Trama Picolotti se metió en campaña de A. Fernández

En septiembre la cordobesa deberá sentarse en el banquillo por hechos de corrupción. Pidió quedarse en EEUU, pero un fiscal se opuso por enésima vez a que la Justicia siga haciendo concesiones.

Por María del Pilar Viqueira

Los archivos no perdonan y Alberto Fernández lo sabe. Cuando el precandidato a presidente por el Frente de Todos sostuvo que siempre defendió al periodismo, las redes sociales estallaron con el video que lo registró hostigando a Claudio Savoia por develar los desmanejos de su protegida, Romina Picolotti, en la secretaría de Ambiente. El bochornoso episodio sucedió en julio de 2007, luego de que el comunicador de Clarín publicara una investigación sobre la gestión irregular de la niña mimada del kircherismo. Escoltado por la cordobesa, el por entonces jefe de Gabinete la confirmó en su puesto y arremetió en contra de Savoia. Le atribuyó su nota a una “avivada” para progresar profesionalmente; fustigó el trabajo de la prensa crítica y habló de “pícaros disfrazados de periodistas de investigación”. Un año y medio después, en diciembre de 2008, la funcionaria le presentó su renuncia al sucesor de su padrino político, Sergio Massa.

El tiempo pasó y la tesis de Savoia fue ratificada por la Justicia en sucesivas instancias. Picolotti llegó a la función respaldada por Alberto Fernández cuando trabajaba junto a su esposo, Daniel Taillant, en la ONG que habían creado: el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). Sin embargo, su promotor y defensor le soltó la mano cuando las pruebas en contra de la letrada se acumularon. En agosto del 2014, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento dictado por la jueza María Servini, por administración fraudulenta. Ante ese panorama, desde las filas del Frente Renovador, Alberto Fernández dijo que el periodista de Clarín “alguna razón” y le pidió disculpas. “Si Romina hizo esto que dé explicaciones, ojalá las tenga. Yo nunca protejo a un funcionario que malgasta los fondos públicos”, espetó el ahora nuevamente kirchnerista en una entrevista radial. El uso irregular de la “caja chica” de Ambiente es la clave de la causa. Según consta en el expediente, Picolotti pagó los traslados de su familia, en avión, de Córdoba a Buenos Aires, bajo el rubro desarraigo, con fondos públicos. También se le enrostra la contratación de vuelos privados sin justificación, para moverse al interior, casi todos con escala en la provincia. Asimismo, menciona consumos en casas de comida rápida, compras de chocolates, cenas en coquetos restaurantes y adquisición de productos de belleza. Mientras ocupó su puesto, habría ejecutado sólo el 40 por ciento del presupuesto de la repartición, destinado a programas varios. Paralelamente, se constató los directivos del área pasaron decenas de miles de dólares en concepto de viáticos por viajes a diversas partes del mundo, como Kenya y España.

Según estimó Servini al incriminarla, “cualquier gasto era solventado por medio de la caja chica”. A mediados de 2015 el caso se elevó a juicio oral. El fiscal Guillermo Marijuan enfatizó que la ex funcionaria demostró un “total desapego al cumplimiento de las normas que rigen la utilización del dinero público”, el cual destinó a cubrir necesidades personales a diario, incluidos sábados, domingos y feriados, según detalló. En enero de 2016 la encausada fue autorizada para trasladarse a Estados Unidos, para trabajar allí, en virtud del contrato que firmó con el Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sustentable (Institute for Gobernance and Sustaintable Development), con sede en Florida. Fijó domicilio en una casa valuada en casi medio millón de dólares, en la exclusiva zona de Palm Beach. Poco después, el fiscal federal Diego Luciani denunció que violó las condiciones que le impuso el Tribunal Oral Federal Número 6. Luego de recibir un informe del consulado argentino en Miami, constató que visitó distintos países, como Islandia y Marruecos, sin informárselo a la Justicia o en fechas distintas a las que anunció. Por eso, pidió que se revoque su permiso de residencia en el exterior y que regrese de inmediato a la Argentina, para que enfrente el debate oral y público por la comisión de los hechos de corrupción que se le atribuyen.



El representante del Ministerio Público se opuso en dos oportunidades a que Picolotti viviera en Estados Unidos, porque eso demoraba la realización del juicio y significaba un riesgo, ya la lejanía dificultaba el control sobre su conducta. Si bien en un principio el tribunal admitió la postura del fiscal, luego entendió que no podía coartar el “derecho laboral” de Picolotti. Tras lograr que sus abogados demoraran la marcha del proceso penal en su contra, se quedó sin margen de maniobra: se sentará en el banquillo de los acusados el 9 de septiembre. Su último intento para no ir a juicio naufragó en noviembre de 2018, cuando la Corte rechazó una presentación de su defensa, por defectos formales. Las repercusiones de los dichos de Alberto Fernández sobre la prensa refrescaron la memoria de la ciudadanía sobre el caso de la cordobesa y abundaron las protestas por las sucesivas concesiones que logró. Ayer, Luciani reclamó que no se le extienda el plazo de residencia en Estados Unidos, por la inminencia del debate. El fiscal hizo su pedido ante el planteo formulado por el abogado de Picolotti para que se le permita quedarse allí hasta, al menos, el 2 de septiembre. “Bajo ningún concepto debe otorgarse la prórroga”, concluyó, recordando que el tribunal debe asegurar la efectiva realización del debate por corrupción.



1 Comentario

Dejar respuesta