Punguear al ciudadano, la auténtica política de Estado

La reacción de los gobernadores a la suspensión del IVA a los productos básicos, o las propuestas de Felipe Solá sobre Junta de Granos, muestran que el Estado no cede en su voluntad de expropiar.

Por Javier Boher
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Pasan los gobiernos, cambian las ideologías, se renueva la geopolítica mundial y algunas cosas en este país permanecen inalterables. Sin ir más lejos, esta semana fue noticia lo que acaso es la única política de estado que existe en Argentina: el excesivo cobro de impuestos.
Como en una alocada sátira inglesa, los dirigentes de la oposición salieron a pedir que la gente tenga plata para consumir, justo antes de exigir que se restituya el IVA que el gobierno nacional suspendió tras atender a sus súplicas.
Los gobernadores firmaron una solicitada (la pieza literaria preferida en años electorales) para señalar que el recorte de impuestos los perjudica, porque lo que no se le saca a la gente tiene que ser cubierto de alguna otra manera.
Repasando los nombres de los firmantes, resulta que todo el gauchaje recio del NOA, los caudillos del llano ardiente, los cazadores de yacaré a mano desnuda y los duros hombres de hielo de la patagonia viven del IVA de los pañales que compra un viejo prostático, del IVA del pan rallado para el doble rebozado de las milanesas que come una familia numerosa o del IVA de la harina de arroz que compra un celíaco.
Por esas maravillosas maniobras de contorsionismo dialéctico, hay que darle plata a la gente a partir de sacársela con impuestos. De no hacerlo así, habría que endeudarse, y eso también es malo (especialmente si en vez de usarlo para comprar herramientas lo usamos para stockear fernet, por ejemplo). Siempre queda la opción de darle a la maquinita, que también tiene consecuencias claras.
Por un accidente de la vida, finalmente los políticos parecen haber descubierto una verdad absoluta de la economía, el gobierno y la política. Si pretenden poner plata en el bolsillo de la gente a la vez que quieren llenar sus arcas, la única forma es multiplicando la riqueza, no apropiándosela.
Por eso no pasó desapercibida la propuesta de Felipe Solá, ex gobernador de Buenos Aires, ingeniero agrónomo y conocedor de los temas agropecuarios. El ex secretario de agricultura que hace dos décadas debió imponer la veda a la pesca de merluza por su mala gestión del recurso salió a proponer una solución de casi un siglo, una Junta Nacional de Granos.
La solución es una medida que se tomó en 1933 bajo el gobierno de Agustín P. Justo, que tenía como finalidad levantar el precio que recibían los productores golpeados por la crisis. El Estado procedía como un agente que cubría las malas cosechas del campo y evitaba las quiebras.
Como todo en este país, terminó siendo exactamente lo opuesto: se pagaba a los productores con escasos pesos en contexto de inflación y se vendía al exterior en dólares. A la diferencia se la quedaba el Estado para sostener su adicción al gasto público (como bien desarrolló Adrián Simioni al tocar la desafortunada frase de Álvarez Agis y la deuda como “falopa”) o los grandes grupos exportadores amigos del poder.
El campo genera dólares con los que se pueden bajar los precios que paga el consumidor a través de subsidios que reciben las empresas, en un esquema en el que todos ganan menos el que consigue las divisas. Con la gente contenta, el Estado sigue gastando y creciendo sin que nadie se de cuenta.
Para agravar la situación, a diferencia de la minería o la actividad petrolera, no hacen falta grandes inversiones extranjeras, porque los productores están profundamente arraigados en la tierra, con los pies en el barro de los corrales o en los rastrojos de los potreros. El Estado, apropiándose de la riqueza de los que no pueden más que producirla, pretende redistribuirla. A la larga, cada vez hay menos para repartir.
El caso del pan es el que motivó el análisis de Solá, según el cual el precio del primero no puede estar ligado a los vaivenes del mercado internacional. Siguiendo datos de la cámara de panaderos, el trigo representa menos del 10% del costo; los impuestos, casi el 25%. Así, de cada kilo que compramos, 100g pagamos por el trigo y 250g al estado. Felipe quiere un bocadito de esos 100g.
Según el Banco Mundial, los argentinos comemos alrededor de 80kg por año. Con los números anteriores, 20kg de los que le pagamos al panadero los cobró el Estado, no el molino que convirtió el trigo en harina. Básicamente se corresponde con eso de que uno de cada cuatro empleos corresponde al sector público.
El mensaje de nuestros políticos a los productores y los consumidores es claro. No se achiquen y sigan poniendo; cuando llegue el ajuste, ajusten más para que no se achique el Estado. Así, lo único que permanece inalterable en el pedido de los gobernadores o en el de Felipe Solá es la sed por la plata de los ciudadanos, nuestra única y auténtica política de Estado.



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