Nuevo acuerdo abre puerta a sistema continental de créditos

13 países firmaron el “Convenio para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”.



En el marco de una Conferencia Internacional de Estados organizada por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, 13 países firmaron el sábado el nuevo “Convenio para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”.
El objetivo del mismo es dinamizar la movilidad estudiantil, docente, de investigadores y de graduados en general entre los países de la región continental, como un sostén del derecho a la educación y un potenciador de la economía de las respectivas naciones.
Los signatarios fueron Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Santa Sede (administradora de universidades católicas en la región) y Venezuela.
Además, también participaron de la conferencia países cuyos representantes no tenían potestad legal para firmar el convenio, pero cuyos gobiernos podrían hacerlo en el corto plazo: Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, San Cristobal y Nieves, y Uruguay.
El nuevo convenio es un paso importante hacia la instauración de un sistema de reconocimiento de créditos académicos entre todas las universidades de Latinoamérica. En Argentina ya existe un sistema nacional de dichas características nacido en 2016, tras el impulso inicial del rector de la UNC, Hugo Juri.
En paralelo, países de Europa, África y Asia y Pacífico han renovado sus respectivos convenios regionales, en vistas a las 40º conferencia general de la UNESCO, que en noviembre podría aprobar una nueva Convención Global sobre Reconocimiento de Cualificaciones de Educación Superior.
Aprovechando la ocasión, el nuevo director del IESALC, Francesc Pedró se reunió con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) argentino. De la comitiva formaron parte su vicepresidenta Delfina Veiravé (rectora de la Universidad Nacional de Nordeste), el secretario ejecutivo Mario Gimelli, y los cordobeses Juri (titular de la comisión de Asuntos Internacionales del CIN) y Francisco Tamarit (coordinador de la CRES 2018), entre otros.

Convenio en carreras de Agronomía del Mercosur ampliado
La Casa de Trejo fue sede del Foro de Decanos de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile, que se desarrollo entre el 4 y 5 de julio. En ese marco, se acordó el reconocimiento de trayectos formativos entre carreras de Agronomía de universidades de los siete países.
El rector de la UNC, Hugo Juri, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el futuro del Mercosur, en el marco de su acuerdo con la Unión Europea, afirmando que “seguramente evolucionará como fue la Comunidad Económica Europea, que se transformó en Unión Europea con un rol político y también fuertemente académico, con el acuerdo de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior”.
El decano de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Marcelo Conrero, fue el anfitrión, en su rol de presidente pro témpore del Foro. “Tuvimos la oportunidad de esta reunión, en la que además de tratar temas específicos, pudimos firmar este acuerdo fundamental que permitirá mayor movilidad entre estudiantes, ya que podrán cursar semestres completos en otras universidades y que esas materias sean reconocidas”, explicó Conrero.

Filosofía apoya a procesados por toma del Pabellón Argentina

Antes de ingresar en el receso invernal, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades decidieron dar un nuevo respaldo al conjunto de universitarios que el juez federal Miguel Vaca Narvaja procesó por la toma del Pabellón Argentina del año pasado.
Esta vez, el documento no fue votado por el Consejo Directivo de la unidad académica, sino que fue suscripto por sus miembros: el decano Juan Pablo Abratte y su vice, Flavia Dezzutto, y los consejeros de los cuatro claustros.
La declaración destaca: “toda acción que pretenda abordar las cuestiones vinculadas a medidas de protesta y reclamos estudiantiles debe enmarcarse en los principios, derechos y garantías del marco internacional de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Por eso nos preocupa que persistan acciones criminalizando la protesta y las resistencias contra las políticas de ajuste: no debe confundirse ninguna protesta con un delito”.

 

 



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