Coparticipación e impuestos, 25 años de olvido e hipocresía

La Argentina es un país que, en materia de impuestos, siempre tiene la sábana corta. Parece mentira, pero es así. No importa que su presión tributaria sea exagerada respecto a la calidad de los servicios que presta el Estado, o que su sistema impositivo sea de los más complejos e intrincados del mundo; la plata nunca alcanza.

Por Pablo Esteban Dávila

La Argentina es un país que, en materia de impuestos, siempre tiene la sábana corta. Parece mentira, pero es así. No importa que su presión tributaria sea exagerada respecto a la calidad de los servicios que presta el Estado, o que su sistema impositivo sea de los más complejos e intrincados del mundo; la plata nunca alcanza. Esto significa que cada vez que la Nación decide meter manos en los impuestos, y aunque sea para bajarlos, las pasiones se exacerban a la velocidad del rayo.
Esto es lo que está sucediendo con las últimas decisiones adoptadas por el presidente Mauricio Macri. Con el fin de morigerar el impacto económico que tuvo el resultado de las PASO e incrementar sus exiguas chances de revertirlos, dispuso una serie de medidas destinadas a inyectar entre 40 mil y 65 mil millones de pesos al mercado. Estas decisiones pasan, básicamente, por reducciones impositivas. Se incrementó el mínimo no imponible para ganancias y se eximió por dos meses el IVA a los alimentos de la canasta básica. Se supone que trabajadores y los consumidores de a pie serán los principales beneficiarios de estas políticas.
Sin embargo, no todas son rosas. Tanto ganancias como IVA son tributos coparticipables, es decir, que una parte de lo que se recauda por ellos va a parar a las provincias y, a través de sus tesoros, a ciudades y municipios. Por tal razón los gobernadores, especialmente los peronistas, han condenado enfáticamente el paquete pro-consumo, acusando directamente al presidente de hacer política con plata ajena. Hasta los intendentes radicales de Córdoba se encuentran alineados con sus colegas justicialistas en el reclamo. Temen que la caída de la coparticipación los afecte mortalmente.
Las quejas devienen, claramente, del carácter estatista de sus administraciones. Todos se lamentan de que la crisis destruye empleos y dinamita los salarios, pero ninguno asocia este fenómeno con el fenomenal gasto público agregado que padece la Argentina y con la necesidad que tienen las diferentes jurisdicciones por cobrar gabelas de toda laya a un conjunto de contribuyentes de por sí exánimes. En realidad, los gobernadores se comportan como si los impuestos nacionales fuera algo así como un botín. Si alguien -en este caso, el presidente- decide achicarlo para favorecer a los ciudadanos, el gesto es censurado como una afrenta a las necesidades provinciales.
El lamento podría resultar cierto si intendentes y gobernadores se hubieran comportado, en años recientes, como austeros monjes trapenses. Pero han estado lejos de serlo. Sus gastos han aumentado ostensiblemente y, con ellos, su propia presión impositiva. Ninguno le ha ido en saga a la inflación en la materia y, lo que es digno de elogio, muchos han modernizado ostensiblemente sus administraciones tributarias incorporando tecnologías y nuevas herramientas anti-evasión. Años atrás, los contadores aconsejaban a sus clientes que primero cumpliesen con la AFIP, luego con Rentas provinciales y, por último y si les alcanzaba, con las municipales. Esto ya no es así. Ahora, provincias y municipios cuentan con un sofisticado arsenal para reclamar lo que les corresponde y compiten eficientemente con la Nación por los flacos bolsillos de los ciudadanos.
Esto equivale a decir que los gobernadores se quejan porque ellos también gastan mucho. El gasto público es un dios al que todo político argentino cabal le rinde un fanático culto pagano. En lugar de debatir sobre el costo de los impuestos, en la Argentina se escandalizan por su rebaja. No es un buen augurio para las épocas que se avecinan.
En una cosa sí puede que tengan razón. El sistema de coparticipación está vetusto y necesita ser repensado, de modo tal que las decisiones de política nacional no impacten, unilateralmente, sobre recursos que las provincias pudieran haber contabilizado como propios. No obstante, la discusión sobre este asunto está empantanada desde hace 25 años. La sexta disposición transitoria de la Constitución reformada en 1994 establece que “Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; (…)”. Es obvio que nadie la tomó en serio. Ni siquiera Néstor Kirchner, beneficiario de un ciclo expansivo sin precedentes, movió un músculo para habilitar el tema en el Congreso. El sistema actual es el único legado económico que parece haber sobrevivido desde los aciagos años de Raúl Alfonsín.
La discusión sobre la coparticipación aparece cada vez que la coyuntura se muestra apremiante, pero es un debate estructuralmente demorado por la clase política en su conjunto. Hablar sobre ella permitiría la reflexión (previsiblemente acalorada) sobre los impuestos que se cobran, su pertinencia y su progresividad. Es abrir la caja de Pandora fiscal en un país acostumbrado al efecto narcotizante del déficit. También supondría mirar hacia la Argentina federal y preguntarles a las provincias qué están haciendo para agrandar el sector productivo y recaudar tributos genuinos en lugar de esperar que la caja del Ministerio de Economía de la Nación solucione sus desaguisados.
Cuanto más se demore este debate mayor será el sufrimiento económico de los contribuyentes y menor la inversión. Es una verdad de Perogrullo afirmar que nadie invierte en un país con tantos impuestos y tan caros, a menos que se trate de una actividad con un rendimiento fenomenal y que encuentre localmente ventajas comparativas que no existan en otras naciones. El campo y el sector de la energía podrían catalogarse como tal clase de excepciones aunque, en ambos casos, el infatigable ingenio del Estado se las arregla para apropiarse de buena parte de sus excedentes.
Las retenciones a las exportaciones es un buen ejemplo de esta astucia, pero también lo es el congelamiento dispuesto en el precio de los combustibles, un desvío regulatorio de estricta raigambre kirchnerista. Precios manipulados desalientan la inversión en energía y resquebrajan planes de negocios que, por fuerza, requieren del largo plazo dadas las multimillonarias cifras en juego. También los gobernadores, en este caso, los patagónicos, han cargado duro contra esta decisión macrista.
Las quejas por la coparticipación y los congelamientos son, hasta cierto punto, entendibles, excepto porque encierran una enorme cuota de hipocresía. Los mandatarios peronistas olvidan que su propio candidato a presidente, Alberto Fernández, postula en su plataforma eliminar el IVA a los alimentos y “desdolarizar” las tarifas de la energía, que no es otra cosa que desacoplarlas del mercado internacional y dejarlas atados al peso, con lo que esto significa en términos de atraso. Es decir, están dispuestos a tolerarle a Fernández aquello por lo que piensan demandar judicialmente a Macri. Una locura ideológica.
El paroxismo se hace todavía más sorprendente cuando se advierte que los disgustados son prácticamente los mismos que toleraron durante que el matrimonio Kirchner se quedara con la porción del impuesto a las ganancias que, por el pacto fiscal de 1993, las provincias cedieron para financiar el déficit del ANSES cuando Carlos Menem privatizó el sistema jubilatorio. Luego de su posterior reestatización en 2008 (obra de Amado Boudou), tanto Néstor como Cristina se olvidaron de esta cesión, repartiendo arbitrariamente la plata de los jubilados para cualquier aventura política y sin que nadie, excepto cordobeses y santafesinos, protestaran por el despojo. Fue Macri, paradójicamente, quién les reintegró estos recursos en 2016, algo que parece haber sido ya olvidado al calor de los agravios causados por bajar un poco la presión tributaria al gran pueblo argentino.



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