Inquieta al PJ reasignación de recursos municipales

Mestre autorizó por decreto el redireccionamiento de fondos municipales de afectación específica. Atento a ello, el bloque de Hacemos por Córdoba presentaría hoy un pedido de informe requiriendo al Ejecutivo Municipal que explique qué recursos municipales busca reasignar, los motivos de su reasignación y cómo planea reintegrarlos.

Por Felipe Osman

concEl intendente Ramón Mestre autorizó, mediante un decreto firmado el pasado 14 de junio, la utilización transitoria de fondos municipales de afectación específica para realizar pagos otra naturaleza, ajena a los fines específicos con que fueron creados. A causa de esto, el bloque justicialista dentro del Concejo Deliberante presentaría hoy un pedido de informes, requiriendo al Departamento Ejecutivo mayores precisiones acerca del destino y cuantía de los fondos reasignados y de la forma en que se prevé restituirlos.
El decreto en cuestión (Nº 1324/2019) activa una potestad conferida al intendente por la ordenanza de Administración y Contabilidad Municipal, que en su artículo 67 establece que “…el Departamento Ejecutivo (…) podrá disponer la utilización transitoria de fondos para efectuar pagos, cuando, por razones circunstanciales o de tiempo, deba hacerse frente a apremios financieros…”, pero al mismo tiempo confiesa que las finanzas municipales atraviesan algunas dificultades.
La redacción del artículo en cuestión se completa luego estableciendo que “…dicha autorización transitoria no significará el cambio de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio…”. Es decir, la autorización transitoria al Departamento Ejecutivo para echar mano a fondos de afectación específica para satisfacer pagos originados en deudas de otra naturaleza implica la obligación de que estos fondos deberán ser restituidos a sus cuentas de origen antes de que finalice el ejercicio económico en curso.
El decreto alude a 12 cuentas especiales que quedaron habilitadas para que el Ejecutivo utilice con otros fines, entre ellas: la cuenta “Municipalidad de Córdoba-Dirección de Deportes y Recreación”, destinada al fomento de este tipo de actividades; la cuenta “Municipalidad de Córdoba-FOSAT”, destinada al saneamiento del transporte urbano; y la cuenta “Municipalidad de Córdoba-Fondo de Apoyo a la Infraestructura Deportiva”.
Desde el peronismo entienden que el oficialismo municipal no ha dado explicaciones suficientes para apelar al uso de estas cuentas especiales, ya que el decreto que habilitó su utilización transitoria sólo la fundó en “…la actual coyuntura económico-financiera…” y la necesidad de “…asegurar una adecuada fluidez de recursos que posibiliten la atención en tiempo y forma de compromisos de pago de vencimiento inminente y de carácter impostergable”, y por ello reclama mayores precisiones.
Sin embargo es necesario destacar que el justicialismo no parece demasiado preocupado por poner en marcha una Comisión de Transición Municipal que le daría un rol de mayor protagonismo dentro de los asuntos municipales y desde el cual podría (y debería) ejercer un contralor de la situación financiera del municipio.
Siendo que el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales ya finalizó hace (casi) un mes, resulta difícil de explicar por qué la Justicia Electoral no envió antes los resultados a la Junta Electoral Municipal para que esta proclame a las nuevas autoridades y se ponga en marcha la constitución de la Comisión de Transición.
La única explicación más o menos razonable que allegados a los temas municipales imaginan es que Martín Llaryora necesita evitar el desgaste que implicaría exponerse al fogueo de la prensa y, sobre todo, al de la arena política, durante una transición exageradamente larga.
El peronismo eligió competir por la provincia el 12 de mayo pasado, alejando la elección provincial de los comicios nacionales para evitar quedar atrapado en los efectos de la polarización. La elección fue sabia y los resultados que dejó el 12-M lo prueban. Mestre, por su parte, ubicó las elecciones municipales junto a las provinciales, un requisito que le exigían desde Buenos Aires para mantener una unidad de Cambiemos Córdoba. Algo que finalmente no sucedió.
El PJ ganó en la provincia y en la capital y comenzó una transición impresionantemente larga. En el plano provincial, claro, esto no importaba, el gobernador electo y el actual son la misma persona. En el municipio, en cambio, Llaryora se quedó con la difícil tarea de recorrer siete meses (ahora le quedan 6) de transición en calidad de “intendente electo”, una naturaleza extraña propia de quien “es” intendente, pero todavía no.
Así las cosas, el sanfrancisqueño debe administrar su presencia, haciendo equilibrio entre no abdicar del rol de contralor que su condición de intendente electo le demanda en el marco de la transición municipal y permanecer en un segundo plano que ponga al resguardo un capital político que necesita conservar intacto para afrontar sus funcionas a partir del 10 de diciembre.



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