Tecnologías del siglo XXI en manos de políticos del siglo XX

Los cambios tecnológicos van a un ritmo mayor que al que pueden actuar los legisladores y los jueces, que exhiben una alarmante ambigüedad a la hora de entender las nuevas tecnologías.



Por Javier Boher
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Es difícil entender la relación de los argentinos con la tecnología. El vínculo está atado a la ciclotimia, a las marchas y retrocesos de gente que alterna sus deseos de vivir en el siglo XXI con los temores propios de las mentes de mediados del siglo XX.

La irrupción de internet a través de su vehículo predilecto, los smartphones, hacen dudar de todo lo que se conoce hasta ahora. La industria del libro, la prensa escrita, las empresas telefónicas o los correos se plantean oscuros escenarios a futuro, que los empujan a la necesidad de adaptarse o perecer.

Las relaciones sociales de diverso tipo también se ven transformadas por estas tecnologías. Hoy hay nuevas formas de conocer gente, que conllevan nuevos riesgos a la integridad física. Hay nuevas formas de trabajo, como la red LinkedIn, la que hace un mes sorprendió a Sergio Massa y lo llevó a crearse una cuenta en la que exhibir una vida trabajando en el sector público.

Lo que cambió, además de la forma de mostrarse, es la forma de trabajar, que plantea nuevas situaciones que desafían a las leyes vigentes y se transforman a mayor velocidad que la capacidad de legislar al respecto. Esos cambios son los que más miedo generan en funcionarios que -como los judiciales- hasta hace poco renegaban de tener que abandonar los archivos en papel.

La prohibición que se concretó en la Ciudad de Buenos Aires para las empresas de cadetería que están tan de moda (Rappi, Glovo o Pedidos Ya) ha vuelto a enfrentar a los legisladores cordobeses a una realidad que sigue avanzando por las calles de la Docta.

La decisión del juez Gallardo refleja que el primer reflejo de los que no aceptan los cambios es la prohibición, el más rápido pero el más insatisfactorio: atenta contra la fuente de trabajo de muchas personas que en un contexto de aumento de la desocupación y la pobreza no pueden encontrar otros medios para generar ingresos, a la vez que privan a los consumidores de productos con los que satisfacer sus necesidades.

Esa fobia a la tecnología que exhiben jueces y legisladores -que combina algo de pereza a la hora de mostrar creatividad para resolver adecuadamente los problemas- va en sentido contrario a la libertad que facilitan internet y los smartphones. Es como si a cada innovación empresaria los burócratas debieran buscar de qué manera refutarla desde argumentos del siglo pasado, en vez de buscar nuevos argumentos propios de estos tiempos.

Por supuesto que hay excepciones que pretenden encontrar la forma de preservar la integridad física de los trabajadores, las fuentes de trabajo, el consumo de los usuarios y las ganancias de las empresas, pero son minoritarias. Además, la mayoría sólo se enfoca en dos cuestiones principales, cómo cobrar impuestos y cómo darles representación gremial, dos de los mayores lastres para hacer funcionar la economía argentina.

En esa relación absurda con la tecnología, los mismos que quieren poner frenos al desarrollo de emprendimientos virtuales son los que alientan la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial, como ya aprobó la ciudad de Buenos Aires y como piden algunos candidatos a intendente de la ciudad.

Es inexplicable que la tecnología sea un demonio explotador cuando se trata de acercar a las personas, pero una luz de esperanza en la lucha contra la inseguridad al retirar a todos los ciudadanos del anonimato garantizado por ley.

Esa dicotomía en lo que plantean los legisladores no es en absoluto ridícula, sino que se explica en el profundo desconocimiento de las nuevas tecnologías, sus potencialidades y sus limitaciones. Olvidan las garantías constitucionales y amplifican los atributos que les corresponden como representantes de los ciudadanos.

Los cambios sociales no pueden ser comprendidos por políticos que no están atados a los imprevistos del mercado laboral inestable, a la competencia desigual de nuevos actores económicos o a los tiránicos tiempos de la renovación que obligan a reinventarse para no quedar fuera del sistema.

Resta esperar que la sensatez alcance a la clase política, que se oriente pensando en el bienestar de la gente y no en la demagogia de los que no conocen sobre la tecnología ni la necesitan para llevar a su casa algo de los pocos pesos que se ven dando vueltas en las calles.



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