Detractores de Gils Carbó, a su suerte

Paradójicamente, Pichetto fue el encargado de estancar el pliego de Weinberg de Roca, la candidata de Macri para comandar a los fiscales.

Hasta marzo, la candidatura de Inés Weinberg de Roca para comandar a los fiscales seguía firme.
Sin embargo, la frenética agenda del año electoral y la resistencia del peronismo en el Congreso para avanzar en materia judicial ante un eventual cambio de Gobierno sellaron la suerte de la postulación de la vocal del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Paradójicamente, uno de los arquitectos de la demora fue Miguel Ángel Pichetto.
A principios del 2018, cuando Mauricio Macri confirmó su opción para relevar a Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación, el por entonces jefe del bloque Justicialista en la Cámara Alta dio señales de la tibia voluntad política para que el área dejara de estar a cargo de un interino.
La nómina de elegibles incluía a funcionarios con carrera en el Ministerio Público, como Raúl Pleé, José María Campagnoli, Germán Moldes y Ricardo Sáenz, pero Macri privilegió tanto la trayectoria de la experta en derecho internacional como su indiferencia hacia el mundo político y la corporación judicial.
Sin embargo, Pichetto adelantó que la funcionaria judicial de la Ciudad de Buenos Aires debería demostrar “solidez y envergadura” y no alentó su postulación, dejando atrás los días en los que defendió ferozmente a la primera opción de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Reposo, argumentando que era idóneo porque no había delinquido. Cabe recordar que el hombre fue cuestionado por incluir datos falsos en su CV, por su pobre nivel académico y por su amistad con el ex vice presidente Amado Boudou, pero logró el apoyo irrestricto del rionegrino.
También pasó por alto su respaldo a Gils Carbó, que venía del fuero Comercial y, pese a ello, resultó
promovida con 63 votos positivos sobre 66 presentes (los únicos que rechazaron su nombramiento fueron Mario Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera).
El pliego de Weinberg de Roca también fue cuestionado por Abuelas de Plaza de Mayo y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
A principios de mayo del año pasado, la asociación liderada por Estela de Carlotto impugnó su postulación alegando que no poseía “un claro compromiso con los derechos humanos”.
La crítica se basó en declaraciones de la mujer mientras integraba el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en 2008, cuando afirmó que en aquel país se estaban investigando los casos “de un solo lado” y lo comparó con la Argentina.
En la audiencia en el Legislativo, Weinberg de Roca aclaró que hablaba de los paramilitares ruandeses y que, en ese contexto, le preguntaron si había habido juicios contra esos grupos en Argentina.
Abuelas, que no cuestionó el pasado de Eugenio Zaffaroni como sentenciante de la dictadura, entre otros olvidos, entendió que las posiciones públicas de la candidata no eran “coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad” locales.
El CELS, por su parte, también edificó su objeción en las valoraciones de Weinberg de Roca durante su paso por África y le reprochó su supuesto “perfil conservador”.
El grupo analizó las intervenciones judiciales de la candidata del Poder Ejecutivo. Entre otros planteos, sostuvo que “limitó el acceso a la Justicia en clave colectiva” y que “manifestó divergencias sobre las herramientas que tienen los jueces para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares o autosatisfactivas en el marco de procesos vinculados a la protección de derechos sociales”.
En tanto, Margarita Stolbizer la desaprobó porque se desempeñó ad honorem como miembro del consejo asesor del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, perteneciente a la cartera de Producción Nacional, un antecedente que, según postuló, afectaba su independencia, porque profundizó sus vínculos con ministros.
Hace un año, la jurista se presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, puso sus antecedentes a consideración de los senadores y respondió preguntas.
Uno de los puntos más destacado de la entrevista fue su diagnóstico de la situación del Ministerio Público Fiscal. Detalló que de los más de cinco mil empleados que tiene el organismo, cerva de 1.800 están asentados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; opinó que hay desequilibrio en la distribución del personal y que la estructura de la dependencia está sobredimensionada.
En esa línea, aseguró que si era elegida impulsaría un proceso de “rediseño y adecuación” de recursos.
Consultada por Pichetto por la continuidad de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), creadas por Gils Carbó durante el kirchnerismo, respondió que le parecía importante seguir con la labor que cumplen, pero estimó que ello no podía realizarse sin coordinarlo con las provincias, razonando que el Ministerio Público Fiscal Nacional no debe ser el encargado de decidir dónde y cómo ubicarlas.
Con Eduardo Casal en calidad de provisorio, el triunfo del kirchnerismo en las primarias generó temor en los agentes no alineados con esa fuerza; en especial, por las resonantes declaraciones de referentes de ese espacio cuestionando pesquisas y condenas por corrupción.
Los fiscales que combatieron el modus operandi de la cofundadora de Justicia Legítima asumen que si el resultado electoral se consolida el nuevo procurador fijará una agenda disciplinadora.



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