Conflicto UTA reinstala en campaña el reparto de subsidios

La medida de fuerza que amenaza con paralizar el transporte urbano vuelve a poner en agenda la disputa por el reparto de subsidios nacionales.

Por Felipe Osman
[email protected]

El conflicto que amenaza con paralizar el transporte urbano de pasajeros, tanto en la ciudad de Córdoba como la mayoría de las ciudades del interior del país, vuelve a poner en el centro de la campaña electoral un problema que ya predomino en la agenda pública durante la campaña de 2017 y que, en rigor de verdad, ha signado la relación entre las provincias y el Gobierno Nacional a lo largo de la historia argentina: el reparto de los fondos nacionales. En este caso puntual, el de los subsidios nacionales al transporte.
Para hacer un breve resumen de la situación que hoy atraviesa el sistema de transporte urbano podemos decir que la paritaria firmada por UTA en 2018 venció en marzo y que, desde entonces, no ha habido acuerdo entre la patronal y el sindicato para firmar un nuevo acuerdo paritario en el interior.
Sin embargo, las mismas partes sí han convenido sobre este asunto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana Bonaerense. Los números de este arreglo son un reajuste salarial del 20 por ciento (retroactivo a junio) y un bono de 16.000 pesos a pagarse en tres cuotas (julio, agosto y septiembre).
El reclamo de UTA, que ya resintió la prestación del servicio ayer con asambleas sorpresivas que se prolongarán hasta hoy y que amenaza con paralizar el transporte por 48 horas a partir del jueves, tiene por fin lograr que en Córdoba se reconozca a los choferes el mismo aumento logrado por sus pares en CABA y AMBA.
Ahora bien, lo que no debiera perderse de vista, es la asimetría con la que el Gobierno Nacional asiste a Capital Federal y al Conurbano Bonaerense, en desmedro del resto de las jurisdicciones.
El Ministerio de Transporte de la Nación publicó, días atrás, una solicitada en la que instaba a las provincias al cumplir con el Pacto Fiscal firmado en 2018 y se desentendía del conflicto de trasporte que azota a las ciudades del interior, diciendo que a partir de la rúbrica de este acuerdo las provincias habían asumido el sostén de los sistemas de transporte urbano, que ya no contarían con subsidios del Gobierno Nacional.
Estas palabras, que fueron rebatidas primero por el legislador Carlos Gutiérrez, volvieron a ser desmentidas ayer por Oscar González, presidente provisorio de la Unicameral y segunda autoridad de la Provincia.
“Lo que ocurrió en el fondo de la cuestión es que la Nación dispuso una partida de 5 mil millones de pesos destinados al transporte de todas las provincias argentinas (…). Pero cuando llegó el momento de afrontar la paritaria de UTA, la Nación termina subsidiando de manera inequitativa a 11 mil colectivos que hacen el servicio de transporte entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Ese beneficio enorme no lo extiende al resto de las provincias”, explicó González ante los micrófonos de Cadena 3.
En realidad, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, oculta esta inequidad que señala González detrás de una falacia argumental. Lo hace explicando que la Nación sólo asiste económicamente a los sistemas de transporte que ofrecen prestaciones interjurisdiccionales, es decir, a las líneas cuyos recorridos unen o atraviesan dos o más jurisdicciones. Y con este ardid discursivo justifica que la nación destine una parte groseramente mayoritaria de los subsidios a CABA y AMBA, en desmedro de las provincias.
Pero además, lo hace con gran displicencia.
No resultan necesarias las dotes de un gran estadista para prever que si la UTA logra una paritaria favorable en Buenos Aires va a pretender que los trabajadores que realizan el mismo trabajo en otras jurisdicciones accedan al mismo reajuste. A fin de cuentas, el desequilibrio que desencadena el actual conflicto es ocasionado por la intromisión de la Nación, que vuelve a repartir subsidios inequitativamente, dando a algunos lo que no concede a otros sin ningún otro criterio que las conveniencias electorales del oficialismo nacional.
Más aún, difícilmente pueda Dietrich apelar a un criterio redistributivo para justificar la preferencia del Gobierno Nacional hacia CABA y AMBA (jurisdicciones casualmente gestionadas por Cambiemos), si se tiene en cuenta que el gobierno porteño acaba de lanzar una licitación para adjudicar la construcción de su sexta línea de subte, la línea “F”, que tendrá una extensión de 12 kilómetros y 13 estaciones (11 de ellas subterráneas).
No parece entonces Capital Federal esté atravesando contingencias financieras que hagan necesaria una asistencia especial de la Casa Rosada, sino todo lo contrario. Si existiera un criterio redistributivo en el fondo del accionar de Balcarce 50, éste debería ser diametralmente opuesto.



Dejar respuesta