Entre acusaciones cruzadas, UTA va al paro por 48 hs

La medida empezaría jueves. El sindicato y autoridades municipales se reunieron ayer pero no encontraron solución. La Nación intenta responsabilizar a la Provincia, que cumple sus obligaciones, pero no cuenta con los subsidios que la Casa Rosada concede a CABA y AMBA.



Por Felipe Osman
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El conflicto del transporte es un frente abierto en el interior del país. Y uno que, de prolongarse, promete enclavarse en el centro de la campaña electoral, poniendo de manifiesto las tensiones que existen entre el Gobierno Nacional los gobiernos de provincia.
El acuerdo logrado por la UTA en Ciudad Autónoma y el Conurbano Bonaerense, que consiste en un aumento del 20 por ciento (retroactivo a junio) junto a un monto fijo de 16 mil pesos a liquidar en tres cuotas, no encuentra réplica en las ciudades del interior, y en el medio de la disputa existen acusaciones cruzadas entre las diferentes jurisdicciones que se endilgan responsabilidades recíprocamente.
El sindicato reclama una actualización de su paritaria, que venció en marzo. Pero la Municipalidad afirma que no cuenta con los fondos necesarios para equiparar la pauta salarial lograda por los choferes de CABA y AMBA.
En la primera de las dos reuniones que UTA mantuvo con las autoridades del Palacio 6 de Julio ayer, el sindicato logró achicar distancias con el municipio, que se comprometió a afrontar el pago de la suma fija de 16.000 pesos, a saldarse en 3 cuotas según el acuerdo firmado por los gremios porteño y bonaerense: 8.000 pesos el 20 de julio, 4.000 pesos el 4 de agosto, y una última cuota de cuatro mil pesos en septiembre.
Sin embargo, después de este primer entendimiento quedó por resolverse el tema central: el 20 por ciento de reajuste salarial.
En la segunda reunión no hubo avances y la UTA anunció que avanzaría con asambleas durante el día de hoy y, de no hallar una respuesta favorable a su reclamo en la audiencia prevista para el miércoles ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, iría a un paro de 48 horas a partir del jueves.
En realidad, la situación de Córdoba no es particular. La misma se replica en la mayoría de las provincias. Y es por esto que el Ministerio de Transporte de la Nación publicó ayer una solicitada en la que buscó desligarse del problema.
La cartera que conduce Guillermo Dietrich apuntó que el Gobierno Nacional había girado a las provincias todos los recursos contemplados por la Ley de Presupuesto, y que eran ahora ellas las que debían garantizar el funcionamiento del transporte público en cada ciudad, asumiendo el pago de subsidios de ser necesario.
Finalmente, el comunicado señalaba que los gobiernos de provincia cuentan ahora con más recursos para afrontar estos gastos, gracias a los mayores ingresos que trajo aparejado la firma del Pacto Fiscal, y que si ahora no estaban en condiciones financieras para garantizar el servicio urbano de transporte debía ser porque no se apegaron a las pautas establecidas por tal documento.
La respuesta de Córdoba no tardó en llegar, y el legislador provincial y primer candidato a Diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, fue el encargado de darla.
“(Guillermo) Dietrich miente”, apuntó el presidente del bloque justicialista en la Legislatura Provincial. Para luego explicar que la Provincia cumple “a rajatabla” el Pacto Fiscal, a pesar de que la Nación no hace lo propio. Señaló, a modo de ejemplo, que Córdoba ha disminuido su presión impositiva al bajar la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos, mientras que la Nación no ha actuado en consecuencia disminuyendo sus alícuotas.
Pero más allá de esa discusión, y yendo al tema puntual del transporte, Gutiérrez explicó que la Provincia gira al municipio todos los fondos que le corresponde girar. Y si el transporte urbano de Córdoba no puede pagar la misma pauta salarial que los choferes consiguieron en Buenos Aires es porque el Gobierno Nacional concede al trasporte de CABA y del Conurbano Bonaerense subsidios que niega a las ciudades del interior del país.
El quid del conflicto no sería otro, entonces, que la habitual discriminación de la Casa Rosada hacia las ciudades del interior, en beneficio de Capital Federal y del Área Metropolitana de Buenos Aires, con evidentes fines electorales.



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