El margen de negociación que El Panal tiene y el municipio no

La Provincia avisó: la cláusula gatillo del SEP y la UEPC no va más. La caída sostenida de la recaudación no lo permite. Habrá que renegociar. A días de las PASO, en el Centro Cívico un criterio administrativo parece imperar por encima de las conveniencias políticas del corto plazo.

Por Felipe Osman
[email protected]

Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas

El martes 7 de mayo, apenas 5 días antes de las elecciones en las que Hacemos por Córdoba se jugaba su continuidad al frente de El Panal, la Provincia logró que el sindicato riocuartense de Luz y Fuerza fi rmara un acta acuerdo con Epec renunciando a algunos de los benefi cios que le concedía su convenio colectivo y, sobre todo, profundizando la fractura sobre el frente gremial lucifuercista que ya había abierto meses antes, pactando con el sindicato regional villamariense.

Esta decisión de avanzar sobre uno de los sindicatos (otrora) más fuertes de Córdoba a días de los comicios fue juzgada entonces como una señal de la autoconfianza que sentía el oficialismo provincial, que el domingo siguiente terminaría marcando un record en las urnas, cosechando más del 57 por ciento de los votos. Sin embargo esta conclusión podría ser reevaluada a la luz de acontecimientos más recientes. El Centro Cívico anunció en los últimos días que la “cláusula gatillo” -mecanismo de reajuste inflacionario automático que contemplan los acuerdos paritarios con los principales sindicatos públicos- se ha tornado insostenible y que tales acuerdos deberán renegociarse. Lo hace a dos semanas de un test electoral que se adivina mucho más adverso que los comicios provinciales para Hacemos por Córdoba: las primarias nacionales. Así las cosas, cabe corregir la suposición previa sustituyéndola por una nueva: durante la gestión que Juan Schiaretti al frente de la Provincia parece predominar un criterio administrativo por sobre las conveniencias políticas del corto plazo, que podrían hacer más aconsejable dilatar la situación actual, al menos, hasta después de las PASO. Esto marca más de una diferencia entre la administración provincial y la municipal.

En los acuerdos paritarios que Silvina Rivero, secretaria de la Gobernación, firma con los sindicatos públicos, como el SEP (empleados públicos) y la UEPC (docentes), siempre se incluye una disposición por la cual la Provincia se guarda la facultad de dar por caída la clausula gatillo y llamar a los sindicatos a renegociar si la recaudación provincial cae por debajo de la inflación. La inclusión de esta condición es, en cierta medida, un reflejo de una posición de poder del Centro Cívico que no encuentra réplica en las negociaciones encaradas por el municipio con el Suoem. Las paritarias de los empleados municipales no están atadas a la evolución de la recaudación del Palacio 6 de Julio, con lo cual el gigantesco pasivo que significan las partidas salariales, que insumen una parte mayoritaria del presupuesto municipal, representa una continua amenaza para el equilibrio financiero del municipio, que no tendría ningún margen de negociación frente a una caída sostenida de su recaudación.



Por otro lado, según una versión periodística publicada por el diario La Voz del Interior, la actual administración municipal firmó en los últimos meses varios decretos que renuevan y otorgan adicionales salariales a empleados municipales por 195 millones de pesos. La cifra no es lejana a la que el Palacio 6 de Julio necesita para estabilizar la situación del transporte público hasta fin de año, servicio que peligra por el reclamo de UTA, cuyo último acuerdo paritario asegura a los choferes un reajuste salarial del 20 por ciento retroactivo a junio más un bono de 16.000 pesos. Esta situación vuelve a poner de resalto una diferencia cardinal entre la administración provincial y la gestión municipal. La Provincia tiene la fortaleza necesaria para contender con los sindicatos públicos e imponer un criterio administrativo incluso por encima de sus necesidades políticas más inmediatas. El municipio no. Tal es así que aún urgida por solucionar un conflicto en el transporte que atraviesa una delicada tregua con fecha de vencimiento fijada para el 4 de agosto (día en que las empresas de transporte deberán liquidar los salarios reajustados a los choferes), la Municipalidad ha elegido asegurar el pago de conceptos extraordinarios a los empleados municipales, dejando activo un peligroso frente con la UTA.



Dejar respuesta