Complejo sistema defiscalización para la fórmula F-F

El kirchnerismo diseña una fiscalización montada sobre cuatro estructuras -sindicatos, universidades, partidos y organizaciones sociales-, y el albertismo, a su vez, una “fiscalización de segundo grado”.

Por Felipe Osman
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La lista legislativa que el Frente de Todos presentó ante la Justicia Electoral minutos antes de cumplirse el plazo límite para hacerlo es un fi el refl ejo de la dispersión de la que en Córdoba adolece este espacio. Sin embargo, los motivos a los que habitualmente se recurre para explicar esta dispersión no resultan sufi cientes. La “enemistad”, por caso, de Pablo Chacón y Franco Saillen, o la resistencia de algunos sectores del kirchnerismo hacia la Cámpora no e ncuentran su causa en meros enfrentamientos personales, sino en un problema más complejo (aunque menos defi nitivo), que no es otro que la ausencia de un referente local con el peso necesario para encolumnar tras de sí al resto. En otras palabras, muchos quieren lo mismo y nadie tiene el poder suficiente para ordenar las pretensiones.

Ante esta realidad, que podría haber sido subsanada o al menos atenuada con la presencia de Eduardo Acastello en la boleta, quienes impulsan la fórmula Fernández-Fernández deberán administrar las tensiones internas del espacio para llevarlas a un punto de equilibrio que les permita coordinar una campaña electoral pacífica y diseñar una fiscalización conjunta de los comicios. Mientras tanto, kirchnerismo y albertismo planean campañas individuales y un complejo mecanismo de fiscalización que les garantice un escrutinio confiable, derecho al pataleo entre el recuento provisorio y el definitivo, y salir indemnes de cualquier reclamo cursado desde Buenos Aires.

Campaña



Los armadores de los Fernández en Córdoba plantean una campaña electoral con dos objetivos centrales: el primero, convencer a los cordobeses de que el Frente de Todos es un espacio más grande que el kirchnerismo puro y duro; el segundo, convencer a los propios partidarios de militar la “boleta larga”, y no contentarse con impulsar sólo el tramo presidencial. En otras palabras, disputarle terreno a la lista corta de Hacemos por Córdoba. Por otro lado, entienden que los candidatos que el Instituto Patria eligió para Córdoba tienen un bajo nivel de conocimiento. Eduardo Fernández y Pablo Chacón ocupan el primer y tercer lugar de la lista como prenda de compromisos asumidos a nivel nacional, Mirta Iriondo proviene de un reducido ámbito académico y Franco Saillen de un gremio como el Surrbac, que no goza de la mejor fama entre la mayoría de los cordobeses.

Sin tiempo para revertir estos flacos índices de conocimiento, la conclusión casi automática es que la campaña se centrará en el tramo presidencial y se apostará a la tracción que la fórmula FernándezFernández ejerza sobre el tramo legislativo de la boleta. La consigna: no al corte. Fiscalización Los partícipes del Frente de Todos dividirán roles en lo que hace a la fiscalización. El kirchnerismo estará a cargo de la fiscalización en sí misma, y el “albertismo”, asentado sobre el partido “Parte” que en Córdoba preside el ex legislador Enrique Asbert, a cargo de “la fiscalización de la fiscalización”. El kirchnerismo tiene un problema central en Córdoba: la estructura del PJ no responde a ellos, sino al oficialismo provincial. Para suplir esta deficiencia, las “tribus k” montarán su fiscalización sobre cuatro estructuras menores: el sindicalismo de filiación k, las universidades, los partidos que integran el frente y las organizaciones sociales que les responden. Para lograrlo necesitan de unos 10.000 fiscales, y confían en conseguirlos. La importancia de tener un fiscal en cada mesa es crucial para entablar cualquier reclamo ante la Justicia Electoral que pretenda hacer diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo. “Sin acta original firmada no hay derecho al pataleo”, explican. Pero además será vital para resistir cualquier reprimenda que llegue desde el Buenos Aires, que en los comicios de 2015 acusó deficiencias en la fiscalización de Córdoba y entiende que por ello algunos puntos “se perdieron”. El albertismo, en tanto, programará una fiscalización de segundo grado, supervisando la fiscalización diseñada por el kirchnerismo, consiguiendo fiscales sustitutos para suplir cualquier deficiencia, y llevando adelante un recuento provisorio paralelo al oficial en tiempo real, con veedores que transmitirán las actas de cada escuela a un centro de cómputos dispuesto a tal efecto.



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