En economía ya se empieza a pensar en el 2020

El escenario se presenta complicado; en período electoral se congelaron tarifas que deberán volver a actualizarse con su consecuente impacto en la inflación.

Por Gabriela Origlia

Terminada la etapa de las PASO, desde hoy el país vuelve a entrar en modo campaña, esta vez de cara a octubre. La gran encuesta que significaron las internas, además de definir cómo seguirá cada sector su estrategia, implica en términos económicos un nuevo paréntesis de incertidumbre. Para este año los expertos ya no esperan grandes cambios producto de políticas internas (el contexto internacional está muy volátil) y ya empiezan a descontar qué economía quedará de cara al 2020. Un panorama nada fácil es la coincidencia.
Hay un buen número de temas que preocupan: las tarifas deberán seguir corrigiéndose (el Gobierno piso el ritmo de actualización que traía para dar un respiro de cara a las elecciones); el país necesita generar más divisas para hacer frente a su recuperación; hay que encarar las reformas laboral y previsional muy habladas pero estancadas y profundizar la tributaria. También hay que resolver el pago de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los economistas descuentan que el Banco Central seguirá jugando fuerte a la intervención sobre el mercado de futuros y mantendrá las altas tasas de interés. La incógnita es cuántas reservas habrá vendido al terminar el proceso electoral; el volumen depende de la mayor o menor tranquilidad en la demanda. El FMI, hay que recordar, le autorizó la venta de US$60 millones diarios desde abril. Hoy las Leliq suman $1,3 billones (alrededor del cinco por ciento del PBI) y como ya lo fueron las Lebac representan una amenaza para la estabilidad del tipo de cambio.
La inflación, por supuesto, se destaca en la lista del debe con que terminará Mauricio Macri su gestión. Si este año cierra en torno al 40% habrá acumulado 250% desde 2015; en los últimos meses se desaceleró (de ninguna manera el concepto significa que es baja) entre otros factores porque hay subas de precios regulados que se postergaron y también porque el Central pisa el dólar. Sin esas prácticas seguramente rondaría el tres por ciento mensual. Para el 2020 las perspectivas no son muy optimistas; el Fondo hizo un pronóstico de 32% (seis puntos más que la proyección oficial).
El ajuste de las cuentas públicas deberá seguir porque es la única manera de cumplir con la promesa de superávit primario de uno por ciento asumida para 2020; en esa línea es que la reforma previsional se hace necesaria. Como el gasto previsional representa casi la mitad de las erogaciones totales, es muy difícil compensar su aumento con recortes en otras áreas. Queda poco margen para bajar otros ítems y, menos todavía, para subir la presión tributaria. La estrategia hasta ahora fue apelar a que la inflación se encargue de hacer el ajuste fiscal pero no se puede esperar que los precios suban más para que el gasto previsional suba menos.
El Fondo proyecta una mejora de ingresos de 1,4% del PIB el año próximo y una reducción de 0,4% en el gasto primario, en este caso con el grueso del esfuerzo en reducir subsidios al sector privado. Esto sugiere un aumento de tarifas por encima de la infación y aumentos de impuestos, según interpreta el economista Daniel Artana de la consultora Fiel. (no especificados). Si la estimación se extiende hasta 2023 la conclusión es similar: entre 2019 y ese año la mejora se daría por aumentos de ingresos por 2% del PIB y el gasto primario se mantendría constante medido como porcentaje del Producto.
“Si se cumplen esas proyecciones luego de ocho años la Argentina lograría pasar de un déficit primario de 4% del PIB en 2015 a un superávit de 2% en 2023. Con ingresos algo superiores y un gasto primario 5.5% del PIB inferior. Para poder avanzar en reducir la elevada presión tributaria sería indispensable en avanzar en reformas estructurales que reduzcan el gasto o la evasión fiscal. Recuérdese que en los datos del gobierno y del FMI se subestiman los ingresos y gastos porque no se incluyen los recursos propios de los municipios (algo más de un punto del PIB), los recursos propios de los sistemas jubilatorios provinciales (casi 2% del PIB) y tampoco los aportes forzosos a obras sociales sindicales y al seguro por accidente de trabajo (otros 2% del PIB)”, grafica Artana.



Dejar respuesta