Transición municipal: Primer acercamiento Llaryora Mestre se daría tras las PASO

El intendente electo ensayaría un acercamiento con la gestión mestrista después de las primarias. Antes de eso, reaparecería en la escena política en los últimos actos de campaña de Hacemos por Córdoba previos al 11-A. De fondo, un conflicto en el trasporte urbano que -por ahora- permanece en stand by.

Por Felipe Osman
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El calendario electoral que Hacemos por Córdoba diseñó para separar las elecciones provinciales de las nacionales y evitar los efectos de la polarización causó, como efecto colateral, una extraordinariamente larga transición municipal, dado que Ramón Mestre pegó las elecciones locales a las provinciales y Martín Llaryora logró alzarse con un (amplio) triunfo en la capital. Esto generó un inconveniente conocido. Cuando en la noche del pasado 12 de mayo se conocieron los resultados del escrutinio provisorio nada menos que siete meses separaban el traspaso del mando de la actual gestión a la gestión electa. Una transición demasiado extensa, problemática tanto para Mestre como para Llaryora.

Para Mestre, porque la constitución de una Comisión de Transición Municipal integrada por cuadros del PJ funcionando dentro del Palacio 6 de Julio mellaría su poder, que paulatinamente empezaría a traspasarse hacia los delegados de la futura gestión encabezada por Llaryora. Y para Llaryora, porque exponerse por largos meses al fogueo de la prensa y de la arena política conllevaría un desgaste innecesario que minaría su capital político antes de desembarcar en la Municipalidad, momento en el que más necesitará de él para sobreponerse a una situación inicial que ya se adivina bastante complicada. Así las cosas, entre mestrismo y llaryorismo parece (o parecía) existir un pacto tácito de demorar la proclamación de autoridades municipales, requisito necesario para que se llame a constituir la Comisión de Transición, y así acortar la transición aplazándola. Pero el tiempo de postergar el inicio del recambio parece estar llegando a su fin, y algunas fuentes allegadas al sanfrancisqueño apuntan que, apenas pasadas las elecciones primarias, Llaryora se pondría en contacto con Mestre para dar inicio a la transición.

En realidad, el actual vice gobernador en uso de licencia reaparecería en la escena política de Córdoba algunos días antes, para participar de los últimos movimientos de campaña del peronismo previo al 11-A, y en la semana siguiente a la votación empezaría a tejer puentes con la actual gestión municipal para programar su aterrizaje en el puesto de mando de la capital.



La transición obligará al peronismo a administrar un delicado equilibrio con la gestión que se va. El equipo de Llaryora necesita ponerse al corriente del estado de las cuentas municipales y de los mecanismos de gestión, que deberán serle presentados por los cuadros mestristas. Pero al mismo tiempo tiene en sus planes declarar la emergencia económica en el municipio, para contar con algunas herramientas adicionales para reordenar las finanzas del Palacio Municipal. Así las cosas, deberá cuidarse de mantener una relación medianamente cordial con la actual gestión, pero al mismo tiempo necesitará atacarla y cuestionarla, para justificar la declaración de la mencionada emergencia. Una tarea difícil para la que necesitará mucha muñeca. Pero por si este escenario se viera falto de complejidades, existirá también otra. Una central. El conflicto desatado en el sistema de transporte urbano que, por ahora, permanece en stand by gracias a un aporte de 23 M realizado por la Municipalidad con fondos del FOSAT (Fondo de Saneamiento del Transporte). Ese giro, que estuvo destinado a garantizar el pago de la primera cuota del bono de 16.000 pesos obtenido por los choferes en su negociación paritaria, aseguró la paz con UTA hasta el 4 de agosto. Ese mismo día las empresas de transporte urbano deberán depositar en la cuenta de sus empleados un salario de julio con un 20 por ciento de ajuste más el 20 por ciento de reajuste retroactivo sobre el mes de junio. De no ser así, la tregua habrá terminado.

Mestre necesita, si quiere evitar un nuevo aumento en el boleto durante lo que le queda de gestión, unos 250 millones de pesos (aproximadamente) para financiar los mayores costos que implica el nuevo convenio de UTA. Y lograr esa asistencia extra de parte de la Provincia parece muy difícil. La alternativa es que la Nación -dada la coyuntura electoral- acceda a financiar este diferencial en el transporte urbano por el período que va de agosto a noviembre. Cruzado ese meridiano, el déficit deberá ser corregido por la próxima gestión municipal.



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