Pese a fallos adversos, Arroyito insiste con “descanso dominical”

En noviembre de 2017, mientras en Santa Fe la causa por el polémico “descanso dominical” seguía trabada en la Corte provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se pronunció a favor de un supermercado de Arroyito y determinó que los municipios carecen de competencia para regular sobre la jornada de trabajo.
El fallo sentó un precedente importante al considerar inconstitucional la ordenanza que la comuna dictó en 2014, estableciendo la obligatoriedad de aquel receso.
Lo hizo al darle curso a la acción declarativa que promovió el dueño de uno de los comercios de la ciudad, quien alegó que la norma violaba derechos adquiridos vinculados con el desarrollo de la iniciativa privada; concretamente, trabajar y comerciar.
La Máxima Instancia local sostuvo que la comuna se extralimitó e invadió la esfera de competencia reservada al Congreso Nacional.
Un mes después de que el TSJ resolviera el caso, la Corte santafesina hizo lo propio y también declaró la invalidez de la ley de descanso dominical.
Fue a través del voto del integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Abraham Luis Vargas, elegido por sorteo para desempatar las voluntades de los seis miembros del Alto Cuerpo.
Así, habilitó a los supermercados para abrir sus puertas los domingos.
El año pasado, el “descanso dominical” recibió un nuevo revés, cuando la Corte de Santa Fe rechazó el recurso extraordinario presentado por el gobierno de la jurisdicción, el municipio rosarino y el gremio Empleados de Comercio.
Aunque ya hay fallos adversos, Arroyito no desiste y llevó el caso a la Máxima Instancia nacional, que fijó una audiencia pública para el 3 de julio en el marco del expediente “Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.
Asimismo, estableció pazo hasta el lunes 20 de este mes la presentación de amigos del tribunal, a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico.
En esas actuaciones, Arroyito cuestionó el decisorio dictado por el TSJ mediante un recurso extraordinario que, denegado, motivó la interposición de una queja.

Polémica
A mediados de 2016 comenzó a regir en Rosario la polémica ley que obligaba a las grandes tiendas a cerrar sus puertas los domingos, una legislación impulsada por el gremio mercantil que se aprobó en diciembre del 2014 a instancias del socialismo, como marco general.
La Municipalidad de Rosario adhirió y comenzó a aplicar multas.
Como era previsible, la medida generó resistencia y el caso llegó ante la Corte santafesina, que admitió la queja presentada por el gobierno de Miguel Lifschitz y el municipio de Rosario en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de aquella ciudad, que declaró que la manda no es válida.
Coto y Carrefour habían recibido un fallo adverso en primera instancia, pero luego la Alzada les otorgó una cautelar que les permitió trabajar con normalidad.
No obstante, como la Corte acogió el recurso promovido por la Provincia y la Municipalidad su giro volvió a paralizarse.
La definición de la madre de las batallas judiciales que se entablaron en la jurisdicción se demoró porque hubo un empate en el Alto Cuerpo. Mientras tres ministros consideraron que era constitucional, sus tres colegas estimaron que no lo era. Esa paridad fue quebrada por el camarista Vargas.
En general, los empresarios argumentan que la legislación atenta en contra del empleo y que les hace perder clientela.
La crítica central que Coto y Carrefour plantearon ante el Poder Judicial es que la norma avanzó sobre la regulación de la jornada de trabajo.
En su momento, cuando la Cámara rosarina les dio la razón, expresó que el núcleo del asunto, por más que se lo disimulara detrás de la regulación de la apertura y cierre de negocios, es materia de derecho laboral de fondo, lo cual implicaba una clara extralimitación de lo normado en forma uniforme para todo el territorio argentino en las leyes 18.204, 20.744 y 21.397.
La entrada en vigencia del “descanso dominical” tuvo efecto contagio y a pocos días de su implementación en Rosario comenzó a debatirse la posibilidad de sancionar una manda similar para Córdoba.
El tema dividió las aguas al instante. Desde la Cámara de Comercio pidieron abrir una mesa de diálogo plural para su discusión. La entidad manifestó que la idea de prohibir que haya actividad los domingos carecía de sustento.
Paralelamente, alertó sobre los riesgos a analizar, como la disminución del salario para los dependientes que prefieren prestar servicios esos días, para cobrar doble o recibir comisiones.
En la misma línea, se resaltó el impacto que podría tener en las ciudades turísticas y se alegó que aunque el cierre de comercios los domingo en pos del descanso y de la recuperación de otros valores son cuestiones que no se discuten conceptualmente, no se trata de un tema simple.
También alertó sobre la inconveniencia de generalizar para todo el mercado de comercio y servicios, ya que las variables que impactan en el desarrollo del sector (y en los propios empleados) son numerosas.
Por su parte, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec) se manifestó a favor y aseguró que no provocaría despidos ni caída en las ventas.
La propuesta no tuvo eco a nivel legislativo.