Campaña K: democratización de la Justicia con esteroides

Intelectuales adictos a la ex mandataria plantean la necesidad de diseñar una nueva Constitución y la virtual supresión del Poder Judicial. El ex supremo Zaffaroni es de la partida

En enero, el senador Miguel Ángel Pichetto advirtió que en caso de volver al gobierno el kirchnerismo duro iría por una reforma de la Carta Magna, de corte “chavista”.
Con la campaña presidencial en estado embrionario, el pronóstico del peronista parecía exagerado, pero a principios de este mes el supuesto plan que impulsa la fuerza que lidera Cristina Fernández de Kirchner -esbozado en otras oportunidades por referentes del ala energúmena del espacio, como Luis D’Elía- fue blanqueado por El Manifiesto Argentino, el grupo de intelectuales que encabeza Mempo Giardinelli.
El colectivo reclamó “una nueva Constitución Popular” que incluya una “revolución judicial democrática”. En otras palabras, pidió la aniquilación del Judicial como poder del Estado y su reemplazo por lo que denominó un “servicio de Justicia”.
El emisario fue Giardinelli, entrevistado por el periodista Gustavo Sylvestre, en C5N. “En nuestra propuesta de nueva Constitución el punto central es la eliminación del Poder Judicial, para que haya un servicio judicial”, espetó, aclarando que sus pares no están interesados en una modificación normativa, sino en el diseño de una Carta Magna, desde cero, “que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste, se constituya en poder constituyente y elabore un nuevo pacto social”.
El ministro Germán Garavano no tardó en responder. Le atribuyó a la tropa de Unidad Ciudadana la intención de buscar poder hegemónico en un eventual próximo mandato. “El objetivo es generar un sistema político distinto, que la política acumule el 100 por ciento del poder, por eso tienen que destruir al Judicial. Es romper con la división de poderes”, acotó.
Aunque dijo lo que dijo, Giardinelli contraatacó argumentando que no planteó que desaparezca el Judicial. “Es un disparate que tomaron Garavano y todos sus trolls”, adujo.
En esa línea, reformuló su propuesta y alegó que el sistema judicial actual “es patriarcal, arcaico, colonial, corrupto, machista, además de inservible”.
En tanto, explicó cómo se debería implementar la “revolución judicial democrática” y valoró que es de “urgencia republicana inmediata” que el actual Poder Judicial “sea declarado en comisión” con un “hiato jurídico de entre seis y 18 meses” durante los cuales se creará “una nueva judicatura en todo el país y en todos los fueros”.
Paralelamente, detalló que la idea es que la nueva Corte se componga con al menos 9 miembros, elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables.
En síntesis, con Giardinelli como vocero, El Manifiesto Argentino reeditó la fallida “democratización de la Justicia”, pero con esteroides.
Pocos días después, el ex juez de la Máxima Instancia, Eugenio Zaffaroni, llamó también a crear una nueva Constitución.
Lo hizo tras participar del acto en el cual la ex mandataria presentó su libro y, casualmente, habló de la necesidad de suscribir otro “contrato social”.
El desprecio del kirchnerismo hacia el Poder Judicial es conocido y ahora, con el grueso de sus cuadros comprometidos en megacausas por corrupción, la estrategia es vapulearlo, con el gurú del abolicionismo en la línea de fuego.
Durante más de una década, la anterior administración se encargó de tejer una red de militantes en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios.
Ya en retirada, colocó a jueces, conjueces, defensores y fiscales en diferentes provincias.
Los más de 60 nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial mientras Fernández de Kirchner confrontaba con la Corte y exigía el alejamiento del ministro Carlos Fayt por su avanzada edad.
Justicia Legítima -el grupo que en su primera reunión, tal como narró espantado el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, Carlos Rívolo, propició en un panel la idea de que la Corte “tenía que acompañar con sus fallos al Gobierno”- fue la fuerza de choque a la que se le encomendó la difusión y la defensa de una de las tantas cruzadas en las que el kirchnerismo embarcó a la sociedad argentina: la denominada “democratización de la Justicia”.
En el 2012, presentó el proyecto de ley que, entre otros objetivos, apuntaba a politizar el Consejo de la Magistratura.
Finalmente, la reforma quedó trunca tras un fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos.
Al abrir el año judicial, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, reconoció que la credibilidad de la Justicia está en crisis.
El supremo fijó como premisas excluir dogmas, respetar reglas y decidir según principios “aunque el resultado sea impopular o antipático”.
Además, lejos de reclamar influencia, se centró en el desempeño de los magistrados: les recordó que son meros servidores públicos; les pidió que dejen de lado “estridencias y personalismos”; les exigió que se comporten como “verdaderos jueces de una democracia republicana” y que sean “refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza” que no sea el de “realizar el imperio del derecho”.
El claro llamado del ministro tendiente a mejorar la Administración de Justicia y a respetar la Constitución vigente no generó la reflexión de los pensadores del kirchnerismo, más inclinados a aplaudir despliegues de fuerza como el que llevó a cabo Fernández de Kirchner en diciembre de 2009, cuando usó un festival en la Plaza de Mayo para amedrentar a los jueces que no sentenciaron según era su deseo, en contra de Clarín, por la Ley de Medios, o cuando en diciembre de 2012, tras la absolución de los acusados por el caso Marita Verón (que la Corte tucumana luego revocó), destazó a los integrantes del tribunal de juicio y disparó: “Si hay plata en el medio no les importa nada”.



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