Zaffaroni acude en defensa de delincuente de alta gama

El ex supremo y actual integrante de la CIDH explora la militancia judicial. Intervendrá en el proceso de apelación de las condenas por “Ciccone”

fEl ex ministro de la Máxima Instancia entre 2003 y 2014 y actual juez de la CIDH, Eugenio Zaffaroni, sigue denostando la lucha en contra de la corrupción en el país.
Esta semana acudió en defensa de uno de los tantos delincuentes de alta gama que operó durante el anterior Gobierno: Amado Boudou.
Zaffaroni será “amigo del tribunal” en el proceso de apelación de las condenas dictadas en “Ciccone”, que se tramita ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En el marco de aquel caso, el ex segundo de Cristina Fernández de Kirchner fue responsabilizado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y se le impuso la pena de cinco años y 10 meses de prisión.
El gurú del abolicionismo pidió con éxito ser aceptado en el expediente, en su carácter de profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa.
Al hacer su planteo, alegó que el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal Número 5 es arbitrario y solicitó que sea anulado.
La Sala IV de la Casación hizo lugar a su pretensión argumentando que expuso “consideraciones jurídico-penales de relevancia para la resolución del caso”.
Además, sostuvo que ofreció «elementos de análisis jurídico que podrían aportar mayor luz sobre lo actuado”. Paralelamente, adujo que aunque admitió que conoce a Boudou la relación que los une no compromete su opinión.
La decisión generó indignación y se reeditaron los pedidos para que sea apartado de la CIDH.

Cuadernos
Tras protagonizar varios episodios bochornosos, las primeras novedades de la trama de corrupción plasmada en los cuadernos que escribió durante años el ex chofer del hombre del confianza de Julio De Vido motivó declaraciones de Zaffaroni que le valieron una catarata de críticas.
El jurista, confeso detractor de la actual Administración, fue lapidario con la figura del arrepentido y dijo que le resultaba “repugnante” porque “siempre premia al más perverso”.
Al igual que la tropa disciplinada que comparte sus extravagantes lecturas de los sucesos de la vida nacional, vinculó las novedades de la mega pesquisa por sobornos a la supuesta intención del Gobierno de “tapar algo”.
El santo patrono de Justicia Legítima no pierde oportunidad para militar. En enero de 2018 pronosticó que Mauricio Macri no cumpliría su mandato y manifestó su “deseo personal” de que se fuera lo “antes posible”.
Tanta desmesura tuvo repercusiones. El ministro de Justicia Germán Garavano se refirió a sus afirmaciones como “desafortunadas” y “antidemocráticas” y valoró que debería renunciar a la CIDH.
Por su parte, el diputado nacional por la UCR y titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri, consideró que invitó a desestabilizar al Gobierno.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también tomó partido. Histórico detractor de Zaffaroni -en el 2003 impugnó su candidatura a la Corte- señaló que excedió el ámbito de la libertad de expresión y opinión y que envió un mensaje contrario a la democracia y a los valores republicanos.
A su vez, juzgó que el magistrado procede en franca contradicción con las cualidades de independencia e imparcialidad que el sistema interamericano de derechos humanos le exige a sus miembros y, una vez más, le reclamó al organismo que lo remueva.
En noviembre del año pasado Zaffaroni estuvo en la ciudad para declamar en la denominada “Conferencia Magistral: Fascismos, Estado democrático y Derechos Humanos”, organizada por el Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Justicia Legítima Córdoba, entre otros.
La difusión del encuentro en las páginas de redes sociales enfocadas en los jóvenes profesionales del derecho suscitó controversia. En general, los abogados del foro local que dan sus primeros pasos cuestionaron la autoridad moral del ex ministro de la Corte -quien actuó como juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y no otorgó hábeas corpus que hubieran permitido salvar vidas- y se mofaron de la elección de la locación para su disertación: el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela.
El magistrado desembarcó en Córdoba horas después de hablar sobre la situación procesal del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Entrevistado por Radio Caput, dando por hecho que Lula es un preso político y no un político preso, afirmó que tendría que haberse “exiliado” para evitar ser detenido. “Se tendría que haber escapado como hizo Perón”, disparó, rifando el escaso prestigio que le queda.
El comportamiento indecoroso de Zaffaroni y su constante intromisión en asuntos de política interna argentina y de otros países de América Latina es moneda corriente.
A medida que pasa el tiempo, su proceder le da mayor sustento al punto de vista de la Asociación Civil Usina de Justicia -fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest- que en julio del 2016 impugnó su cargo ante la CIDH.
Con las firmas de Cohen Agrest y César Mayer, la ONG incluyó en la nota que presentó ante la Corte Interamericana una extensa enumeración de las actividades irregulares del jurista.
Entre otras conductas reñidas con la honorabilidad que le impone su función, citó que despliega una intensa actividad partidaria y militante tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina y que actúa en forma ostensible como asesor legal particular de la ex mandataria.
En esa línea, consideró que la violación de los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad por parte del penalista afectan a la CIDH y le solicitó que le recomiende su exclusión a la Asamblea General de la OEA.
Hasta ahora, no obtuvo respuestas.



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