El trasporte, un problema de solución colectiva

El conflicto del transporte vuelve a dejar a la vista la falta de voluntad política de los actores involucrados, que por pequeñas mezquindades se pierden la posibilidad de renovar el sistema.

Por Javier Boher
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Tras un tiempo en calma, nuevamente estalló el problema al que los sucesivos gobiernos no le han podido encontrar la vuelta. Aunque esta vez las causas están fuera de Córdoba, los usuarios del sistema de transporte quedan otra vez en el lado de los que sufren las consecuencias más profundas.
La cosa se aplacó un tiempo después del salvaje paro de 2017, que marcó un quiebre en el habitual chantaje de los choferes hacia los gobiernos. Hasta ese momento los paros y las asambleas eran moneda corriente, pero empezaron a discontinuarse tras el descrédito por la actitud patotera e intransigente durante aquellas jornadas en las que los cordobeses se las tuvieron que rebuscar para llegar a todos lados.
La controversia surge ahora por los aportes que ha comprometido el gobierno nacional para el acuerdo alcanzado por UTA para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los choferes de la Docta pretenden recibir el mismo trato, aunque nadie está dispuesto a pagarlo. Como siempre, el problema termina siendo económico: ¿quién pone la plata?
Todo indica que nadie está dispuesto a enfrentar el costo. Ninguno de los tres niveles de gobierno está en condiciones de afrontar la mejora salarial de los choferes, así como los empresarios sólo accederían a hacerlo si se les concede el aumento del boleto. La puja es, entonces, entre que lo paguen todos los ciudadanos a través de los impuestos o los usuarios a través del boleto.
Este intríngulis es prácticamente imposible de resolver si además se incluye la variable política. Con un gobierno municipal en retirada, difícilmente Mestre acceda a dar el aumento de boleto que le descomprima el problema a su sucesor. El todavía intendente pretende que Llaryora pague ante los ciudadanos el mismo derecho de piso que le tocó a él cuando recibió la herencia de Giacomino.
Por otra parte, aunque las buenas migas entre Nación y Provincia se mantengan, la boleta corta de Schiaretti necesita algo de qué aferrarse para justificar esa idea de que hay que elegir diputados que defiendan a Córdoba. Eso no funcionó hace dos años, pero con un conflicto como este sería más fácil sostener un enfrentamiento por el incumplimiento nacional del Pacto Fiscal al que suscribieron casi todos los distritos.
Haciendo memoria, los cordobeses llevamos dos décadas tratando de reinventar el sistema, pero siempre quedando en cambios cosméticos que no transforman realmente el servicio: cambios en las denominaciones de las líneas, algunos recorridos o el abandono del cospel. Fuera de eso, poco.
Hay poca integración entre líneas o medios; las combinaciones no funcionan a horario; los pocos carriles Solo Bus que hay son invadidos por autos particulares; ni siquiera funcionan correctamente las aplicaciones con los recorridos o para informar cuánto resta esperar (porque están atadas a un servicio que funciona mal).
Más allá de estas cuestiones que se repiten invariablemente cada tanto tiempo, hay poca voluntad (o poca imaginación) para resolver este tipo de problemas crónicos. Con la penetración de la tecnología a gran escala, la decisión pasa por acercar esas nuevas herramientas a la necesidad básica de los ciudadanos que es un transporte decente.
Quizás la alternativa pase por eliminar ciertas regulaciones, habilitando formas novedosas que le den más protagonismo a los vecinos. La posibilidad de usar datos de geolocalización para definir recorridos, conseguir un marco normativo que permita la libre prestación del servicio (para no caer en traffics o colectivos “pirata” de dudosa seguridad) con tarifa flexible o a definir a través de una aplicación según la demanda, o la posibilidad de dividir el boleto en tramos usando la tarjeta sin contacto para marcar cuando se sube y cuando se baja al colectivo.
Seguramente sea necesario pensar nuevas alternativas que representen un menor costo para los usuarios y un mejor salario para los trabajadores. Para eso los gobiernos deben dejar de lado los esquemas tradicionales, abjurando del nocivo corporativismo que domina las negociaciones cada vez que se despierta este problema.
Difícilmente se pueda salir de este atolladero sin voluntad política de los gobiernos de los tres niveles. Aunque no parecen tener incentivos suficientes para resolverlo, tal vez deberían pensar en los ciudadanos: si bien no se sientan en la mesa de negociaciones, al final terminan hablando a través de las urnas.



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