El protagonismo de la igualdad ante la ley

El juicio a la ex presidenta y la condena a un médico que se negó a practicar un aborto legal demuestran que, aún golpeada, la igualdad ante la ley mantiene su vigencia.



Por Javier Boher
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230 años es mucho tiempo. En la extensa historia de la humanidad representa una pizca, pero en lo que hace a la esperanza de vida de cualquier individuo es una eternidad. Esos son los años que nos separan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una de las piezas políticas más trascendentales para el ordenamiento político y social del mundo moderno.
La tradición liberal inaugurada por los revolucionarios franceses se desplegó por el mundo a partir de entonces, siendo la próxima celebración del 25 de Mayo y el Primer Gobierno Patrio un reflejo de cómo aquellas ideas alcanzaron estos pagos. Pese a que este país fue pensado y construido sobre esas bases, pocas veces es tan fácil verlo en acción como ayer mismo.
Dos eventos capturaron la atención de distintos sectores, por cuestiones absolutamente distintas entre sí, pero reflejando el mismo principio, presente en el artículo 6 de la Declaración: la ley “debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar”. El artículo 5 deja claro que es porque hay “acciones que son perjudiciales para la sociedad”.
El inicio del juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por direccionamiento de la obra pública fue quizás el más relevante de dichos eventos, por ser el que muchos esperaban después de la polémica de la semana pasada con el accionar de la Corte. El otro, menos visible, fue la condena a un médico que se negó a practicar un aborto legal.
Los dos procesos demuestran que la única construcción humana que nos puede igualar verdaderamente, aún golpeada, sobrevive defendiendo los derechos de los ciudadanos y resolviendo las disputas que pueden aparecer. Es que la ley permite que el débil se defienda ante el poderoso en defensa de los derechos de toda la comunidad.
Las causas fundadas en valores exceden los límites de lo legal y la defensa de las mismas es lo que empuja al cambio de las normas escritas. El mencionado artículo 6 ya establecía hace más de dos siglos que “la ley es expresión de la voluntad de la comunidad”. Lo que la sociedad demande será, a través de la acción de sus representantes, lo que se convierta en la ley bajo la cual se ordenarán las acciones de los individuos.
No hay dudas de que lo correcto siempre es materia de debate, por lo que también permanece atado a la contingencia y al devenir del pensamiento humano. Hoy están prohibidas las acciones por los que una ex presidenta debió sentarse en el banquillo de los acusados y un médico fue hallado culpable.
La condena al galeno que se negó a realizar el aborto legal (acción atacada por los sectores antiabortistas y celebrada por aquellos que defienden la interrupción legal del embarazo) es igual de válida que la que se realice por practicarlo. Si se condenara al médico imputado por realizar un aborto clandestino a una joven en Río Cuarto hace más de medio año, también estaría bien. La ley es clara respecto a cuándo se puede y cuándo no, así como la pena que corresponde en cada caso.
La ley entendida como mecanismo de protección de la comunidad es lo que garantiza la convivencia, es lo que permite exigir que se rindan cuentas o que se demande por una compensación. Las causas que la consideran injustas pueden motorizar su cambio, no ignorarla.
Por eso es tan importante que Cristina Kirchner se siente en el mismo lugar en el que se sientan aquellos que -por violar la ley- violan la confianza de la comunidad. Si es o no culpable lo deberá determinar la justicia, dejando en claro que la ex presidenta durante ocho años y actual senadora con mandato hasta 2023 está atada a la misma ley que todos los ciudadanos.
Finalmente, el artículo 4 establece que “la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”. Tanto en el accionar del médico como en aquel del que se acusa a la ex mandataria queda claro que se atentó contra terceros, que se vieron vulnerados en sus derechos y pueden exigir que se rindan cuentas.
Cuando las instituciones están golpeadas y los ciudadanos se desinflan pensando en su insignificancia determinando la cosa pública, este tipo de eventos sacan a flote los supuestos sobre los que se funda todo el orden liberal, que no es otra cosa que la defensa del bien común y la comunidad a través del resguardo de los derechos de los individuos.



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