Primeros roces de la transición municipal: basura y personal

Aunque la actual gestión y la que tomará la posta en el municipio a partir del 10 de diciembre coinciden en programar una transición ordenada y pacífica del Palacio Municipal, en el Concejo Deliberante ya asoman dos posibles frentes de conflicto: la basura y el personal.

Por Felipe Osman

El peronismo cordobés fijó, el 28 de noviembre pasado, las elecciones provinciales en una fecha que le resultaba conveniente por diversos motivos. Ir a las urnas el 12 de mayo implicaba no sólo restar tiempo a Cambiemos para dirimir sus problemas internos, sino también acotar los plazos para que el Gobierno Nacional lograra el aún esperado efecto ‘rebote’ en las variables económicas.
Un mes después, Ramón Mestre decretó –a instancias de los armadores porteños de Cambiemos- que las elecciones municipales irían pegadas a las provinciales. Este requisito, impuesto al radicalismo cordobés como condición necesaria para buscar la unidad de la alianza en las elecciones, no tuvo el deseado efecto de que Cambiemos concurriera a las urnas con una sola fórmula, pero si el efecto colateral de crear una transición municipal excepcionalmente larga.
En este contexto, la administración que encabeza Mestre deberá transitar sus últimos siete meses bajo la mirada atenta de un peronismo que quiere asegurarse no sólo un conocimiento detallado del funcionamiento del Palacio 6 de Julio, sino también de que las cuentas municipales no se desequilibren durante los últimos compases de la actual gestión y, en lo posible, que no se tomen decisiones que alteren el estado actual de las cosas, siempre que hacerlo no sea necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales que el municipio presta.
Parte de estos objetivos estarían asegurados por la ordenanza de transición, que fue sancionada en 2016 y surte efectos ahora por primera vez, dado el pase de mando entre Mestre y Martín Llaryora. Esta norma prevé la creación de una comisión de transición integrada por funcionarios de la actual gestión y representantes de la venidera.
Pero la comisión -que se constituirá tras la proclamación formal de las autoridades electas- tiene por fin que los integrantes de la próxima gestión entren al Palacio 6 de Julio con un claro conocimiento del estado de las cuentas municipales y de los mecanismos de gobierno, pero no otorgarles -claro está- injerencia en la toma de decisiones que puedan interferir con la actual gestión. De hecho, la única limitación que la ordenanza prevé para el Departamento Ejecutivo Municipal saliente es la inhibición de nombrar personal o realizar contrataciones superiores de determinado monto sin conformidad del Concejo Deliberante.
Sin embargo el peronismo cuenta con otros mecanismos para controlar a la gestión mestrista, y el principal de ellos es, sin duda, su bancada en el Legislativo municipal.
Desde allí Hacemos por Córdoba impulsa, junto al bloque unipersonal Pensando en Córdoba (Victoria Flores), un proyecto para requerir al Ejecutivo que remita la información necesaria para saber si desde el día de las elecciones (12 de mayo) se han autorizado nuevos ingresos de personal a la planta municipal.
Esta preocupación radicaría, según explicaron los ediles de la oposición, en que “se estaría acelerando la concreción de concursos con el objetivo de incorporar nuevo personal” incrementando la planta permanente del municipio y, por consiguiente, creando un aumento del gasto público futuro.
Pero este no es el único punto sobre el que el peronismo ha reparado. Semanas atrás los concejales de Hacemos por Córdoba Santiago Gómez y Pablo Ovejeros presentaron un proyecto para que se prorrogue el sorteo de chapas para taxis y remises hasta que se haya constituido la Comisión de Transición, para que el proceso pueda ser fiscalizado por este cuerpo.
Por otro lado, el la bancada justicialista también se opone a un proyecto del bloque Vamos –que fue respaldado por Juntos por Córdoba- para introducir modificaciones en el marco regulatorio del servicio de recolección de residuos. Los ediles del PJ entienden que no deberían hacerse modificaciones que pudieran redundar en un aumento en el costo del servicio.
Los primeros puntos de conflicto de la larga transición que el mestrismo deberá desandar hasta el 10 de diciembre han empezado a dibujarse y, por ahora, parecen coincidir con dos asuntos que ya han dado algunos dolores de cabeza a la actual gestión, como el servicio de recolección de residuos y el nuevo marco regulatorio para taxis y remises, y un problema endémico del municipio, como la planta de personal.



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