Luz verde para bravuconadas en Twitter

Mientras abundan arengas a la venganza en contra de votantes de Cambiemos, un juez federal sobreseyó a imputados por publicar “Macri, te vamos a matar”. Causas similares podrían correr la misma suerte.



Cuando se trata de expresar afinidades o aversiones políticas, Twitter arropa a los usuarios de redes sociales más beligerantes y casi todo está permitido.
Recientemente, el productor de radio, profesor de la UTN de Córdoba y escritor Carlos Busqued fue blanco de críticas y de festejos, en igual proporción, por sus publicaciones arengando a poner en marcha mecanismos de venganza en contra de los votantes de Cambiemos una vez que, según presagia, la coalición gobernante sea derrotada.
Busqued, chaqueño de nacimiento, radicado en la ciudad durante largo tiempo y relocalizado en Buenos Aires gracias al éxito de su primer libro, Bajo este sol tremendo, dio rienda suelta a su descontento con la actual Administración compartiendo ideas para poner en marcha represalias.
“Cualquiera sea el grado de revanchismo que se elija, será poco”, disparó hace un par de días. Horas después, posteó: “Olajá que fallezca de causas naturales toda la gente que votó a Macri antes de octubre”.
Para no dejar dudas de que la militancia del odio es lo suyo, a continuación se jactó de haber recibido cuestionamientos de “una macrista con tremendas tetas” y aseguró que era la primera vez que veía “algo rescatable en ese colectivo de bestias repulsivas”.
En el mismo tono, la semana pasada le propuso a sus seguidores hacer un convenio en “una nueva Unasur” y mandar a “nuestros macristas” a campos de trabajos forzados en Venezuela.
Un autor que apela a la agresión en contra de quienes no comulgan con sus ideas y sugiere castigos como herramienta para llamar la atención y promocionarse no genera mayor alarma, pero las constantes amenazas a referentes del Gobierno motivaron la instrucción de causas judiciales que, a juzgar por el criterio que expuso ayer el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi, se encaminan al archivo.
El sentenciante sobreseyó a cuatro usuarios de Twitter que, en su momento, quedaron imputados por compartir la sentencia “Macri, te vamos a matar”, al concluir que no hubo delito ni intención de amenazar al presidente cuando la reprodujeron en sus respectivas cuentas.
“En el marco de las presentes actuaciones se encuentra debidamente demostrada la falta de entidad de las frases de corte amenazante que fueron publicadas”, argumentó.
Para el juez, Ignacio Izaguirre, Vanesa Lofeudo, Carla Latorre y Juan José Ortega no tuvieron la finalidad de anunciar un mal real o posible contra la figura del mandatario, sino que se manifestaron en contra de “ciertas circunstancias” que acontecieron durante su gestión.
En esa línea, opinó que las publicaciones de los encausados fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva” que forman parte de una modalidad de exponer “su repudio contra ciertas políticas”.
Así, descartó intencionalidad de provocar temor público, tumultos, desórdenes o de lastimar o de poner en peligro la integridad física del presidente.
Según plantearon en su defensa los ahora ex imputados, difundieron el Twitt “Macri te vamos a matar” como “señal de apoyo” al usuario que lo redactó.
También sostuvieron que actuaron así por “solidaridad” y algunos dijeron que se trató de un simple “canto de cancha”.
Martínez de Giorgi tiene a cargo actuaciones por hechos similares. Se trata de una pesquisa que comenzó hace un año, luego de que la cuenta “Vengador Fantasma”, del usuario @poeta_nestor, le escribiera a Macri, vía Twitter. “Voy a matar uno por uno de tu familia”.
El individuo también amenazó con ponerle una bomba a Elisa Carrió y calificó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como “prostituta”.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich tampoco se salvó. Recibió un mensaje con una foto de cinco cartuchos de escopeta con la leyenda “esto tengo para vos”.
Córdoba tuvo su capítulo local con publicaciones alentando a la violencia en la red social del pajarito.
En plena trama “Maldonado”, a principios de septiembre de 2017, el fiscal Enrique Senestrari procedió ante una denuncia presentada por Gendarmería Nacional y ordenó la detención de un universitario cordobés de 23 años que llamó a “salir a matar” a efectivos de esa fuerza hasta que apareciera el tatuador.
En ese contexto, ordenó la detención del joven por la presunta comisión del delito de incitación a la violencia colectiva, pero lo liberó rápidamente,
Al promover la excarcelación, la defensora oficial Mercedes Crespi manifestó que el arresto implicó “un uso excesivo del poder punitivo del Estado”.
Mientras subía el tono de la polémica por el uso político de la causa la abogada no se privó de bajar línea. “Me pregunto que hacía Gendarmería investigando y denunciando lo que se dice del caso en las redes en lugar de estar buscando a Maldonado”, adujo.
Mientras Crespi ventilaba sus opiniones sobre la pesquisa que se desarrolla en la Patagonia se difundía el informe que la fiscal de Esquel, Silvina Avila, le envió al Ministerio de Justicia, en el cual expuso que no podía incriminar a la Gendarmería. La investigadora, quien en su momento insistió -y logró- que el primer juez del caso, Guido Otranto, caratulara las actuaciones como “desaparición forzada”, señaló que no había motivos para afirmar que el tatuador estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad.
Además, describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en la localización.
Casi dos meses después, el cuerpo de Santiago Maldonado fue hallado en el río Chubut, en donde estuvo siempre, según concluyó el magistrado que relevó a Otranto, Gustavo Lleral, al cerrar la pesquisa, en noviembre del año pasado.



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