislador provincial en la boleta del Frente de Todos se volvió algo inevitable el espacio decidió aceptar, al menos, la contraprestación que significaban los fiscales del Surrbac.
Pero la detención de los líderes del sindicato de recolectores el pasado martes sacudió el tablero sobre el cual el Frente de Todos diseñaba su estrategia electoral, y ahora, con más dudas que certezas, el tándem Fernández Fernández debe replantear su esquema de fiscalización -y, probablemente, de financiamiento de la campaña. Tras la seguidilla de allanamientos y el arresto de Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, la primera conclusión tomada desde Buenos Aires fue que Alberto Fernández no inmolaría la credibilidad que tanto le ha costado empezar a construir en la provincia por el affaire Saillen. Por el contrario, múltiples fuentes apuntan que los comandos nacionales del albertismo y del propio kirchnerismo sugirieron a Saillen renunciar a su candidatura, eximiendo a sus compañeros de lista de pagar los costos del escándalo y facilitando la búsqueda de respaldos a lo que (fallidamente) intentaron presentar como una “persecución judicial”. Pero esta sugerencia no ha encontrado, al menos de momento, receptividad en los Saillen, y por lo tanto la estrategia a seguir por Alberto Fernández sería tomar distancia de su lista de diputados y concentrar las energías en el tramo presidencial de la boleta. Ahora bien, en Córdoba, los Saillen debían jugar un rol central en la fiscalización, aportando aproximadamente 3.000 fiscales, y ni el kirchnerismo ni el albertismo están en condiciones de asumir la responsabilidad de fiscalizar la elección en la capital sin este aporte. ¿Qué hacer entonces? Así como el albertismo entiende que comprometer la figura de su candidato presidencial en una campaña que lo muestre “demasiado unido” a la lista K conllevaría un costo que no está dispuesto a pagar, también entiende que la fiscalización de la lista representa ahora un objetivo de segundo orden, accesorio, si se quiere, siendo el único fin primordial el éxito de la fórmula presidencial. Y ante la actual imposibilidad de construir una estructura de fiscalización propia para la ciudad de Córdoba, confía en que la estructura diseñada por Hacemos por Córdoba termine siéndole funcional. Estas esperanzas no son disparatadas, ya que muchas de las estructuras de segundo orden en las que se apoya la fiscalización del oficialismo provincial han oficializado su respaldo hacia la fórmula presidencia que comparte Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En el gremialismo, por ejemplo, todos los espacios gremiales que respaldan a la boleta corta del oficialismo provincial respaldan también a los Fernández. Entre la militancia peronista, por caso, también es dable esperar que los fiscales que fiscalicen a los sufragios cosechados por los diputados “de Juan” atiendan también al control de los votos F-F. Así las cosas, la variable de ajuste terminaría siendo, una vez más, la lista K, que por otro lado vería a todos sus acuerdos nacionales cumplidos de lograr dos bancas en diputados, ya que el primer lugar, ocupado por Eduardo Fernández, podría quedar vacante con un hipotético pase al Ejecutivo, y Pablo Chacón, representante del massismo, entraría a la Cámara junto a Gabriela Estévez, referente local de la Cámpora.